Hace dos años, en Octubre de 2007, la Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol propusimos a nuestro a abogado, Jose Ortega, la posibilidad de crear una federación de asociaciones de afectados por la Ley de Costas.
Éramos conscientes de que luchando individualmente, caso a caso, ni éramos visibles como un gran problema que afectaba a miles de ciudadanos de este país, ni teníamos la mas mínima posibilidad frente a una serie de fanatizados funcionarios de Costas para los que el derecho legítimo de propiedad debía supeditarse a los intereses del Estado, y ellos decidían cuales eran esos intereses. Su arrogancia y desprecio por los afectados en cada caso era tal que mas parecía que vivíamos aun en el régimen totalitario anterior, que en una sociedad en donde los derechos individuales son el valor esencial. Estos colectivistas eran, y son aun, los residuos franquistas (o estalinistas que para el caso es lo mismo) que subsisten en esta sociedad.
La dificultad de crear una Federación con casos de afectados de toda España estribaba en que ninguno nos conocíamos. No había ninguna vía de contacto establecida entre afectados de Canarias , de Valencia, de Castellón, de Galicia , de Cantabria o de Alicante. Sin embargo “nuestro” abogado llevaba casos de toda España, por lo que acudimos a el para poner en marcha esta iniciativa. En nuestra propuesta original planteábamos que las asociaciones que nos uniéramos para defendernos conjuntamente ante Costas, siguiendo el conocido principio de lucha de la “unión hace la fuerza”, tenían que cumplir una serie de requisitos:
1º) Ser casos en donde la Ley de Costas se hubiera aplicado con carácter retroactivo, de manera arbitraria e injusta.
2º) Que no se admitieran casos de evidente abuso urbanístico por parte de los constructores (recordando que la mayor parte de la construcción en la Costa se ha hecho después de 1988).
3º) Que entendieran los afectados que no nos oponíamos a que exista y se aplique una Ley de Costas que proteja el territorio y medio ambiente, pero que debía hacerse respetando el derecho a que se reconozca las propiedad legales anteriores y se compensase adecuadamente por la pérdida de las mismas a los ciudadanos afectados.
De esta forma diversos casos de toda España, organizados a través de Jose Ortega, nos pusimos en contacto y acabamos constituyendo la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC).En estos dos años, la PNALC, ha tenido un protagonismo fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos afectados por la Ley de Costas de 1988:
· En este período presentó ante el parlamento europeo un informe sobre la aplicación de la Ley de costas en España en febrero de 2008, preparado por Jose Ortega, que dio lugar a parte del posterior informe “Auken”, que aprobado por el parlamento europeo en febrero de 2009, condena a España por su falta de respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos.
· La PNALC, se enfrentó al núcleo mas duro del Ministerio de Medio Ambiente denunciando ante la opinión pública la serie de arbitrariedades que se estaban cometiendo enviando masivamente nuevos deslindes sin apenas tiempo para organizar la defensa de los propietarios afectados, lo que acabó con la escasa credibilidad de estos funcionarios y responsables políticos y llevó a la salida precipitada de algunos de ellos de esas responsabilidades.
· Gracias al trabajo de la PNALC el Ministerio introdujo una pequeña modificación que permitirá la venta de las concesiones para aquellos casos en que esta sea la solución mas adecuada de sus derechos.
· La PNALC se ha constituido así en la última línea de defensa ante los abusos de Costas frente a los derechos legítimos de los ciudadanos de toda Europa que compraron propiedades legales en España y ahora observan como se las convierten en concesiones, rescatables por sumar irrisorias en cualquier momento.
Una asociación o plataforma de casos tan diversos siempre tiene algunas tensiones y ajustes que realizar para ser plenamente operativa. Esta también lo ha tenido. En la actualidad algunos personajes que pertenecieron a la misma, están llevando a cabo una campaña de desprestigio de la propia PNALC y sobre todo del abogado, que todo lo expuso para crearla, que abochorna por las mentiras que son capaces de difundir. En realidad son los mejores aliados de Costas. En este caso podemos aplicar el dicho de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Estas personas son las amigas de Costas al atacar a su mayor enemigo, la PNALC y el propio Jose Ortega, al que se le considera casi un apestado por parte de Costas, llegando incluso sus responsables a negarse a recibirlo y poner cada vez mas trabas a su trabajo legal. Estas personas que difaman a los miembros de la PNALC en realidad no han tenido mas iniciativa en estos meses que atacar a la Plataforma y a su organizador / fundador, haciendo un trabajo sucio e impagable para la propia Costas. Esperamos que al menos “lo suyo” se lo hayan podido apañar, aunque deberían recordar aquello de que Roma no paga a los traidores.
