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Hotel Vela. Una respuesta que no me convence

2010-05-20T05:13:00.000-07:00

Afectado por lo que entiendo es una injusticia hacia aquellas personas que son desalojadas de sus casa, sin el mas nminimo miramiento humano, por unas leyes que solo a unos pocos interesan para fines unicamente economicos, con el apoyo de los politicos de turno, como es la Ley de Costas, para edificar cuando les interesa, y me dirigi al alcalde de Barcelona por permitir realizar una obra "Faraonica" como es el Hotel Vela a menos de 30 metros del rompeolas, y esto es lo que me ha contestado.

Date: Tue, 18 May 2010 From: ajuntament.respon@bcn.cat>

Subject: Resolució 0112BFD
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA A MI CARETA DE PROTESTA> > Apreciado Sr... Por indicación del alcalde, acusamos recibo del correo electrónico que le envió el pasado 8 de mayo sobre edificio 'Vela' del Port de Barcelona.> > Nos guataría señalar que en los últimos años la transformación del Port de Barcelona ha permitido crear nuevas zonas para el uso público, como el Moll de la Fusta, la Rambla de Mar, el Moll d'Espanya. En definitiva, ampliar el uso ciudadano y recuperar para los barceloneses 56 hectáreas de zonas de paseo y ocio.> > Es en el marco de la urbanización de la bocana norte que se ha cosntruido el edificio Vela. Este complejo se ha llevado a cabo sobre terrenos ganados al mar junto al antiguo rompeolas, terrenos que pertenecen al Port Autònom de Barcelona. Por este motivo, se aplica la ley de puertos, no la de costas. En este sentido, el edificio se adapta al planeamiento previsto en el Plan Especial y a la normativa vigente, tanto con respecto a la edificabilidad como al medio ambiente.> > Cordialmente,> > Gabinete de Alcaldía> Ayuntamiento de Barcelona

Mi respuesta:A 19 de Mayo del 2010

He recibido su escrito, y en primer lugar, mi agradecimiento por su atención a mi carta. Dicho esto solo me queda una cosa por decir, Es bien triste ver a framilias enteras sin hogar, mientras la administracion tiene esa "Manga ancha" para hacer o deshacer, por que al fin y al cabo la distancia es la misma, pero no el mismo problema.
Ate. L.S.D.

PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTASBREVE HISTORIA Y MEMORIAL DE INTENCIONES

2010-04-26T05:56:00.000-07:00

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas nació en enero de 2008 por colectivos de toda España, especialmente de las comunidades valenciana y canaria. Su objeto es buscar soluciones nuevas para los afectados a vista de la extrema dificultad de sacar adelante los casos en la Administración y los tribunales. Nunca se plantó oficialmente una reforma de la ley de costas, sino la lucha contra su aplicación abusiva. La Plataforma aboga por la defensa del dominio público marítimo terrestre y considera imprescindible una ley que lo proteja con energía. No obstante, considera que la ley actual tiene defectos técnicos que propician los abusos, en especial las definiciones ambiguas y expansivas de dominio público. Desde el principio se orientó a buscar el amparo de las instituciones europeas. El día 1 de febrero de 2008 se presentó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un informe extenso y documentado titulado Informe sobre aplicación abusiva, retroactiva y arbitraria de la ley de costas. Su autor, José Ortega, fue invitado a participar en la sesión de la Comisión de Peticiones de 20.01.10. Con fecha 26.03.10, el pleno del Parlamento Europeo adoptó una resolución, en el marco del llamado Informe Auken, dando la razón a la Plataforma y declarando que la ley de costas se estaba aplicando con carácter retroactivo (aplicada a situaciones nacidas antes de su entrada en vigor), arbitrario (aplicada a pequeños enclaves sin afección del medio ambiente y no a grandes complejos hoteleros y turísticos) y sin indemnización suficiente por la privación de la propiedad. El Parlamento pidió a España una reforma de la ley. A continuación la Plataforma elaboró un proyecto de reforma que presentó públicamente en rueda de prensa en mayo de 2009 y que entregó a los partidos políticos para su estudio. La Plataforma, atendiendo a la gravedad de la situación de los derribos en Canarias, aprovechó que el Gobierno había remitido al Parlamento una tímida reforma del régimen de concesiones de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas (en el marco de la ley de navegación marítima) a fin de ampliar los casos en los que cabe otorgar dicha concesión a los antiguos propietarios afectados por un deslinde. Con la reforma se podrían salvar del derribo la inmensa mayoría de los poblados litorales canarios. Coalición Canaria tiene anunciada la presentación de la enmienda. En marzo de 2010 la Plataforma fue nuevamente invitada a participar en la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dedicada a la ley de costas, que concluyó con la resolución de que el presidente de ese Parlamento dirigiese una carta al presidente del Gobierno de España pidiéndole que pusiera fin a la situación de abusos. Desde el inicio, la Plataforma mantuvo una guerra limpia, clara y constructiva, impidiendo el acceso a la misma y la inclusión en el Informe sobre aplicación abusiva… de ciudadanos o colectivos que se hubiesen apropiado ilegalmente del dominio público o que de algún modo careciesen de razones frente a la Administración.

2010/03/09 Jurisprudencia Ley de Costas DATA DIAR.COM

2010-03-09T09:52:00.000-08:00

Dominio público
No transmutación del dominio público marítimo-terrestre como consecuencia del saneamiento de marisma. STS 29-06-2009Arts. 6.2 Reglamento de Costas; 4.2, Disposición Transitoria 2ª.2 Ley de Costas Se desestima el recurso de casación, al considerarse que la concesión de dominio público marítimo-terrestre otorgada no ha provocado la transmutación del dominio público en propiedad privada como consecuencia del saneamiento producido en los terrenos, dando lugar a una «desafectación tácita». Sobre la posible transmutación demanial de terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera amparados por título de concesión, hay que resaltar que la desecación no es causa suficiente para provocar la transmutación demanial, pues además de seguir perteneciendo los terrenos desecados al dominio público marítimo terrestre por disponerlo así el artículo 4.2 de la Ley de Costas, las concesiones para desecación de marismas, aunque hubieran sido otorgadas «a perpetuidad», no conllevaban necesariamente, por tal razón, esto es, por ser otorgadas a perpetuidad, la desafectación al demanio y su transformación en propiedad privada, toda vez que dichas concesiones tenían su apoyo en una normativa muy variada, debiendo estar a las condiciones concretas del título concesional, otorgado a perpetuidad con anterioridad a la Ley de Costas 22/1988 para sanear y desecar marismas, a fin de discernir si se excluye expresa o implícitamente su desafectación o si su objeto no se limita a la desecación y saneamiento sino que contiene otra finalidad específica justificativa de la pervivencia de la concesión una vez efectuados los trabajos de desecación.

Deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre. STS 29-06-2009Arts. 6.3 Reglamento de Costas; 3.1, 4.2, Disposición Transitoria 2ª.2 Ley de Costas; 216, 218 LEC En el caso de autos, la valoración de la prueba de la sentencia impugnada, no puede ser calificada de arbitraria, pues resulta motivada, lógica y coherente al poner de manifiesto el proceso lógico y reflexivo que lleva a la Sala a alcanzar la conclusión que se expresa en el fallo, tras la apreciación de la prueba. Además, en un tema de deslinde de dominio público marítimo-terrestre lo que importa en la regulación legal no es el terreno tal como ha sido transformado por obras o instalaciones sino tal como es por naturaleza; las características naturales son las que determinan su calificación jurídica y son las que han de ser tenidas en cuenta al trazar el deslinde. Así, la circunstancia de que un suelo haya sido incorporado a un proceso urbanizado no desnaturaliza su condición geomorfológica, estando contemplada en las Disposiciones Transitorias de la propia Ley de Costas la compatibilidad del dominio público marítimo-terrestre con la clasificación como urbano del suelo por haber sido urbanizado en ejecución del planeamiento, de manera que la urbanización de un terreno no constituye un hecho excluyente de la definición legal contenida en los artículo 3.1 b de la Ley de Costas y 3.1 b de su Reglamento. Este razonamiento sobre la urbanización de un terreno también es aplicable al de instalación de una salina en lo que naturalmente es un terreno inundable.

