José Ortega
PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS
NAIMA PÉREZ, Tenerife
Representa como abogado los intereses de asociaciones y particulares de un colectivo de unas
3.000 familias de Canarias, Valencia, Asturias y Galicia, afectadas por la Ley de Costas. Todos estos intereses confluyeron en una Plataforma en 2008. Este portavoz presentó elmes pasado una denuncia ante el Parlamento Europeo por lo que considera una “abusiva aplicación”
de esta ley. Ortega está convencido de que esta actuación en Bruselas ha forzado a la Administración estatal a iniciar una “tímida” reforma del texto legal.
–¿En qué consiste la principal reivindicación de la Plataforma?
–Nació como una tercera vía, al margen de la administrativa y judicial, para defender a la gente que está sufriendo abusos en este ámbito. Nuestra pretensión principal es que la Ley de Costas no se aplique de forma retroactiva, como ocurre actualmente. El caso más grotesco de aplicación de esta retroactividad es el que ha considerado en una zona que el deslinde marítimo está donde llegó la última glaciación, en torno al año 10.000 ó 12.000 antes de Cristo. Esto es una definición abusiva.
–La Plataforma ha elaborado una enmienda a la reforma que el Gobierno de España tramita
para la Ley de NavegaciónMarítima y que afecta a las edificaciones en dominio público.
¿En qué consiste esa enmienda?–El problema reside en que son muy limitados los casos en los que se concede el derecho de concesión (derecho de uso y disfrute de una propiedad por un periodo concreto).
Con nuestra enmienda pretendemos ampliar los casos a los que se les reconoce esa concesión,
así como mejorar el régimen de las concesiones. Existe un mecanismo expropiatorio sobre una casa que deja de ser de tu propiedad por estar en dominio público y la Constitución establece que no se puede expropiar sin indemnizar. Pero el Gobierno de España parte de la realidad de que no hay dinero suficiente para indemnizar todas esas propiedades, por lo que como consecuencia el Tribunal Constitucional ha buscado una vía compensatoria, desajustada e impropia, con la que no se paga con dinero sino en especie, autorizando a estas personas a quedarse como inquilinos en su propia casa, que deja de ser suya. Yo lo que creo es que bajo el disfraz de la protección del medio ambiente se están escondiendo intereses industriales,comerciales y turísticos para despejar las costas y poder explotarlasmejor. A la mayoría de los casos no se les reconoce ese derecho de concesión, con lo que la consecuencia es el derribo.
–Y si tanta gente no tiene esa concesión, ¿por qué no se producen más derribos?
–Porque no se atreven, porque tienen miedo a la contestación social. En el caso reciente de Cho
Vito, en Candelaria (colectivo que no forma parte de la Plataforma), se pone de manifiesto que van contra los pobres, contra la gente que menos recursos tiene y que menos posibilidades tiene de defenderse.
–¿Cuántos casos en Canarias tienen una orden de derribo?
–Pues muchos, aunque el número no lo sé, pero hay afectados en Fuerteventura (La Oliva,
Pájara,Morro Jable, Puerto de Los Molinos...) y en La Palma también, en La Bombilla (Tazacorte). En esta zona, concretamente, quieren hacer una playa nueva y esta isla, que lleva cierto retraso turístico, quiere impulsar este sector con actuaciones como ésta, con la que se quieren quitar de enmedio a esta gente. Estudios técnicos nos dicen que esos derribos serían ilegales.
–Ha habido errores cometidos no sólo por los propietarios, sino también por las administraciones
públicas, como los ayuntamientos, que han hecho la vista gorda ante construcciones ilegales
a las que se concede el suministro de luz, agua y hasta se les cobra la contribución.
¿No deberían repartirse las responsabilidades entonces?
–Aquí lo que hay es un engaño; el Estado ha descuidado su responsabilidad, también los ayuntamientos, al igual que algunas personas rapaces que se han metido donde no debían. El dominio público no puede prescribir, es decir, por más tiempo que uno ocupe el dominio público no significa que sea de su propiedad, pero está por demostrar que fuera dominio público en su momento, porque si no había ningún deslinde,
¿cómo se determina que lo fuera?
–Tendría entonces que establecerse una fecha de referencia a partir de la cual determinar qué está en dominio público...
–Claro. Tiene que producirse un acuerdo en el que la sociedad y el Estado lleguen a un acuerdo. No puede ser que el Estado esté en guerra continua con sus ciudadanos. No podemos convertir en clandestinas miles de comunidades por el hecho de que la Dirección de Costas tenga una idea inapropiada, que es que cualquier edificación, aunque tenga valor histórico, etnográfico o cultural, hay que derribarla en dominio público. Tampoco digo que haya que salvarlo todo, porque haymucho chabolismo y eso es intolerable. Pero esas zonas son generalmente modestas, no es Benidorm.
–El Parlamento canario tramita ahora una modificación del Texto Refundido de las leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (Trlotenc) para salvar algunos de
estos enclaves, declarando su interés general.
¿Considera que para esta declaración deberían ponerse de acuerdo todas las administraciones públicas?
–Desde luego, hay competencias compartidas; es inevitable que se compartan las decisiones. Respecto a lamodificacióndelTrlotenc creo que es unejemplo digno de lo que pueden hacer el Parlamento y el Gobierno por Canarias, ya que hasta ahora no han sido posibles otros cambios. Que los políticos ya estén hablando de modificaciones en esta legislación es ya un paso. Yse ha llegado a este punto porque la sociedad se ha unido.
–¿Tiene laPlataforma muyen contra a los ecologistas?
–No hemos tenido una oposición declarada de ningún grupo ecologista. Creo que ellos entienden lo que hacemos.
–El Gobierno canario prevé elaborar un censo de todas las viviendas afectadas con el fin de
conocer cada caso.
¿No cree que si hubiera estado lista ya esta información podrían haberse evitado algunas situaciones?
–Sí, claro, pero es cierto que la virulencia con la que ha aplicado la Ley el Ministerio de Medio
Ambiente es reciente. Por ejemplo, en Los Molinos (Fuerteventura), las recuperaciones posesorias con órdenes de derribo son de 1994 y no se habían ejecutado.