Sin embargo el trabajo de la PNALC continua. Actualmente hemos elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Costas para pedir que se someta al parlamento español. Esta reforma intenta preservar la defensa de la costa pero haciendo compatible dicha defensa con el respeto a los derechos adquiridos y en su caso con la obligación de compensar con justicia a los particulares por la perdida de sus propiedades. Además hemos iniciado una campaña de recogida de firmas para plantear dicha modificación de la Ley de Costas que llevaremos al parlamento español y al europeo. Hemos iniciado contactos y propuesto soluciones adecuadas a los diferentes partidos políticos como puede ser la creación de una Comisión Mixta que examine caso por caso los que se encuentran en la Plataforma y elabore una propuesta de soluciones. Al calor del informe Auken otras asociaciones, en este caso de negocios particulares (chiringuitos, explotaciones agrícolas etc) de han organizado y defienden ante Costas con fuerza, abriendo nuevos frentes y debates acerca de la validez de dicha ley en un Estado respetuoso y compatible con los derechos de los ciudadanos europeos.
No queda mas que felicitarnos y felicitarse de que los ciudadanos de este País por una vez se organicen al margen de las consignas de partidos políticos, en un movimiento ciudadano que, defendiendo sus justos derechos, haga ver al Estado que la impunidad y abuso en sus actuaciones tiene límites y opositores. En este caso es la PNALC.
Alfredo Masó
Miembro de la PNALC
viernes, 2 de octubre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
lunes, 3 de agosto de 2009
Información del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino sobre el acceso a los expedientes de deslindes.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. GABINETE DE PRENSA.
Información del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino sobre el acceso a los expedientes de deslindes.
Información del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino sobre el acceso a los expedientes de deslindes.
Madrid, 30 de julio de 2009
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en relación con las informaciones aparecidas sobre el acceso a la información de los expedientes de deslindes se ve obligado a precisar:
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en ninguna ocasión ha negado información relativa a los procedimientos de deslinde que tramita a ningún ciudadano con derecho a obtenerla.+MARM.jpg)
Como no puede ser de otro modo, la Administración es consciente deque, con respecto a los procedimientos que se hallan en tramitación, elartículo 35 de la Ley 30/1992, enumera los derechos de los ciudadanosen su relaciones con las Administraciones Públicas. Entre éstos, el apartado a) recoge el derecho “a conocer, en cualquier momento, elestado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado, y a obtener copias de documentos contenidosen ellos”. Ahora bien, en tanto que la Ley restringe este derecho a quienes tengan la condición de interesados en los procedimientos, y para tener acceso a todos los documentos contenidos en un expediente es necesario garantizar que tal condición se acredita fehacientemente, de lo contrario, simplemente se estaría incumpliendola norma.
Es de señalar, en este sentido que, en algunos casos, por ejemplo, la Administración se ha visto obligada a solicitar del abogado representantela aportación de la escritura de apoderamiento debidamente diligenciada cuando por éste se pide acceder a la documentación.
Resulta sorprendente que un letrado comparezca ante la Administración representando, supuestamente, a un interesado en un procedimiento, sin acreditar, sin embargo, dicha representación.