2010/03/09 Anuncio de notificación Ley de Costas DERECHO.COM

2010-03-09T07:56:00.000-08:00

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. de día 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 17 Ley 4/99 se notifica a través de este anuncio la demolición de varias viviendas, con motivo de los expedientes de Recuperación Posesoria del Dominio Público Marítimo Terrestre instruidos por la Demarcación de Costas de Canarias, a las personas que se indica en el Anexo I, ya que habiéndose intentado la notificación de demolición en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.Como resultado de lo dictado en varias Sentencias y Autos Judiciales indicados en el Anexo I, la Demarcación de Costas en Canarias ha sido autorizada para proceder a la entrada y demolición de varias edificaciones, reflejadas en el Anexo I, ocupadas sin título legal, con el objeto de ejecutar la Resolución dictada por el Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias en los expedientes de referencia.Esta Demarcación de Costas de Canarias le comunica que la demolición de las edificaciones objeto de autorización se llevará a cabo a partir de la fecha indicada en el Anexo I.En caso de que se opte por ejecutar por cuenta propia la demolición, deberá proceder a la misma antes de la fecha designada, quedando obligado/a a comunicar por escrito el día que procederána efectuarla con la obligatoriedad de dejar los terrenos en igual situación a la anterior y siempre supervisado por el personal que el Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias asigne al efecto.Si la parte interesada no procede de forma voluntaria al derribo y demolición de la citada edificación ubicada sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, tal demolición se efectuará a su costa, por lo que los gastos ocasionados se le pasarán para su abono. En el caso de no hacerlo, se le cobrará por vía de apremio (artículo 107 de la vigente Ley de Costas 22/1988 y el artículo 98 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), en tal caso, se procederá a realizar el derribo por el personal que asigne esta Demarcación de Costas de Canarias.EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, José Miguel Pintado Joga.Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas (B.O.E. número 181 de 29 de julio de 1998)Este documente contiene tablas7526851_1.pdf EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS, José Miguel Pintado Joga.3.8567526851.pdf

Espinosa defiende la Ley española de Costas ante el Parlamento Europeo

2010-01-29T10:37:00.000-08:00

La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, defendió hoy ante el Parlamento Europeo la Ley de Costas española que establece un máximo de ocupación del suelo público.

Espinosa explicó, en una intervención en la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, que "cuando el Gobierno de España elaboró la Ley de Costas en 1988 fue una ley precursora".
"Hoy los principios resultan más exigibles que nunca, ahora que conocemos el efecto del cambio climático y su impacto en las costas", añadió la ministra, quien garantizó que se propone "defender los intereses de Europa".
La ministra fue preguntada al respecto por el eurodiputado británico Nick Griffin, un escéptico confeso sobre la existencia del cambio climático y su vinculación con la acción humana, quien hizo referencia a la necesidad de respetar los derechos de propiedad privada.

Espinosa aseguró que está dispuesta a conceder un debate monográfico sobre la cuestión ante el PE, pero confió en que no se confunda a España como país con España como presidencia rotatoria de la Unión Europea. EFE

http://www.laverdad.es/agencias/20100127/mas-actualidad/sociedad/espinosa-defiende-espanola-costas-ante_201001271452.html

Publication Date Wed 27/01/10 14:52 Keywords [UE] [MEDIO AMBIENTE] Category [ Ciencia-Tecnología ] Bruselas, 27 ene (EFE).-

«Sería una aberración perder la propiedad y no ser indemnizados»

2010-01-22T14:39:00.000-08:00

Como directo afectado de la Ley de Costas creo que el título del artículo, «Sería una aberración perder la propiedad y no ser indemnizados» no recoge claramente lo que realmente está pasando con la nefasta aplicación de esta Ley. Si, desde luego, sería una aberración que el Estado confisque propiedades a sus legítimos propietarios, esto es “perder la propiedad y no ser indemnizados”, pero este efecto, si bien es muy grave, se titula como si fuera el origen del problema en condicional. No describe cual es la causa, que permite a Costas, en definitiva al Estado, a vulnerar los principios básicos del derecho de toda sociedad moderna. La principal causa de todos los problemas generados por la Ley de Costas es la aplicación retroactiva de la Ley. La Constitución Española, de obligado cumplimiento, también para el Estado, prohíbe expresamente en el artículo 9 la retroactividad de las leyes. ¿Cómo es posible que una propiedad legal y registrada antes de la entrada en vigor de Ley de Costas de 1988 no reconozca los derechos de propiedad anteriores?. Este es el origen de los problemas de la aplicación de la Ley de Costas, en Nueva Berria o en mi propiedad, el molino Portu Errota que habiéndose construido en 1683 el estado me lo confisca aplicando en este caso una retroactividad de 5 SIGLOS. El segundo gran problema es la arbitraria aplicación que Costas hace de la Ley, adicionalmente a la aplicación retroactiva, que es la evidente, demostrada, y denunciable arbitrariedad de costas en la definición y establecimiento de la línea de deslinde. La arbitrariedad de la Ley también está expresamente prohibida por la Constitución Española, artículos 9 y 14. El estado únicamente con estas dos vulneraciones a nuestros principios básicos de la sociedad ya está cometiendo una ABERRACION hoy, en presente, y no en condicional y/o futuro, además de una serie de ilegalidades. Si esto lo hacen con la Ley de Costas y la Constitución, ¿Cómo no van a crear otras aberraciones como la CONFISCACION de propiedades y derecho a vivienda también vulnerando sistemáticamente lo artículos 33 y 47 de la Constitución. Desgraciadamente el número de artículos de la constitución que se saltan es mayor y podríamos empezar también a enumerar la cantidad de artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea claramente vulnerados por el estado. Volviendo al título del artículo, y problema de fondo que tenemos los afectados de la Ley de Costas, la aberración ya se está produciendo, y, especialmente con todos los legítimos propietarios de bienes registrados anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Bastaría que el Estado dejase de vulnerar los artículos 9 y 14 de la Constitución, esto es irretroactividad de las leyes e igualdad ante la Ley, no a la aplicación arbitraria, para que desaparecieran la mayor parte de problemas y denuncias que se están tratando actualmente en los diferentes estamentos administrativos, legales y judiciales tanto en España como en la Comunidad Europea y desaparezca a su vez esta inseguridad jurídica a la que estamos sometidos los afectados por la Ley de Costas. Afectado significa que nos está minando la vida, anímicamente, el no poder mantener tu propiedad, la inseguridad jurídica y el “cabreo” de saber que para quitarte tu propiedad el Estado está incumpliendo sus propias leyes, además de unos costes económicos derivados de todos los procesos administrativos y judiciales que tenemos que abordar. Si, el titular del artículo únicamente hacía referencia a que se nos quitaba la propiedad sin pagarnos, pero no es únicamente el dinero lo que vamos a perder, sino lo que nos estamos dejando en esta lucha desigual con la administración, que es nuestra vida. ¿Es justicia que ante una clara vulneración de derechos tengamos que estar luchando durante 15 o 20 años? ¿Sabe la administración el daño personal que hace con ello a los afectados?. Como afectado afirmo que si, y juega con ello, minando nuestra calidad de vida y nuestra economía con el objetivo final de que abandonemos nuestra lucha. Gracias al Diario Montañés por la publicación de este y otros artículos referentes al tema, ya que ante tanto abuso la mayor parte de medios de comunicación están jugando el triste papel de ocultación de la conculcación de los derechos básicos de nuestra sociedad.

Jon Iturribarria, propietario del molino Portu Errota construido en 1683.

Ver Diario Montañés :- http://www.eldiariomontanes.es/20100120/region/santona/seria-aberracion-perder-propiedad-20100120.html

LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS: UNA CELEBRACION Y UNA ESPERANZA.

2009-10-02T06:21:00.000-07:00

Hace dos años, en Octubre de 2007, la Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol propusimos a nuestro a abogado, Jose Ortega, la posibilidad de crear una federación de asociaciones de afectados por la Ley de Costas.
Éramos conscientes de que luchando individualmente, caso a caso, ni éramos visibles como un gran problema que afectaba a miles de ciudadanos de este país, ni teníamos la mas mínima posibilidad frente a una serie de fanatizados funcionarios de Costas para los que el derecho legítimo de propiedad debía supeditarse a los intereses del Estado, y ellos decidían cuales eran esos intereses. Su arrogancia y desprecio por los afectados en cada caso era tal que mas parecía que vivíamos aun en el régimen totalitario anterior, que en una sociedad en donde los derechos individuales son el valor esencial. Estos colectivistas eran, y son aun, los residuos franquistas (o estalinistas que para el caso es lo mismo) que subsisten en esta sociedad.
La dificultad de crear una Federación con casos de afectados de toda España estribaba en que ninguno nos conocíamos. No había ninguna vía de contacto establecida entre afectados de Canarias , de Valencia, de Castellón, de Galicia , de Cantabria o de Alicante. Sin embargo “nuestro” abogado llevaba casos de toda España, por lo que acudimos a el para poner en marcha esta iniciativa. En nuestra propuesta original planteábamos que las asociaciones que nos uniéramos para defendernos conjuntamente ante Costas, siguiendo el conocido principio de lucha de la “unión hace la fuerza”, tenían que cumplir una serie de requisitos:
1º) Ser casos en donde la Ley de Costas se hubiera aplicado con carácter retroactivo, de manera arbitraria e injusta.
2º) Que no se admitieran casos de evidente abuso urbanístico por parte de los constructores (recordando que la mayor parte de la construcción en la Costa se ha hecho después de 1988).
3º) Que entendieran los afectados que no nos oponíamos a que exista y se aplique una Ley de Costas que proteja el territorio y medio ambiente, pero que debía hacerse respetando el derecho a que se reconozca las propiedad legales anteriores y se compensase adecuadamente por la pérdida de las mismas a los ciudadanos afectados.

