martes, 12 de mayo de 2009

Siguen los atropellos






Opinión
Juan Dávila García
• En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes
La ley de Costas, 22/88 de 29 de julio de 1988, ha sido ampliada con dos nuevos apartados ampliándose así la Disposición Transitoria Primero, con el único objeto según los legisladores, de permitir la transmisión por “actos de inter vivos” de concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre, teniendo el Ministerio derecho de “tanteo y retracto” por espacio de tres meses. Dado y como se está aplicando estas dos nuevas disposiciones es muy posible, que quienes las aplican estén vulnerando la Constitución, ya que si nos atenemos a las premisas legales que se citan no guardan ninguna relación con los atropellos que se siguen cometiendo y que si la ciudadanía no se revela impugnando estas arbitrariedades todo esto será el cuento de nunca acabar. El Derecho Civil, dice que el retracto, es el derecho de adquisición preferente en virtud del cual una persona recupera una cosa vendida a otro, por el mismo precio y las mismas condiciones pactadas en la compraventa……. y sigue diciendo: el retracto convencional es el que se puede establecer en los contratos de compraventa, por el cual el vendedor, salvo que se haya pactado lo contrario, pueda recuperar la cosa cuando el comprador la venda a un tercero en el plazo general de cuatro años. En el caso que nos ocupa, ni existe contrato de compraventa, ni el propietario actúa como vendedor, solo se le expropia o embarga y se le derriba la cosa, (sin derecho a percibir indemnización alguna como ocurre en los Anexos de Playa del Inglés y de Maspalomas), por consiguiente nunca tendrá opción a recuperar su propiedad, en cuyo caso el “retracto” no existe, vulnerando quienes llevan a cabo estas atrocidades, amparándose en la ley citada que es estulta, agresiva, lesiva, y que atenta contra los Derechos Fundamentales de los ciudadanos españoles, así como también contra la legalidad vigente, (como se observara a tenor de todo lo expuesto), que no se aplica con el rigor que debiera, beneficiando al poderoso en detrimento del humilde. Lamentablemente todos estos execrables actos se van seguir cometiendo, mientras la Justicia mira hacia otro lado. Ya han sido muchos los derribos que se han llevado a cabo, empezando por el de Cho Vito en Tenerife y si hoy alguien no lo remedia se derribara la última casa del Barranco de la Ballena en el término municipal de Santa Mará de Guía que serán en total cuatro con las tres derribadas la semana pasada. En el territorio peninsular se han llevado a cabo verdaderos atentados contra la misma historia, han sido derribados poblados pesqueros enteros con edificaciones de más de 200 años de antigüedad, el Restaurante Pepita en Cádiz un edificio construido en el siglo XVI, y otros están amenazados y sus derribos será cosa de días o como mucho de semanas. En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes, que transgrediendo las normas sistemáticamente nadie se atreve a meterse con ellos por temor a su enorme poder dentro de la sociedad.
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También el abogado y portavoz, de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, (PNALC), José Ortega, manifiesta: “que son más de 500.000 ciudadanos los que están sufriendo la política abusiva, no igualitaria y con carácter retroactiva que aplica el gobierno en los últimos años en relación al litoral”. Esta Plataforma al igual que la citada anteriormente, pretende luchar contra los supuestos abusos que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Costas, por la Dirección General correspondiente, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que está afectando especialmente al levante español, Valencia, Alicante, etcétera y también a Canarias.

Comentarios

Autor: MERCHE
Gracias Sr. Dávila por ser tan valiente al comentar este Expolio que ha hecho el Gobierno.La mayoría de medios de comunicación a pesar de que han visto personalmente la mal aplicación de la Ley de Costas con arbitrariedad y sobre todo retroactivamente, no han publicado esta noticia de tan profundo calado para que llegue al corazón de la gente. Miles de ciudadanos honrados ven que de la noche a la mañana su vivienda con todos los requisitos legales ya no les pertenece, y les quieren dar una concesión que es lo mismo que a Robo encubierto. Todas las personas de bien, amamos el litoral, pero hay que ser honestos y no hacer demagogia poniendo legales e ilegales dentro de un mismo saco ( no por esto menos dramático ) Por vez primera entiendo perfectamente el significado de pertener a la UE pues es lo único que nos queda, defienden el derecho a nuestra propiedad legal que es lo que deberian haber hecho nuestros políticos, esto ha sido y es en toda regla un ABUSO DE PODER
Enviado el 12-05-2009, a las 18:06:37

Autor: GOYO
El Parlamento Europeo, a través del Informe Auken, pide a España que revise y en su caso modifique la Ley de Costas, para que no siga oprimiendo los legítimos derechos de los simples ciudadanos, mientras se pliega ante los poderosos. ¿Por qué somos más papistas que el Papa, por qué tan soberbios como para no reconocer que no se pueden aplastar aldeas centenarias, que no se puede quitar a la gente -sin nada a cambio- aquello que el propio Estado consintió que se adquiriera? ¿Por qué tanta retórica vacía en lugar de solucionar problemas reales? ¿Por qué "sostenella y no emmendalla"? ¿Sólo nos queda Europa?
Enviado el 12-05-2009, a las 19:53:33
Autor: Jon
Muchas gracias Sr. Dávila. Poca gente escribe con claridad lo que pasa en este país. Seamos claros: En España se están aplicando leyes con efecto retroactivo (En mi caso mi propiedad data de 1683 con sus escrituras y registros de propiedad anteriores a la implantación del estado moderno). En España se aplican las leyes de forma arbitraria (En el mismo deslinde que declaran a mi molino Dominio Público a los otros dos existentes los declaran privados. ¿como es posible si son tres construcciones en el mismo estuario con las mismas características y cotas). En España te quitan la propiedad sin costraprestación. (En mi caso no puedo acceder ni siquiera a la concesión) En España Costas actúa activamente en la destrucción del Patrimonio. (No me conceden autorización de arreglo del tejado de mi molino, vivienda, ya que no dispongo de la concesión, y no la puedo tener al haber fallecido mi madre, propietaria del molino, como bien me lo recuerda Costas. Las actuaciones de Costas desde el año 1996 han seguido una pauta muy clara: Prohibir actuaciones de mantenimiento en los diferentes elementos del molino para conseguir su completo deterioro. No respeta ni las resoluciones del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia en un bien catalogado como monumento, no permitiendo las actuaciones de mantenimiento del los elementos del molino y correcta conservación del edificio). En España la Ministras encargada de Medio Ambiente falta a la verdad, ya que niega que la Ley se aplique de modo retroactivo y de materia arbitraria. Además afirma que la concesión supone una contraprestación al valor "incautado". En mi caso ni eso siquiera. Esto lo escribe un afectado, propietario, a la que la Administración le está usrpando la propiedad y dañando no solo mi patrimonio, sino con sus actuaciones está deteriorando un elemento patrimonial de alto valor. Información del molino Portu-Errota en Internet
Enviado el 12-05-2009, a las 23:20:23

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