Asimismo, el artículo 37 de la misma Ley reconoce a los ciudadanos el derecho a “acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan aprocedimientos terminados en la fecha de la solicitud”. Tras reconocer tal derecho, la Ley añade dos importantes salvedadesesenciales, a saber:
• La primera (artículo 37.3) se refiere a la protección de los datos que pueden hacer referencia a la intimidad de las personas (algunos datos de esta naturaleza figuran en los expedientes, por ejemplo, el domicilio o el teléfono de todos los afectados, que no tienen por qué ser sometidos a conocimiento público, en tanto se trata de datos de carácter personal y, por ello, protegidos). Por otra parte, incluso podría acusarse a la Administración, si se suministraran sin más esos datos a cualquier persona que solicitase el examen de un expediente y, más aún, a un profesional del derecho en ejercicio, de estar favoreciendo algún interés mercantilista o económico, lo que podría incluso chocarcon la defensa del interés general a que la Administración está siempre obligada, porque es lo que la justifica como organización.+MARM.jpg)
• La segunda, prevista en el apartado 7 del mismo artículo, prevé que el derecho de acceso a la información contenida en los archivos administrativos debe ser ejercido por los particulares sinque se vea afectada la eficacia de los servicios públicos, por ello prevé la Ley 30/1992 que debe, a tal fin, formularse petición individualizada de los documentos que se desee consultar, excluyendo la posibilidad de atender solicitudes genéricas.
De las afirmaciones y comentarios publicados puede inferirse que quienlos realiza, parece pretender obtener un trato de favor y diferenciado deldispensado al resto de los ciudadanos en sus relaciones con lasAdministraciones Públicas, buscando que el personal al servicio de éstasvulnere la normativa vigente para favorecer sus propios intereses, algo alo que la Administración sencillamente no se puede prestar.
Ello sin perjuicio de que, cualquier letrado, acreditando la representación con la que actúa y respetando la legislación vigente tendrá, por supuesto, derecho a examinar cualquiera de los expedientes en los que susrepresentados tengan la condición de interesados.
Por otra parte, las manifestaciones en el sentido de que “la concesión es el paso anterior al derribo sin indemnización” son completamente inadmisibles. Estas afirmaciones son falaces, inciertas y no secorresponden con lo que regula la Ley de Costas ni, obviamente, con la actuación del MARM en aplicación de esta ley.
Precisamente el otorgamiento de la concesión es lo que posibilita seguir disfrutando de las viviendas afectadas por un deslinde del Dominio Público Marítimo Terreste.+MARM.jpg)
Tampoco se debe confundir la situación de los afectados por la servidumbre de protección, en la que los titulares conservan su derecho a la propiedad, con la de los afectados por el deslinde de este Dominio Público. En este sentido, resulta condenable el interés por inducir a error y confusión a los afectados, sin distinguir las diferentes situaciones de cada uno de ellos para crear un clima de crispación general que no obedece a situaciones reales.
En definitiva, los afectados por un expediente de deslinde, para conocer con exactitud la situación concreta y particular que les afecta, deben dirigirse a la Administración de la que obtendrán información veraz, de primera mano y absolutamente personalizada, para poder actuar en consecuencia.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en ninguna ocasión ha negado información relativa a los procedimientos de deslinde que tramita a ningún ciudadano con derecho a obtenerla.
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Como no puede ser de otro modo, la Administración es consciente deque, con respecto a los procedimientos que se hallan en tramitación, elartículo 35 de la Ley 30/1992, enumera los derechos de los ciudadanosen su relaciones con las Administraciones Públicas. Entre éstos, el apartado a) recoge el derecho “a conocer, en cualquier momento, elestado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado, y a obtener copias de documentos contenidosen ellos”. Ahora bien, en tanto que la Ley restringe este derecho a quienes tengan la condición de interesados en los procedimientos, y para tener acceso a todos los documentos contenidos en un expediente es necesario garantizar que tal condición se acredita fehacientemente, de lo contrario, simplemente se estaría incumpliendola norma.
Es de señalar, en este sentido que, en algunos casos, por ejemplo, la Administración se ha visto obligada a solicitar del abogado representantela aportación de la escritura de apoderamiento debidamente diligenciada cuando por éste se pide acceder a la documentación.
Resulta sorprendente que un letrado comparezca ante la Administración representando, supuestamente, a un interesado en un procedimiento, sin acreditar, sin embargo, dicha representación.
Asimismo, el artículo 37 de la misma Ley reconoce a los ciudadanos el derecho a “acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan aprocedimientos terminados en la fecha de la solicitud”. Tras reconocer tal derecho, la Ley añade dos importantes salvedadesesenciales, a saber:
• La primera (artículo 37.3) se refiere a la protección de los datos que pueden hacer referencia a la intimidad de las personas (algunos datos de esta naturaleza figuran en los expedientes, por ejemplo, el domicilio o el teléfono de todos los afectados, que no tienen por qué ser sometidos a conocimiento público, en tanto se trata de datos de carácter personal y, por ello, protegidos). Por otra parte, incluso podría acusarse a la Administración, si se suministraran sin más esos datos a cualquier persona que solicitase el examen de un expediente y, más aún, a un profesional del derecho en ejercicio, de estar favoreciendo algún interés mercantilista o económico, lo que podría incluso chocarcon la defensa del interés general a que la Administración está siempre obligada, porque es lo que la justifica como organización.