De esta forma diversos casos de toda España, organizados a través de Jose Ortega, nos pusimos en contacto y acabamos constituyendo la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC).En estos dos años, la PNALC, ha tenido un protagonismo fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos afectados por la Ley de Costas de 1988:
· En este período presentó ante el parlamento europeo un informe sobre la aplicación de la Ley de costas en España en febrero de 2008, preparado por Jose Ortega, que dio lugar a parte del posterior informe “Auken”, que aprobado por el parlamento europeo en febrero de 2009, condena a España por su falta de respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos.
· La PNALC, se enfrentó al núcleo mas duro del Ministerio de Medio Ambiente denunciando ante la opinión pública la serie de arbitrariedades que se estaban cometiendo enviando masivamente nuevos deslindes sin apenas tiempo para organizar la defensa de los propietarios afectados, lo que acabó con la escasa credibilidad de estos funcionarios y responsables políticos y llevó a la salida precipitada de algunos de ellos de esas responsabilidades.
· Gracias al trabajo de la PNALC el Ministerio introdujo una pequeña modificación que permitirá la venta de las concesiones para aquellos casos en que esta sea la solución mas adecuada de sus derechos.
· La PNALC se ha constituido así en la última línea de defensa ante los abusos de Costas frente a los derechos legítimos de los ciudadanos de toda Europa que compraron propiedades legales en España y ahora observan como se las convierten en concesiones, rescatables por sumar irrisorias en cualquier momento.

Una asociación o plataforma de casos tan diversos siempre tiene algunas tensiones y ajustes que realizar para ser plenamente operativa. Esta también lo ha tenido. En la actualidad algunos personajes que pertenecieron a la misma, están llevando a cabo una campaña de desprestigio de la propia PNALC y sobre todo del abogado, que todo lo expuso para crearla, que abochorna por las mentiras que son capaces de difundir. En realidad son los mejores aliados de Costas. En este caso podemos aplicar el dicho de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Estas personas son las amigas de Costas al atacar a su mayor enemigo, la PNALC y el propio Jose Ortega, al que se le considera casi un apestado por parte de Costas, llegando incluso sus responsables a negarse a recibirlo y poner cada vez mas trabas a su trabajo legal. Estas personas que difaman a los miembros de la PNALC en realidad no han tenido mas iniciativa en estos meses que atacar a la Plataforma y a su organizador / fundador, haciendo un trabajo sucio e impagable para la propia Costas. Esperamos que al menos “lo suyo” se lo hayan podido apañar, aunque deberían recordar aquello de que Roma no paga a los traidores.

Sin embargo el trabajo de la PNALC continua. Actualmente hemos elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Costas para pedir que se someta al parlamento español. Esta reforma intenta preservar la defensa de la costa pero haciendo compatible dicha defensa con el respeto a los derechos adquiridos y en su caso con la obligación de compensar con justicia a los particulares por la perdida de sus propiedades. Además hemos iniciado una campaña de recogida de firmas para plantear dicha modificación de la Ley de Costas que llevaremos al parlamento español y al europeo. Hemos iniciado contactos y propuesto soluciones adecuadas a los diferentes partidos políticos como puede ser la creación de una Comisión Mixta que examine caso por caso los que se encuentran en la Plataforma y elabore una propuesta de soluciones. Al calor del informe Auken otras asociaciones, en este caso de negocios particulares (chiringuitos, explotaciones agrícolas etc) de han organizado y defienden ante Costas con fuerza, abriendo nuevos frentes y debates acerca de la validez de dicha ley en un Estado respetuoso y compatible con los derechos de los ciudadanos europeos.

No queda mas que felicitarnos y felicitarse de que los ciudadanos de este País por una vez se organicen al margen de las consignas de partidos políticos, en un movimiento ciudadano que, defendiendo sus justos derechos, haga ver al Estado que la impunidad y abuso en sus actuaciones tiene límites y opositores. En este caso es la PNALC.

Alfredo Masó
Miembro de la PNALC

Costas autorizó las 11.000 casas frente alk litoral de Calp que ahora quiere derrui

2009-09-14T06:56:00.000-07:00

Información del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino sobre el acceso a los expedientes de deslindes.

2009-08-03T00:07:00.000-07:00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. GABINETE DE PRENSA.
Información del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino sobre el acceso a los expedientes de deslindes.

Madrid, 30 de julio de 2009

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en relación con las informaciones aparecidas sobre el acceso a la información de los expedientes de deslindes se ve obligado a precisar:
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en ninguna ocasión ha negado información relativa a los procedimientos de deslinde que tramita a ningún ciudadano con derecho a obtenerla.
Como no puede ser de otro modo, la Administración es consciente deque, con respecto a los procedimientos que se hallan en tramitación, elartículo 35 de la Ley 30/1992, enumera los derechos de los ciudadanosen su relaciones con las Administraciones Públicas. Entre éstos, el apartado a) recoge el derecho “a conocer, en cualquier momento, elestado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado, y a obtener copias de documentos contenidosen ellos”. Ahora bien, en tanto que la Ley restringe este derecho a quienes tengan la condición de interesados en los procedimientos, y para tener acceso a todos los documentos contenidos en un expediente es necesario garantizar que tal condición se acredita fehacientemente, de lo contrario, simplemente se estaría incumpliendola norma.
Es de señalar, en este sentido que, en algunos casos, por ejemplo, la Administración se ha visto obligada a solicitar del abogado representantela aportación de la escritura de apoderamiento debidamente diligenciada cuando por éste se pide acceder a la documentación.
Resulta sorprendente que un letrado comparezca ante la Administración representando, supuestamente, a un interesado en un procedimiento, sin acreditar, sin embargo, dicha representación.
Asimismo, el artículo 37 de la misma Ley reconoce a los ciudadanos el derecho a “acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan aprocedimientos terminados en la fecha de la solicitud”. Tras reconocer tal derecho, la Ley añade dos importantes salvedadesesenciales, a saber:
• La primera (artículo 37.3) se refiere a la protección de los datos que pueden hacer referencia a la intimidad de las personas (algunos datos de esta naturaleza figuran en los expedientes, por ejemplo, el domicilio o el teléfono de todos los afectados, que no tienen por qué ser sometidos a conocimiento público, en tanto se trata de datos de carácter personal y, por ello, protegidos). Por otra parte, incluso podría acusarse a la Administración, si se suministraran sin más esos datos a cualquier persona que solicitase el examen de un expediente y, más aún, a un profesional del derecho en ejercicio, de estar favoreciendo algún interés mercantilista o económico, lo que podría incluso chocarcon la defensa del interés general a que la Administración está siempre obligada, porque es lo que la justifica como organización.
• La segunda, prevista en el apartado 7 del mismo artículo, prevé que el derecho de acceso a la información contenida en los archivos administrativos debe ser ejercido por los particulares sinque se vea afectada la eficacia de los servicios públicos, por ello prevé la Ley 30/1992 que debe, a tal fin, formularse petición individualizada de los documentos que se desee consultar, excluyendo la posibilidad de atender solicitudes genéricas.
De las afirmaciones y comentarios publicados puede inferirse que quienlos realiza, parece pretender obtener un trato de favor y diferenciado deldispensado al resto de los ciudadanos en sus relaciones con lasAdministraciones Públicas, buscando que el personal al servicio de éstasvulnere la normativa vigente para favorecer sus propios intereses, algo alo que la Administración sencillamente no se puede prestar.
Ello sin perjuicio de que, cualquier letrado, acreditando la representación con la que actúa y respetando la legislación vigente tendrá, por supuesto, derecho a examinar cualquiera de los expedientes en los que susrepresentados tengan la condición de interesados.
Por otra parte, las manifestaciones en el sentido de que “la concesión es el paso anterior al derribo sin indemnización” son completamente inadmisibles. Estas afirmaciones son falaces, inciertas y no secorresponden con lo que regula la Ley de Costas ni, obviamente, con la actuación del MARM en aplicación de esta ley.
Precisamente el otorgamiento de la concesión es lo que posibilita seguir disfrutando de las viviendas afectadas por un deslinde del Dominio Público Marítimo Terreste.
Tampoco se debe confundir la situación de los afectados por la servidumbre de protección, en la que los titulares conservan su derecho a la propiedad, con la de los afectados por el deslinde de este Dominio Público. En este sentido, resulta condenable el interés por inducir a error y confusión a los afectados, sin distinguir las diferentes situaciones de cada uno de ellos para crear un clima de crispación general que no obedece a situaciones reales.
En definitiva, los afectados por un expediente de deslinde, para conocer con exactitud la situación concreta y particular que les afecta, deben dirigirse a la Administración de la que obtendrán información veraz, de primera mano y absolutamente personalizada, para poder actuar en consecuencia.

http://www.marm.es/
gabinete.prensa@mma.es

“Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”

2009-06-04T02:20:00.000-07:00

LA MONCLOA
Revista de Prensa Internacional
martes, 19 de mayo de 2009

SECTOR INMOBILIARIO
BBC NEWS ONLINE (Reino Unido) “Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”

“El Parlamento europeo ha pedido a España que reforme las leyes de urbanismo que han permitido a las promotoras inmobiliarias adquirir terrenos privados por debajo de su precio de mercado y ha obligado a los propietarios a dejar sus casas, con algunos de ellos incluso viendo sus casas derribadas. Pero el conflicto pone de manifiesto el alcance del poder de los parlamentarios europeos, informa Stephen Chittenden”.
“Asediado por las quejas, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo llevó a cabo una investigación sobre las supuestas prácticas sospechosas. En esta investigación se averiguó que en algunas regiones españolas, las autoridades de urbanismo han estado rediseñando terrenos privados para uso urbanístico y sellando solicitudes de planificación presentadas por promotores. Los promotores podían posteriormente exigir a los propietarios que vendieran sus casas por debajo de su precio de mercado. Si se negaban a vender, se arriesgaban a que derribaran sus casas.
El informe del comité apelaba a España a proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero mientras los eurodiputados pueden utilizar sus poderes de persuasión, no pueden obligar a un gobierno a actuar. La autora del informe, Magrote Auken, eurodiputada del partido ecologista danés, afirma que su único poder real es el de vetar los fondos que España recibe de la Unión Europea. ‘El poder real es el dinero’, dice. ‘Por supuesto también esperamos que más presión por parte de la prensa dañe la reputación española, y así ponga de relieve los casos de las personas’. ‘Pero no tenemos poder formal aparte del dinero’. Y así, en marzo de este año, el Parlamento Europeo votó de manera abrumadora a favor del informe, y amenazó con congelar cientos de millones de euros en fondos si España no actuaba”.

Projecto de ley de reforma de la Ley de Costas

2009-05-22T17:23:00.000-07:00

PROYECTO_DE_LEY_DE_REFORMA_DE_LA_LEY_DE_COSTAS_n

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Siguen los atropellos

2009-05-12T14:52:00.000-07:00

Opinión
Juan Dávila García
• En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes
La ley de Costas, 22/88 de 29 de julio de 1988, ha sido ampliada con dos nuevos apartados ampliándose así la Disposición Transitoria Primero, con el único objeto según los legisladores, de permitir la transmisión por “actos de inter vivos” de concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre, teniendo el Ministerio derecho de “tanteo y retracto” por espacio de tres meses. Dado y como se está aplicando estas dos nuevas disposiciones es muy posible, que quienes las aplican estén vulnerando la Constitución, ya que si nos atenemos a las premisas legales que se citan no guardan ninguna relación con los atropellos que se siguen cometiendo y que si la ciudadanía no se revela impugnando estas arbitrariedades todo esto será el cuento de nunca acabar. El Derecho Civil, dice que el retracto, es el derecho de adquisición preferente en virtud del cual una persona recupera una cosa vendida a otro, por el mismo precio y las mismas condiciones pactadas en la compraventa……. y sigue diciendo: el retracto convencional es el que se puede establecer en los contratos de compraventa, por el cual el vendedor, salvo que se haya pactado lo contrario, pueda recuperar la cosa cuando el comprador la venda a un tercero en el plazo general de cuatro años. En el caso que nos ocupa, ni existe contrato de compraventa, ni el propietario actúa como vendedor, solo se le expropia o embarga y se le derriba la cosa, (sin derecho a percibir indemnización alguna como ocurre en los Anexos de Playa del Inglés y de Maspalomas), por consiguiente nunca tendrá opción a recuperar su propiedad, en cuyo caso el “retracto” no existe, vulnerando quienes llevan a cabo estas atrocidades, amparándose en la ley citada que es estulta, agresiva, lesiva, y que atenta contra los Derechos Fundamentales de los ciudadanos españoles, así como también contra la legalidad vigente, (como se observara a tenor de todo lo expuesto), que no se aplica con el rigor que debiera, beneficiando al poderoso en detrimento del humilde. Lamentablemente todos estos execrables actos se van seguir cometiendo, mientras la Justicia mira hacia otro lado. Ya han sido muchos los derribos que se han llevado a cabo, empezando por el de Cho Vito en Tenerife y si hoy alguien no lo remedia se derribara la última casa del Barranco de la Ballena en el término municipal de Santa Mará de Guía que serán en total cuatro con las tres derribadas la semana pasada. En el territorio peninsular se han llevado a cabo verdaderos atentados contra la misma historia, han sido derribados poblados pesqueros enteros con edificaciones de más de 200 años de antigüedad, el Restaurante Pepita en Cádiz un edificio construido en el siglo XVI, y otros están amenazados y sus derribos será cosa de días o como mucho de semanas. En el sur y norte de Gran Canaria son muchos los poblamientos que están en esta lista o rol de edificaciones amenazadas, las cuales todos conocemos por haberlas estado visitando durante toda nuestra vida, mientras que otras son respetadas por costas por el mero hecho de ser propiedad de los grandes terratenientes, que transgrediendo las normas sistemáticamente nadie se atreve a meterse con ellos por temor a su enorme poder dentro de la sociedad.
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También el abogado y portavoz, de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, (PNALC), José Ortega, manifiesta: “que son más de 500.000 ciudadanos los que están sufriendo la política abusiva, no igualitaria y con carácter retroactiva que aplica el gobierno en los últimos años en relación al litoral”. Esta Plataforma al igual que la citada anteriormente, pretende luchar contra los supuestos abusos que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Costas, por la Dirección General correspondiente, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que está afectando especialmente al levante español, Valencia, Alicante, etcétera y también a Canarias.

Comentarios

Autor: MERCHE
Gracias Sr. Dávila por ser tan valiente al comentar este Expolio que ha hecho el Gobierno.La mayoría de medios de comunicación a pesar de que han visto personalmente la mal aplicación de la Ley de Costas con arbitrariedad y sobre todo retroactivamente, no han publicado esta noticia de tan profundo calado para que llegue al corazón de la gente. Miles de ciudadanos honrados ven que de la noche a la mañana su vivienda con todos los requisitos legales ya no les pertenece, y les quieren dar una concesión que es lo mismo que a Robo encubierto. Todas las personas de bien, amamos el litoral, pero hay que ser honestos y no hacer demagogia poniendo legales e ilegales dentro de un mismo saco ( no por esto menos dramático ) Por vez primera entiendo perfectamente el significado de pertener a la UE pues es lo único que nos queda, defienden el derecho a nuestra propiedad legal que es lo que deberian haber hecho nuestros políticos, esto ha sido y es en toda regla un ABUSO DE PODER
Enviado el 12-05-2009, a las 18:06:37