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• La segunda, prevista en el apartado 7 del mismo artículo, prevé que el derecho de acceso a la información contenida en los archivos administrativos debe ser ejercido por los particulares sinque se vea afectada la eficacia de los servicios públicos, por ello prevé la Ley 30/1992 que debe, a tal fin, formularse petición individualizada de los documentos que se desee consultar, excluyendo la posibilidad de atender solicitudes genéricas.
De las afirmaciones y comentarios publicados puede inferirse que quienlos realiza, parece pretender obtener un trato de favor y diferenciado deldispensado al resto de los ciudadanos en sus relaciones con lasAdministraciones Públicas, buscando que el personal al servicio de éstasvulnere la normativa vigente para favorecer sus propios intereses, algo alo que la Administración sencillamente no se puede prestar.
Ello sin perjuicio de que, cualquier letrado, acreditando la representación con la que actúa y respetando la legislación vigente tendrá, por supuesto, derecho a examinar cualquiera de los expedientes en los que susrepresentados tengan la condición de interesados.
Por otra parte, las manifestaciones en el sentido de que “la concesión es el paso anterior al derribo sin indemnización” son completamente inadmisibles. Estas afirmaciones son falaces, inciertas y no secorresponden con lo que regula la Ley de Costas ni, obviamente, con la actuación del MARM en aplicación de esta ley.
Precisamente el otorgamiento de la concesión es lo que posibilita seguir disfrutando de las viviendas afectadas por un deslinde del Dominio Público Marítimo Terreste.
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Tampoco se debe confundir la situación de los afectados por la servidumbre de protección, en la que los titulares conservan su derecho a la propiedad, con la de los afectados por el deslinde de este Dominio Público. En este sentido, resulta condenable el interés por inducir a error y confusión a los afectados, sin distinguir las diferentes situaciones de cada uno de ellos para crear un clima de crispación general que no obedece a situaciones reales.
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En definitiva, los afectados por un expediente de deslinde, para conocer con exactitud la situación concreta y particular que les afecta, deben dirigirse a la Administración de la que obtendrán información veraz, de primera mano y absolutamente personalizada, para poder actuar en consecuencia.
jueves, 4 de junio de 2009
“Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”
LA MONCLOA
Revista de Prensa Internacional
martes, 19 de mayo de 2009
SECTOR INMOBILIARIO
BBC NEWS ONLINE (Reino Unido) “Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”
“El Parlamento europeo ha pedido a España que reforme las leyes de urbanismo que han permitido a las promotoras inmobiliarias adquirir terrenos privados por debajo de su precio de mercado y ha obligado a los propietarios a dejar sus casas, con algunos de ellos incluso viendo sus casas derribadas. Pero el conflicto pone de manifiesto el alcance del poder de los parlamentarios europeos, informa Stephen Chittenden”.
“Asediado por las quejas, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo llevó a cabo una investigación sobre las supuestas prácticas sospechosas. En esta investigación se averiguó que en algunas regiones españolas, las autoridades de urbanismo han estado rediseñando terrenos privados para uso urbanístico y sellando solicitudes de planificación presentadas por promotores. Los promotores podían posteriormente exigir a los propietarios que vendieran sus casas por debajo de su precio de mercado. Si se negaban a vender, se arriesgaban a que derribaran sus casas.
El informe del comité apelaba a España a proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero mientras los eurodiputados pueden utilizar sus poderes de persuasión, no pueden obligar a un gobierno a actuar. La autora del informe, Magrote Auken, eurodiputada del partido ecologista danés, afirma que su único poder real es el de vetar los fondos que España recibe de la Unión Europea. ‘El poder real es el dinero’, dice. ‘Por supuesto también esperamos que más presión por parte de la prensa dañe la reputación española, y así ponga de relieve los casos de las personas’. ‘Pero no tenemos poder formal aparte del dinero’. Y así, en marzo de este año, el Parlamento Europeo votó de manera abrumadora a favor del informe, y amenazó con congelar cientos de millones de euros en fondos si España no actuaba”.