Autor: GOYO
El Parlamento Europeo, a través del Informe Auken, pide a España que revise y en su caso modifique la Ley de Costas, para que no siga oprimiendo los legítimos derechos de los simples ciudadanos, mientras se pliega ante los poderosos. ¿Por qué somos más papistas que el Papa, por qué tan soberbios como para no reconocer que no se pueden aplastar aldeas centenarias, que no se puede quitar a la gente -sin nada a cambio- aquello que el propio Estado consintió que se adquiriera? ¿Por qué tanta retórica vacía en lugar de solucionar problemas reales? ¿Por qué "sostenella y no emmendalla"? ¿Sólo nos queda Europa?
Enviado el 12-05-2009, a las 19:53:33
Autor: Jon
Muchas gracias Sr. Dávila. Poca gente escribe con claridad lo que pasa en este país. Seamos claros: En España se están aplicando leyes con efecto retroactivo (En mi caso mi propiedad data de 1683 con sus escrituras y registros de propiedad anteriores a la implantación del estado moderno). En España se aplican las leyes de forma arbitraria (En el mismo deslinde que declaran a mi molino Dominio Público a los otros dos existentes los declaran privados. ¿como es posible si son tres construcciones en el mismo estuario con las mismas características y cotas). En España te quitan la propiedad sin costraprestación. (En mi caso no puedo acceder ni siquiera a la concesión) En España Costas actúa activamente en la destrucción del Patrimonio. (No me conceden autorización de arreglo del tejado de mi molino, vivienda, ya que no dispongo de la concesión, y no la puedo tener al haber fallecido mi madre, propietaria del molino, como bien me lo recuerda Costas. Las actuaciones de Costas desde el año 1996 han seguido una pauta muy clara: Prohibir actuaciones de mantenimiento en los diferentes elementos del molino para conseguir su completo deterioro. No respeta ni las resoluciones del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia en un bien catalogado como monumento, no permitiendo las actuaciones de mantenimiento del los elementos del molino y correcta conservación del edificio). En España la Ministras encargada de Medio Ambiente falta a la verdad, ya que niega que la Ley se aplique de modo retroactivo y de materia arbitraria. Además afirma que la concesión supone una contraprestación al valor "incautado". En mi caso ni eso siquiera. Esto lo escribe un afectado, propietario, a la que la Administración le está usrpando la propiedad y dañando no solo mi patrimonio, sino con sus actuaciones está deteriorando un elemento patrimonial de alto valor. Información del molino Portu-Errota en Internet
Enviado el 12-05-2009, a las 23:20:23

ELENA ESPINOSA, LA EMPERATRIZ ENGAÑADA

2009-05-10T00:41:00.000-07:00

Hace unos dos meses la Ministra tenía por el norte un acto público al que concurrió el presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Pedro Fernández, junto con otros afectados. Llevaban una pancarta, creo. La cosa era en el campo. Se acercó un policía, les preguntó si querían hablar con la Ministra, dijeron que sí y tuvieron un encuentro, pero el cambio de pareceres fue decepcionante, o más bien no hubo cambio de pareceres. La señora los acusó de estar engañando a la gente, de no ser tantos afiliados como decimos, de que no es cierto que todos los que están con nosotros son legales, etc.

Todo muy raro. En condiciones normales la Sra. Espinosa se habría limitado a decirles que no tenemos razón, que el gobierno no aplica la ley retroactivamente y todo ese rollo casposo que suelen soltar. Pero no. Les vino con detalles internos de la Plataforma. Sí, internos, y al mismo tiempo erróneos. Todo el mundo sabe que en la Plataforma no pueden entrar los que no tienen derechos o no tienen razón, en particular los que se han apropiado ilegalmente del dominio público. Es una condición que impuse en su momento, coincidiendo con la fundación, porque en caso contrario no podríamos presentarnos en sociedad mirando a la cara a nuestros conciudadanos, a los periodistas y demás familia. Y yo mismo sufro las consecuencias, porque he tenido que decirles que no a clientes del despacho en situaciones poco claras.

El pasado miércoles la misma Espinosa estaba de nuevo por ahí, esta vez en Oviedo. Y el mismo José Pedro también. Lo acompañaban una vez más algunos compañeros y también dos de sus primas. Se quedaron en la vía pública con una pancarta, de forma totalmente inofensiva. Después entraron en el vestíbulo del hotel y un miembro del séquito imperial se dirigió a ellos.
-¿Quieren ustedes hablar con la Ministra?
El diálogo se volvió a reproducir de la misma forma que unas semanas antes. Que sí, que sí que querían.
-Voy a hablar con alguien del gabinete, pero no les prometo nada.
El personaje desapareció y a los pocos momentos los afectados recibieron una visita, pero no era la Ministra, ni el gabinete, sino diez policías nacionales como diez torres. Los tipos se acercaron, más chulos que una cuadrilla de toreros en celo, y les ordenaron que salieran inmediatamente del hotel, advirtiendo que como se pusieran tontos irían al calabozo.

Sí, sí. Sin bromas. Los pobres agacharon la cabeza y se quitaron de en medio con las tripas revueltas por la repugnancia. Toda una vida como personas de bien para que esos tipos con placas, porras y pistolones los trataran como escoria. Conozco a José Pedro y a los que lo acompañaban. El se dedica a hacer montajes eléctricos, una de sus primas vende pan, un compañero tiene vacas y fabrica yogur. Nadie te puede echar del vestíbulo de un sitio público como un hotel, excepto el dueño si estás armando bronca y la policía por razones de seguridad. No se daba ni una condición ni la otra. Aquellas personas eran los trabajadores que pagan con su esfuerzo, sus madrugones, su honestidad y sus impuestos los sueldos de esos ministros y esos policías, y son por tanto dignos del mayor respeto.
Pero claro, esta Ministra Elena Espinosa, que se cree lista pero al parecer se deja manipular como una adolescente con granos, no tenía nada que hablar con José Pedro ni con sus primas teniendo en cuenta que ya les había vomitado encima la vez anterior, que ya se había desahogado echando fuera la bilis y que ya se había quedado tranquila al repetir como un loro las idioteces que le había inoculado ese posible personaje frustrado y despechado a través de ese otro posible personaje que tiene una pata en cada sitio y que hace de posible e hipotético correo. Así que de diálogo nada. Unos cuantos golpes de porra era lo que necesitaban los electricistas, ganaderos y panaderos que estaban allí, esperando pacífica e ingenuamente que la señora los escuchara.

En navidad le pedí audiencia. Me contestó con una carta en la que me decía que el día tiene 24 horas y una frase como ésta: “lo que sí no le tolero es que critique a equipos anteriores”. Dejando aparte su pintoresco uso de la gramática, si dos iguales están en la barra del bar y uno le dice al otro que no le tolera que hable mal de su cuñada, o de Maradona, esto no es más que un recurso verbal. Pero si el que prohíbe o no tolera es la Ministra, y se lo dice a un ciudadano, la cosa cambia. Entonces ya no es un recurso mental, sino la Santa Inquisición con faldas y a lo loco.
Creo que no se dio cuenta cuando me escribía esa cosa. Un Ministro no puede prohibirle a un ciudadano que critique a equipos anteriores o lo que le dé la gana. No tiene más remedio que tolerarlo, son las reglas del juego.
Después le volví a pedir audiencia. Está en un blog anterior. Nada de nada. Ella recibe a otros colectivos, no a nosotros. A nuestros enemigos internos las intrigas y los sabotajes les funcionan de maravilla.
A mí también se me revuelven las tripas ante lo que pasó el otro día en Oviedo, pero procuro no ponerme tenso porque sé que a todos éstos la historia les va a pasar por encima. Y también a los patosos que fingen ser compañeros de trinchera y nos acuchillan por la espalda.
José Pedro, Blanca, José Luis, Isabel y todos los que estaban ese día se tragaron un marrón por todos los afectados de España y todos deberíamos estarles agradecidos. El calificativo más apropiado que se me ocurre para ellos es el de héroes populares. Héroes de la paciencia, la honestidad y el civismo. Es muy duro esto de tragarse las humillaciones de unos tíos machotes armados hasta los dientes que pueden hacer contigo lo que quieran aunque tú no hayas hecho nada. Claro que, bien pensado, a lo mejor los trataron tan mal por lo que decía la pancarta:
AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS DE NUEVO OS SALUDAN
La Ministra, sus asesores, su gabinete, el comisario de policía, el jefe de seguridad o alguna otra mente lúcida debió pensar que se trataba de un mensaje subversivo. Puede que en clave.
Son José Pedro, sus compañeros y los ciudadanos como ellos los que por fortuna sostienen el país. Son lo que hace que España merezca la pena. Ellos y no esas emperatrices de opereta capaces de ceder a la espantosa tentación de utilizar a las fuerzas de orden público para ofender y humillar a personas inocentes de todo mal. Los malos gobernantes pasarán y cuando nadie los recuerde los ciudadanos seguiremos adelante, construyendo un país libre y digno.