Revista de Prensa Internacional
martes, 19 de mayo de 2009
SECTOR INMOBILIARIO
BBC NEWS ONLINE (Reino Unido) “Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”
“El Parlamento europeo ha pedido a España que reforme las leyes de urbanismo que han permitido a las promotoras inmobiliarias adquirir terrenos privados por debajo de su precio de mercado y ha obligado a los propietarios a dejar sus casas, con algunos de ellos incluso viendo sus casas derribadas. Pero el conflicto pone de manifiesto el alcance del poder de los parlamentarios europeos, informa Stephen Chittenden”.
“Asediado por las quejas, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo llevó a cabo una investigación sobre las supuestas prácticas sospechosas. En esta investigación se averiguó que en algunas regiones españolas, las autoridades de urbanismo han estado rediseñando terrenos privados para uso urbanístico y sellando solicitudes de planificación presentadas por promotores. Los promotores podían posteriormente exigir a los propietarios que vendieran sus casas por debajo de su precio de mercado. Si se negaban a vender, se arriesgaban a que derribaran sus casas.
El informe del comité apelaba a España a proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero mientras los eurodiputados pueden utilizar sus poderes de persuasión, no pueden obligar a un gobierno a actuar. La autora del informe, Magrote Auken, eurodiputada del partido ecologista danés, afirma que su único poder real es el de vetar los fondos que España recibe de la Unión Europea. ‘El poder real es el dinero’, dice. ‘Por supuesto también esperamos que más presión por parte de la prensa dañe la reputación española, y así ponga de relieve los casos de las personas’. ‘Pero no tenemos poder formal aparte del dinero’. Y así, en marzo de este año, el Parlamento Europeo votó de manera abrumadora a favor del informe, y amenazó con congelar cientos de millones de euros en fondos si España no actuaba”.
viernes, 22 de mayo de 2009
martes, 12 de mayo de 2009
Siguen los atropellos
Opinión
Juan Dávila García
• En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes
La ley de Costas, 22/88 de 29 de julio de 1988, ha sido ampliada con dos nuevos apartados ampliándose así la Disposición Transitoria Primero, con el único objeto según los legisladores, de permitir la transmisión por “actos de inter vivos” de concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre, teniendo el Ministerio derecho de “tanteo y retracto” por espacio de tres meses. Dado y como se está aplicando estas dos nuevas disposiciones es muy posible, que quienes las aplican estén vulnerando la Constitución, ya que si nos atenemos a las premisas legales que se citan no guardan ninguna relación con los atropellos que se siguen cometiendo y que si la ciudadanía no se revela impugnando estas arbitrariedades todo esto será el cuento de nunca acabar. El Derecho Civil, dice que el retracto, es el derecho de adquisición preferente en virtud del cual una persona recupera una cosa vendida a otro, por el mismo precio y las mismas condiciones pactadas en la compraventa……. y sigue diciendo: el retracto convencional es el que se puede establecer en los contratos de compraventa, por el cual el vendedor, salvo que se haya pactado lo contrario, pueda recuperar la cosa cuando el comprador la venda a un tercero en el plazo general de cuatro años. En el caso que nos ocupa, ni existe contrato de compraventa, ni el propietario actúa como vendedor, solo se le expropia o embarga y se le derriba la cosa, (sin derecho a percibir indemnización alguna como ocurre en los Anexos de Playa del Inglés y de Maspalomas), por consiguiente nunca tendrá opción a recuperar su propiedad, en cuyo caso el “retracto” no existe, vulnerando quienes llevan a cabo estas atrocidades, amparándose en la ley citada que es estulta, agresiva, lesiva, y que atenta contra los Derechos Fundamentales de los ciudadanos españoles, así como también contra la legalidad vigente, (como se observara a tenor de todo lo expuesto), que no se aplica con el rigor que debiera, beneficiando al poderoso en detrimento del humilde. Lamentablemente todos estos execrables actos se van seguir cometiendo, mientras la Justicia mira hacia otro lado. Ya han sido muchos los derribos que se han llevado a cabo, empezando por el de Cho Vito en Tenerife y si hoy alguien no lo remedia se derribara la última casa del Barranco de la Ballena en el término municipal de Santa Mará de Guía que serán en total cuatro con las tres derribadas la semana pasada. En el territorio peninsular se han llevado a cabo verdaderos atentados contra la misma historia, han sido derribados poblados pesqueros enteros con edificaciones de más de 200 años de antigüedad, el Restaurante Pepita en Cádiz un edificio construido en el siglo XVI, y otros están amenazados y sus derribos será cosa de días o como mucho de semanas. En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes, que transgrediendo las normas sistemáticamente nadie se atreve a meterse con ellos por temor a su enorme poder dentro de la sociedad.