José Ortega

http://costasmaritimas.wordpress.com/2009/05/10/elena-espinosa-la-emperatriz-enganada/

Recurso de Inconstitucionalidad cointra ley de vivienda de Galicia

2009-04-17T07:42:00.000-07:00

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar del Presidente del Gobierno la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Disposición Adicional Segunda de la ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, al entender que contraviene lo establecido por la Ley de Costas respecto a la extensión de la zona de servidumbre de protección aplicable a los núcleos rurales del litoral existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley estatal.
La Ley de Costas prevé, con carácter general, que la servidumbre de protección deba tener una anchura de cien metros desde el límite del litoral y sólo permite de forma excepcional que tenga una anchura de veinte metros en aquellos terrenos que ya estuvieran clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la normativa estatal en dicha Ley I, es decir, antes del 29 de julio de 1988.
Sin embargo, la disposición que va a ser recurrida establece que esta anchura excepcional de veinte metros se extienda a otro tipo de supuestos urbanísticos, lo que desvirtúa la Ley de Costas.
El recurso ha sido elaborado de conformidad con los informes de los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y de Política Territorial, y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

LA MONCLOA 17 abril 2009

Germán Castrillón, es usted un mentiroso.

2009-04-11T00:54:00.000-07:00

O usted es un mentiroso o El Diario de Ferrol se ha equivocado, otra vez.

Usted jamás se ha dignado a dirigirse a los propietarios de los chiringuitos afectados de la Playa de Cabanas por la Ley de Costas y me parece un insulto que se diga que actúa de mediador entre la administración de costas y los chiringuitos.

Tras salir usted elegido alcalde y debido a una visita en la alcaldía que le hemos hecho nosotros, usted nos dijo alto, clarito y varias veces "derribo y sin un duro".

Posteriormente dejó de cobrarnos los recibos anuales y cuando en un pleno se le preguntó el motivo, contestó "estamos en trámites con Costas".

Después nos impidió el acceso a nuestros negocios quitando el cierre del que teníamos llave, y así evitar la descarga de mercancía en los negocios limitándolo a unas horas absolutamente incomprensibles. Recuerde que acabamos en el juzgado por ello.

Más tarde permitió y acudió a una fiesta Techno que la guardia civil interrumpió porque, además de ser ilegal estaba prevista una duración de 36 horas con 10.000 watios y según el cartel, permitía la acampada libre en un pinar en el que, según la Ley de Costas, está prohibido acampar.

Más tarde y con la intervención de Costas aprobaron un plan de saneamiento del pinar por el valor de 450.000 euros cuando jamás se preocupó por el estado de los pinos. Estado lamentable que yo he denunciado a la demarcación de Costas y en su concello meses antes sin obtener más respuesta por parte de Costas que era menester del concello el mantenimiento del pinar según la propia ley de Costas.

La jugada terminó, en que ese plan para el pinar incluía los tres nuevos chiringuitos de los que usted ha dicho que únicamente tenemos "puntos". Tres chiringuitos adaptados a la excepción que contempla la Ley de Costas que dice que han de tener 100 metros cuadrados más cincuenta de terraza y una separación de 200 metros entre ellos. En Cabanas cabrían 6 por lo menos.

Usted metió los chiringuitos con el asunto de los pinos con el único objetivo de evitar que la oposición se pronunciase en contra.

Yo no sé sí 450.000 euros para el pinar son muchos o pocos, pero si sé que si usted y la demarcación de costas los hubiesen cuidado más a menudo no estaríamos hablando de estas cantidades. Ya sé que "la procesionaria" les ha hecho daño, pero es que llevábamos años así y no es casualidad que justo ahora que el PSOE ha decidido derribar a medio país mientras se construyen diariamente 120000 metros cuadrados de cemento en nuestras costas y ante tanta crisis se le pongan remedio a cosas "tan importantes".

Y digo tan importantes porque que tras tener una caseta de socorrismo de 16 metros cuadrados, que tenía que hacer uso del agua del chiringuito de al lado, ahora vayan a construir una valorada en 40 millones de las antigüas pesetas justo en el lugar donde ardió misteriosamente O´Lar de Antón ó el presupuesto de 250.000 euros para la adecuación de la zona del antiguo campo de fútbol y el parque de ocio.

Yo le pregunto a usted, cual es el beneficio que le prometió la administración por "echarnos sin cobrar un duro", porque sabemos que usted está obligado a ello, usted y todos los ayuntamientos de España. Quizás sea una placa en el parque con su nombre por la enorme labor que usted va a realizar por el medio ambiente. No es ninguna ironía. Sí realmente me equivoco reúnanse ustedes y Costas con nosotros de una puñetera vez y digan la verdad.

Yo sospecho que sucederá algo parecido a lo que ocurrió en Villarrube y en otros muchos lugares de nuestras costas.

Jorge Carlos Vázquez

http://www.orfeu.es/costas/German_Castrillon_Mentiroso.php

La ciudadanía denuncia el boicot de PP y PSOE al informe Auken sobre el ladrillazo español

2009-04-08T06:00:00.000-07:00

EL CONFIDENCIAL 26 de Marzo de 2009
Fátima Martín.-

“Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.
Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.
Críticas a la corrupción política y a la Justicia
La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. ·Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa·, aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. ·Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial·, denuncian.
Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, y la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio