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También el abogado y portavoz, de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, (PNALC), José Ortega, manifiesta: “que son más de 500.000 ciudadanos los que están sufriendo la política abusiva, no igualitaria y con carácter retroactiva que aplica el gobierno en los últimos años en relación al litoral”. Esta Plataforma al igual que la citada anteriormente, pretende luchar contra los supuestos abusos que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Costas, por la Dirección General correspondiente, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que está afectando especialmente al levante español, Valencia, Alicante, etcétera y también a Canarias.
Comentarios
Autor: MERCHE
Gracias Sr. Dávila por ser tan valiente al comentar este Expolio que ha hecho el Gobierno.La mayoría de medios de comunicación a pesar de que han visto personalmente la mal aplicación de la Ley de Costas con arbitrariedad y sobre todo retroactivamente, no han publicado esta noticia de tan profundo calado para que llegue al corazón de la gente. Miles de ciudadanos honrados ven que de la noche a la mañana su vivienda con todos los requisitos legales ya no les pertenece, y les quieren dar una concesión que es lo mismo que a Robo encubierto. Todas las personas de bien, amamos el litoral, pero hay que ser honestos y no hacer demagogia poniendo legales e ilegales dentro de un mismo saco ( no por esto menos dramático ) Por vez primera entiendo perfectamente el significado de pertener a la UE pues es lo único que nos queda, defienden el derecho a nuestra propiedad legal que es lo que deberian haber hecho nuestros políticos, esto ha sido y es en toda regla un ABUSO DE PODER
Enviado el 12-05-2009, a las 18:06:37
Autor: GOYO
El Parlamento Europeo, a través del Informe Auken, pide a España que revise y en su caso modifique la Ley de Costas, para que no siga oprimiendo los legítimos derechos de los simples ciudadanos, mientras se pliega ante los poderosos. ¿Por qué somos más papistas que el Papa, por qué tan soberbios como para no reconocer que no se pueden aplastar aldeas centenarias, que no se puede quitar a la gente -sin nada a cambio- aquello que el propio Estado consintió que se adquiriera? ¿Por qué tanta retórica vacía en lugar de solucionar problemas reales? ¿Por qué "sostenella y no emmendalla"? ¿Sólo nos queda Europa?
Enviado el 12-05-2009, a las 19:53:33
Autor: Jon
Muchas gracias Sr. Dávila. Poca gente escribe con claridad lo que pasa en este país. Seamos claros: En España se están aplicando leyes con efecto retroactivo (En mi caso mi propiedad data de 1683 con sus escrituras y registros de propiedad anteriores a la implantación del estado moderno). En España se aplican las leyes de forma arbitraria (En el mismo deslinde que declaran a mi molino Dominio Público a los otros dos existentes los declaran privados. ¿como es posible si son tres construcciones en el mismo estuario con las mismas características y cotas). En España te quitan la propiedad sin costraprestación. (En mi caso no puedo acceder ni siquiera a la concesión) En España Costas actúa activamente en la destrucción del Patrimonio. (No me conceden autorización de arreglo del tejado de mi molino, vivienda, ya que no dispongo de la concesión, y no la puedo tener al haber fallecido mi madre, propietaria del molino, como bien me lo recuerda Costas. Las actuaciones de Costas desde el año 1996 han seguido una pauta muy clara: Prohibir actuaciones de mantenimiento en los diferentes elementos del molino para conseguir su completo deterioro. No respeta ni las resoluciones del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia en un bien catalogado como monumento, no permitiendo las actuaciones de mantenimiento del los elementos del molino y correcta conservación del edificio). En España la Ministras encargada de Medio Ambiente falta a la verdad, ya que niega que la Ley se aplique de modo retroactivo y de materia arbitraria. Además afirma que la concesión supone una contraprestación al valor "incautado". En mi caso ni eso siquiera. Esto lo escribe un afectado, propietario, a la que la Administración le está usrpando la propiedad y dañando no solo mi patrimonio, sino con sus actuaciones está deteriorando un elemento patrimonial de alto valor. Información del molino Portu-Errota en Internet
Enviado el 12-05-2009, a las 23:20:23
domingo, 10 de mayo de 2009
ELENA ESPINOSA, LA EMPERATRIZ ENGAÑADA
Hace unos dos meses la Ministra tenía por el norte un acto público al que concurrió el presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Pedro Fernández, junto con otros afectados. Llevaban una pancarta, creo. La cosa era en el campo. Se acercó un policía, les preguntó si querían hablar con la Ministra, dijeron que sí y tuvieron un encuentro, pero el cambio de pareceres fue decepcionante, o más bien no hubo cambio de pareceres. La señora los acusó de estar engañando a la gente, de no ser tantos afiliados como decimos, de que no es cierto que todos los que están con nosotros son legales, etc.
Todo muy raro. En condiciones normales la Sra. Espinosa se habría limitado a decirles que no tenemos razón, que el gobierno no aplica la ley retroactivamente y todo ese rollo casposo que suelen soltar. Pero no. Les vino con detalles internos de la Plataforma. Sí, internos, y al mismo tiempo erróneos. Todo el mundo sabe que en la Plataforma no pueden entrar los que no tienen derechos o no tienen razón, en particular los que se han apropiado ilegalmente del dominio público. Es una condición que impuse en su momento, coincidiendo con la fundación, porque en caso contrario no podríamos presentarnos en sociedad mirando a la cara a nuestros conciudadanos, a los periodistas y demás familia. Y yo mismo sufro las consecuencias, porque he tenido que decirles que no a clientes del despacho en situaciones poco claras.
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El pasado miércoles la misma Espinosa estaba de nuevo por ahí, esta vez en Oviedo. Y el mismo José Pedro también. Lo acompañaban una vez más algunos compañeros y también dos de sus primas. Se quedaron en la vía pública con una pancarta, de forma totalmente inofensiva. Después entraron en el vestíbulo del hotel y un miembro del séquito imperial se dirigió a ellos.
-¿Quieren ustedes hablar con la Ministra?
El diálogo se volvió a reproducir de la misma forma que unas semanas antes. Que sí, que sí que querían.
-Voy a hablar con alguien del gabinete, pero no les prometo nada.
El personaje desapareció y a los pocos momentos los afectados recibieron una visita, pero no era la Ministra, ni el gabinete, sino diez policías nacionales como diez torres. Los tipos se acercaron, más chulos que una cuadrilla de toreros en celo, y les ordenaron que salieran inmediatamente del hotel, advirtiendo que como se pusieran tontos irían al calabozo.
-¿Quieren ustedes hablar con la Ministra?
El diálogo se volvió a reproducir de la misma forma que unas semanas antes. Que sí, que sí que querían.
-Voy a hablar con alguien del gabinete, pero no les prometo nada.
El personaje desapareció y a los pocos momentos los afectados recibieron una visita, pero no era la Ministra, ni el gabinete, sino diez policías nacionales como diez torres. Los tipos se acercaron, más chulos que una cuadrilla de toreros en celo, y les ordenaron que salieran inmediatamente del hotel, advirtiendo que como se pusieran tontos irían al calabozo.
Sí, sí. Sin bromas. Los pobres agacharon la cabeza y se quitaron de en medio con las tripas revueltas por la repugnancia. Toda una vida como personas de bien para que esos tipos con placas, porras y pistolones los trataran como escoria. Conozco a José Pedro y a los que lo acompañaban. El se dedica a hacer montajes eléctricos, una de sus primas vende pan, un compañero tiene vacas y fabrica yogur. Nadie te puede echar del vestíbulo de un sitio público como un hotel, excepto el dueño si estás armando bronca y la policía por razones de seguridad. No se daba ni una condición ni la otra. Aquellas personas eran los trabajadores que pagan con su esfuerzo, sus madrugones, su honestidad y sus impuestos los sueldos de esos ministros y esos policías, y son por tanto dignos del mayor respeto.