OPINIONES DE LOS LECTORES (39)
39. Alberto Dietz - 25/03/2009, 22:09 h.
[ignórese la última línea que no borré de mi anterior mensaje]Cuando la cifra de víctimas reales y potenciales de crímenes expropiatorios via excusas legisladas [expropiación, suelo, costas, etc] puede alcanzar hasta un millón de propietarios potencialmente expoliables, ya va siendo hora de quitarse de encima el peso muerto de la mafia banksteril y sus mandados politiqueros en dictaduras de proximidad y lejanía, y abolir figuras pseudo-empresariales como el "agente urbanizador".
38. Alberto Dietz - 25/03/2009, 21:30 h.
Mañana jueves 26 de marzo a las 12:00hs en punto el Parlamento Europeo votará el Informe Auken, LIVE via internet:http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=esYa sea antes o después del evento, cada uno puede descargar gratis http://www.mises.org/etexts/hoppe_libertad_socialismo.pdf y darle una ojeada de vez en cuando. Se recuperaría la memoria perdida respecto al sagrado derecho de propiedad, sin el cual la civilización es imposible.Libre de humos y espejitos, la realidad nos muestranos criminales grupo criminal
37. juana la loba - 25/03/2009, 21:01 h.
Totalmente de acuerdo. Ibn Gabirol.
36. ibn Gabirol - 25/03/2009, 20:18 h.
Me alegro ENORMEMENTE de que saquen este tema en los foros internacionales y les explico por qué. Ya sé que esto puede ser muy trascendente para las inversiones extrangeras en España, pero un Estado es una cosa muy seria....Si ninguno de los dos gobiernos ha sido capaz de imponer seriedad en un tema tan importante como la vivienda, si esos gobiernos han sido el ENEMIGO del ciudadano y favorecedores de todo tipo de especulación, ESO DEBE SABERSE y si es posible EXIGIR RESPONSABILIDADES. Es una verguenza, que estos dos GOBIERNOS INEPTOS se estén tapando unos a otros y no dando la cara. Si lo han hecho bien, que lo EXPLIQUEN. España es una chapuza permanente y hay que cambiar esto, YA. De acuerdo en lo de corruptos, ahi si jugamos la CHAMPION LEAGUE; a las pruebas me remito. De todos los colores.
35. juana la loba - 25/03/2009, 19:55 h.
Sus jefes si
34. PJCM - 25/03/2009, 19:54 h.
#33 Ese señor, Peñalver, fue funcionario del Ayuntamiento de Murcia, en Urbanismo. Es Arquitecto, y no tuvo ningún cargo politico.
33. juana la loba - 25/03/2009, 19:05 h.
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032500_3_158748__MURCIA-juez-piensa-aprovecho-cargo-Urbanismo.
32. juana la loba - 25/03/2009, 19:05 h.
¿Quiere argumentos,Sr. PJCM?. Estos los publica La Opinión de Murcia.http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032500_3_158748__MURCIA-juez-piensa-aprovecho-cargo-Urbanismo
31. Rolania - 25/03/2009, 18:50 h.
¿Y que? ¿a quien denuncian?¿al maestro armero? .La democracia española es una entelequia,aqui tenemos unas organizaciones pseudomafiosas chupando del presupuesto,sin niguna democracia interna,interviniendo en todos los ambitos de la actividad ,asignandose sueldos y pensiones ,con una Justicia totalmente politizada ,lenta y dudosa que hace inviable cualquier posibilidad de desarrollo.Que se han puesto las botas con la construccion,mejor con eso de las recalificaciones? lo sabemos todos ,y que se puede hacer? NADA.La unica posibilidad que tenemos es ....no pagar impuestos.Solo oir la actuacion en el "leemento" el dia de hoy ,da una imagen subrealista de unos tios ..que tienen el puesto fijo..para europa ¿que es eso? va a votar su santa.
30. ZOOFOOT - 25/03/2009, 18:49 h.
Quería añadir al comentario anterior la intervención de la ministra Elena Espinosa el pasado domingo 15 de marzo en la localidad cántabra de Unquera en la que al tiempo que inauguraba un paseo hormigonado en la rivera negaba la afectación de industria o ganadería alguna en Cantabria por la aplicación de la Ley de Costas ante la perplejidad de numerosos industriales y ganaderos afectados presentes en el acto.
29. juana la loba - 25/03/2009, 18:48 h.
¿O solamente DIFAMADO?
28. juana la loba - 25/03/2009, 18:31 h.
"Usted no es más que una resentida que vierte su bilis" ¿Esto como lo entiende Udc.Sr.PJCM?.¿Insulto,descalificación o difamación?. ¿Cuales son sus argumentos?. ¿Y sus pruebas?. ¿Se sentirá insultado si lo CALIFICO como MERLUZO?.
27. juana la loba - 25/03/2009, 18:21 h.
Y no es de extrañar que la Comisión Europeaponga en tela de juicio a las instituciones españolas,entre ellas ,la justicia.Antes de eso ya se encargan algunos,como Usted,Sr.PJCM,en el momento en que sus decisiones no le son favorables, como acostumbramos a observar en todos y cada uno de sus posts.
26. ZOOFOOT - 25/03/2009, 18:21 h.
El problema de los afectados por la Ley de Costas en la cornisa cantábrica tiene la particular característica de que la aplicación de la Ley con caracter retroactivo afecta, además de a viviendas y fincas particulares, a cientos de empresas agrícola-ganaderas e industriales ubicadas en terrenos costeros, riveras de rías, marismas saneadas, etc.que desaparecerán o verán limitada su viabilidad en el 2018. LAS ADMINISTRACIONES, TANTO CENTRAL COMO AUTONÓMICAS Y LOCALES, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER ESTOS PROBLEMAS. Ës una vergüenza que los que representan a los ciudadanos se olviden de éstos para tapar su culpabilidad en los desmanes urbanísticos que se han producido en el litoral.
25. juana la loba - 25/03/2009, 18:15 h.
Sr. PJCM: ¿A quien he insultado yo?. Corte y peque.¿A quien he difafamado yo?. Corte y pegue.¿A quien he descalificado yo que no lo haya hecho su propio comportamiento?. Corte y pegue.Es lo único que sabe hacer, aparte de aquello de lo que me acusa a mí,como saben todos los que intervienen en los foros de El Confidencial.
24. juana la loba - 25/03/2009, 18:12 h.
Jose Martinez Andreo,Alcalde de Totana,mi pueblo,esta acusado desde hace año y medio de 8 delitos relacionados con la corrupción. Así mismo está Francisco Marqués,dos veces consejero en gobiernos de Valcarcel y delegado dlgobiernocon el último de Aznar.En cuanto a laspruebas, se hallan en los tribunales,y de diputados europeos fiables,no contaminados con lacorrupción imperante.PJCM Corto y pego,como a Ud le gusta tanto hacer. Estos si que tienen las pruebas:http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/755/755463/755463es.pdf
23. J&L - 25/03/2009, 17:09 h.
Pues mire. Dudo mucho de que se vayan a enfrentar a nada. Mire que simple.Las competencias de urbanismo están transferidas a las comunidades. Los PGOUs son competencia de los ayuntamientos, pero los aprueban las consejerías de urbanismo de las comunidades que, además cuentan con el informe de la de Medioambiente. Tanto alcaldes como consejeros autonómicos de urbanismo, están cubiertos por el organismo superior y por un dictamen jurídico de sus respectivos gabinetes.Y en última instancia, son los TSJ correspondientes quienes otorgan validez o no a un PGOU aprobado si hay cualquier recurso contra el mismo. Así mismo, es la propia comunidad autónoma [su junta] quien ha tenido capacidad para retirar las competencias de urbanismo de cualquier ayuntamiento si no autorizaba un plan o el ayuntamiento desobedecía.Un PGOU podrá ser una burrada, pero si está aprobado y se ejecuta, las reclamaciones al maestro armero. Si hay que pagar indemnizaciones a europeos, lo hará el erario público.Por no hablar de los habitantes de muchos pueblos que han rechazado en las urnas a quienes se comprometían a acabar con esas burradas y/o ilegalidades.
22. PJCM - 25/03/2009, 16:49 h.
#21 Usted no es más que una resentida que vierte su bilis en estos foros. Solo sabe insultar, descalificar y difamar, sin argumento alguno y menos con pruebas.¿Es que no tiene quién la quiera?.
21. juana la loba - 25/03/2009, 16:38 h.
En Murcia,a porrillo. Me refería a que Pepiño no es cargopublico, si no un ciudadanocon un cargo en un partido olitico.Lo de esa urbanización seráresponsabilidad del municipio o la Xunta.En Cambio,quienes si se deben enfrentar a sanciones comocargos publicos serán Valcarcel,Zaplana,Camos,Chavez,Touriñoen este caso y sus consejeros, directores generaleSalcaldes,concejales de urbanismo y demás morralla,casi siempre miembros de los dos partidos ayoritarios.
20. J&L - 25/03/2009, 15:14 h.
Juana la loba. Lo de Villapepiño no es a título individual. Hay un ayuntamiento que concedió la licencia para esa urbanización, un PGOU que determina donde y como se puede o no construír y una Xunta que aprueba el PGOU.Conozco bien lo que hay por el litoral de las comunidades de Murcia y Valencia, pero nunca había visto, como en una localidad andaluza, que un PGOU se redacte intencionadamente con lagunas, la Junta lo apruebe y el TSJ lo tire por tres veces. Que el ayuntamiento sepa las causas por las que se lo rechazan y no las enmiende para, de esa forma y en esa situación, poder seguir haciendo la vista gorda [todavía hoy] a los negocios urbanísticos de sus amiguetes, so pretexto de que el plan no lo explicita.Y se sabe que se seguirá presentando, la Junta aprobándolo, organizaciones equis denunciándolo y el TSJA tumbándolo. Cuando alguna vez interese, se presentará el correcto y se aprobará sin problemas, pero para entonces ya habrán hecho el cupo, transcurrido cinco años y lo construído no habrá quien lo tire.Y aquí manda el PSOE de D. Manué.
19. J&L - 25/03/2009, 15:03 h.
TERMINO..habrá que pagar gastos de urbanización, presentar un proyecto sobre lo hecho, visarlo, pagar una multa y solicitar legalización.El engaño empieza en la propia administración estatal. La agencia inmobiliaria, los anuncios en medios públicos de venta, el notario que no avisa y cobra, el ayuntamiento que recauda un IBIU de una vivienda ilegal, el pototo y Maroto...Pero es que a los nativos también nos la pueden jugar aunquee creamos que nosotros somos listos, prudentes y preguntamos antes de comprar.
18. J&L - 25/03/2009, 15:00 h.
He leído el informe y es demoledor. Si es aprobado, se sustancia después en una acción ejecutiva de obligado cumplimiento y, como sería lógico, dado a conocer públicamente, vamos a ser la vergüenza internacional de todo Occidente.Al menos habrá servido para que veamos una ventaja en pertenecer a la UE, la de no ser meros súbditos con derecho a voto trucado cada cuatro años en los tres niveles electorales.Un caso clásico [conozco muchos]:Matrimonio inglés que no entiende tres palabras en español. Accede a los servicios de una agencia inmobiliaria legal con oficina abierta al público, paga un servicio de intermediación, hasta de escrituración por notario [ojo], etc., etc. y se va a su sueño en medio del campo entre cardos y lagartos a cinco o diez kms del mar.Paga su IBIU y al cabo de cuatro, seis... años, le dejan sin luz. Explicación, era de obra y todos pagaban al promotor, que a su vez pagaba a la cía eléctrica, esta un día se cansa y se acabó, ni admite contratarla porque la vivienda es ilegal.Empieza a levantarse la liebre. Está en rústico, ilegal, con dos variables: a] No urbanizable y adios casita. b] Urbanizable ad calendas peeero, ...SIGO
17. taraza - 25/03/2009, 14:32 h.
Hace 40 años, ni siquiera podíamos imaginar que, tras 30 años de democracia, las cosas pudieran estar como están: despilfarro y corrupción, extensos y profundos. Y lo que es peor, ¡mucho peor!: quienes dirigen la cosa pública, semianalfabetos, zoquetes, osados, irresponsables, amorales, casi en su totalidad. La sesión de hoy en el Congreso, surrealismo puro. Dos grupos de chiflados, aplaudiendo a su líder cada vez que soltaba su majadería. ¡¡Diputados de la Nación...!! - Un momento: ¿qué nación, de qué nación habla usted?. - Sí, es cierto, la Nación ya no existe.
16. juana la loba - 25/03/2009, 14:21 h.
Pepin Blanco,es posible,a titulo individual.Como responsable politíco, el Sr. Valcarcel va a tener que dar muchas explicaciones,y de nada le va a servir sus contactos en el comité de regiones,minoritario y sin peso especifico, dado que los únicos paises con presencia en el son España y Alemania,dos entre 25.[Las demás carecen de estructura regional], Sr.PJCM. Junto con Camps,Zaplana, y también Chaves, no se preocupe Ud.
15. PJCM - 25/03/2009, 13:39 h.
"...critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles". A la cabeza de esos criticos se debe encontrar D. José Blanco, número 2 del PSOE, y dueño de un atico en Villa PSOE a 20 metros del mar.¿Que hará Nuñez Feijóo cuando tome posesión?. ¿Le será de aplicación a Villa PSOE la Ley de Costas, como se le aplica a cada hijo de vecino?.
14. juana la loba - 25/03/2009, 13:30 h.
Juliepto,muchos han compradoen unas condiciones que se han variado despes,mediante procesos opacos y no usuales en sus paises de origen.Otros , como es el caso de unos amigos mios de Totana, tenían propiedades desde hace generaciones y los han jodido en los ultimos años. Siendo británicos, han protestado ante sus representantes de allí, que se han puesto en contacto, tanto con otros ciudadanos británicos con problemas,como con diputados de otros paises. La cosa viene de lejos.
13. juana la loba - 25/03/2009, 13:27 h.
Unos cuantos que creían que podían hacer u deshacer a su antojo se van a encontrar con muchos problemas.
12. juana la loba - 25/03/2009, 13:25 h.
Estaba cantado.Lo que pasa es que los responsables plíticos no valoraban lo que significa oertenecer a la Unión Europea,pensandoen que todo se reducía a trincar fondos europeos, sin contrapartidas.Los responsables de comunidades turísticas como Valencia,Murcia o Andalucía van a tener problemas. Después vendrán las auditorías sobre el uso de los fondos de cohesión,culturales, etc.
11. juana la loba - 25/03/2009, 13:22 h.
En su mayor parte,la protesta viene de los ciudadanos extranjeros, que se han quejado a sus respectivos representantes en sus paises.Ya se han manifestado en muchos lugares, tales como en Mazarrón,debido a las deficiencias en las propiedades compradas,en las recalificaciones salvajes,en el comportamiento de los ediles municipales,etc etc.
10. julipto - 25/03/2009, 12:58 h.
"la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano".Menos demagogia, oiga.Nadie les obliga ni a comprar, ni a vender.Señores de El Confidencial: No se puede calificar de "ciudadanía" a 600 colectivos...cuando llenen todas las ciudades de España de manifestaciones, entonces, tal vez.Menos demagogia, que la demagogia no nos va a sacar de la crisis...
9. smith - 25/03/2009, 11:50 h.
lo comparto, esta noticia debería estar en la cabecera...que mejor forma de dar voz a la gente de la calle...en este país la libertad de elegir está secuestrada hace años..y creo que hasta liquidada..
8. afectadísima - 25/03/2009, 11:33 h.
¿Cómo era aquello?Algo asi como ... "no hay mentira cuando todos saben que es verdad"
7. esteban27 - 25/03/2009, 11:28 h.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/755/755463/755463es.pdf
6. asturtrasgu - 25/03/2009, 11:06 h.
me parede que es este para el que este interesado , pense que seria mas complicado de encontrar.nullnullhttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/755/755463/755463es.pdf
5. asturtrasgu - 25/03/2009, 10:55 h.
seria de gran utilidad saber el link a dicho informe , el poder de internet es infinito y por mucho que se empeñen los medios de comunicacion ampliamente controlados por los distintos pseudopartidos politicos, el socorrido forward es mas poderoso que cualquier panfleto[perdón periodico].
4. StugIII - 25/03/2009, 10:32 h.
Bravo. ¿Y si ponen este artículo en la cabecera del periódico?Es una prueba más de que vivimos en un régimen de corruptocracia. Y que hay que tapar como sea. Es increible que un pais que vive del turismo tenga este urbanismo-basura que todos sufrimos. Es pan para hoy -para unos pocos- y hambre para maña -para el resto-. Es una verguenza, me averguenzo de mi propio pais y de la pasividad de la gente que vive en él.
3. Eurípides - 25/03/2009, 10:31 h.
Itchi, me pareen muy interesantes tus comentarios, pero creo que no lo entiendo.. Lo podrías explicar mejor o te dejo mi mail.
2. itchy - 25/03/2009, 08:58 h.
El PP y el PSOE españoles están mano a mano colaborando en el Parlamento Europeo para que el informe Auken sea rechazado. Ya les colaron el gol en la Comisión de Admisión, con dos tercios de votos favorables a la aceptación del mismo [23F, 11C, 1A].Pues digo yo que ya era hora de que los dos "grandes" partidos empezasen a tomar iniciativas conjuntas. Por fin en algo!!! Ah! Que no ?... Que sólo es para taparse las vergüenzas los unos con los otros? Pues vaya..., que quieren que les diga, que era de suponer, de tales señores no se debe esperar cosa diferente.El informe Auken, si tienen tiempo y desean indagar un poco, verán que es durillo con esta nuestra "democracia" y esta nuestra "justicia", pero sin embargo no dice nada que no sepamos todos que es verdad.El hecho de que se aprobase, aún con todo, sería una vergüenza más para este país llamado España. Si así fuera, sólo advertir al aficionado que esté atento por esos días. Se dará, si escucha con atención un curioso fenómeno, oirá perfectamente,un silencio espeso y chirriante de Segunda Restauración.
1. itchy - 25/03/2009, 08:47 h.
Informe Auken:1 Justicia española: lenta, cara y ... con influencias políticas!!!Es fácil deducir que eso no es cierto. Y queda demostrado por el hecho de que si eso fuera verdaderamente así, entonces2 la noticia abriría las portadas de periódicos, telediarios, digitales y las conversaciones en bares y oficinas.Dado que lo anterior, 2, es fácilmente comprobable que no es cierto, se deduce que,1 no es cierto. Evidente.Aunque se dice que hay puristas de método que malvadamente sugieren un posible defecto en silogismo tan redondo.Dicen que pudiera ser que la justicia a la gente le importe una hueva, siempre que no sea en sus partes, sino en las de su vecino. Por eso no 2.Pero eso como va a ser? En la Champions de Europa y el mundo mundial? No me lo puedo ni de creer.