Pero claro, esta Ministra Elena Espinosa, que se cree lista pero al parecer se deja manipular como una adolescente con granos, no tenía nada que hablar con José Pedro ni con sus primas teniendo en cuenta que ya les había vomitado encima la vez anterior, que ya se había desahogado echando fuera la bilis y que ya se había quedado tranquila al repetir como un loro las idioteces que le había inoculado ese posible personaje frustrado y despechado a través de ese otro posible personaje que tiene una pata en cada sitio y que hace de posible e hipotético correo. Así que de diálogo nada. Unos cuantos golpes de porra era lo que necesitaban los electricistas, ganaderos y panaderos que estaban allí, esperando pacífica e ingenuamente que la señora los escuchara.
Pero claro, esta Ministra Elena Espinosa, que se cree lista pero al parecer se deja manipular como una adolescente con granos, no tenía nada que hablar con José Pedro ni con sus primas teniendo en cuenta que ya les había vomitado encima la vez anterior, que ya se había desahogado echando fuera la bilis y que ya se había quedado tranquila al repetir como un loro las idioteces que le había inoculado ese posible personaje frustrado y despechado a través de ese otro posible personaje que tiene una pata en cada sitio y que hace de posible e hipotético correo. Así que de diálogo nada. Unos cuantos golpes de porra era lo que necesitaban los electricistas, ganaderos y panaderos que estaban allí, esperando pacífica e ingenuamente que la señora los escuchara.
En navidad le pedí audiencia. Me contestó con una carta en la que me decía que el día tiene 24 horas y una frase como ésta: “lo que sí no le tolero es que critique a equipos anteriores”. Dejando aparte su pintoresco uso de la gramática, si dos iguales están en la barra del bar y uno le dice al otro que no le tolera que hable mal de su cuñada, o de Maradona, esto no es más que un recurso verbal. Pero si el que prohíbe o no tolera es la Ministra, y se lo dice a un ciudadano, la cosa cambia. Entonces ya no es un recurso mental, sino la Santa Inquisición con faldas y a lo loco.
Creo que no se dio cuenta cuando me escribía esa cosa. Un Ministro no puede prohibirle a un ciudadano que critique a equipos anteriores o lo que le dé la gana. No tiene más remedio que tolerarlo, son las reglas del juego.
Después le volví a pedir audiencia. Está en un blog anterior. Nada de nada. Ella recibe a otros colectivos, no a nosotros. A nuestros enemigos internos las intrigas y los sabotajes les funcionan de maravilla.
A mí también se me revuelven las tripas ante lo que pasó el otro día en Oviedo, pero procuro no ponerme tenso porque sé que a todos éstos la historia les va a pasar por encima. Y también a los patosos que fingen ser compañeros de trinchera y nos acuchillan por la espalda.
José Pedro, Blanca, José Luis, Isabel y todos los que estaban ese día se tragaron un marrón por todos los afectados de España y todos deberíamos estarles agradecidos. El calificativo más apropiado que se me ocurre para ellos es el de héroes populares. Héroes de la paciencia, la honestidad y el civismo. Es muy duro esto de tragarse las humillaciones de unos tíos machotes armados hasta los dientes que pueden hacer contigo lo que quieran aunque tú no hayas hecho nada. Claro que, bien pensado, a lo mejor los trataron tan mal por lo que decía la pancarta:
AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS DE NUEVO OS SALUDAN
La Ministra, sus asesores, su gabinete, el comisario de policía, el jefe de seguridad o alguna otra mente lúcida debió pensar que se trataba de un mensaje subversivo. Puede que en clave.
Son José Pedro, sus compañeros y los ciudadanos como ellos los que por fortuna sostienen el país. Son lo que hace que España merezca la pena. Ellos y no esas emperatrices de opereta capaces de ceder a la espantosa tentación de utilizar a las fuerzas de orden público para ofender y humillar a personas inocentes de todo mal. Los malos gobernantes pasarán y cuando nadie los recuerde los ciudadanos seguiremos adelante, construyendo un país libre y digno.
José Ortega
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