EU Parliament finds Spain guilty of widespread property abuses

2009-03-31T05:16:00.000-07:00

Posted on March 26, 2009 by Spanish Property News
Filed Under EU reports, Problems, Spanish real estate news
The European Parliament today approved a report slamming Spain for all manner of evils relating to the country’s property sector, including the ‘land grab’ and Ley de Costas scandals that have created so much misery for home owners in Spain.
The report, by Danish MEP (Greens) Margrete Auken, paints a depressing picture of developers and corrupt politicians trampling over private property rights and the environment in pursuit of their own enrichment, whilst the authorities look the other way. This is the 3rd EU report slamming Spain for foul practices in its property sector in almost as many years.

The non-binding report, approved in a plenary vote by 349 in favour, 110 against, and 114 abstentions, lambasts Spain for:
Violating individual property rights by forcing owners to “cede legitimately acquired private property without due process and proper compensation,” and “pay arbitrary costs for unrequested and often unnecessary infrastructure development.” (also known as ‘land grab‘ laws)
Arbitrarily and retroactively using the 1998 Ley de Costas, or Coastal Law, to expropriate coastal property without compensation, and in a way that “impacts disproportionately on individual property owners who should have their rights fully respected” whilst leaving be the “real perpetrators of coastal destruction, who have in many instances been responsible for excessive urban development’s along the coasts, including holiday resorts.”
Pursuing rampant, speculative building programmes with little regard for the environment, the needs of society, or Spain’s cultural heritage.
Encouraging unsustainable macro-urbanisations without sufficient water resources.
Violating EU public procurement procedures
Failing to provide timely and meaningful justice, leading to a “widespread lack of confidence among the petitioners in the Spanish judicial system as an effective means of obtaining redress and justice.”
Allowing corruption to become endemic, as a result of which “the EU citizen is the primary victim, but which has also caused the Spanish State to suffer significant loss.”
Key passages:
“Whereas such considerations compound the abuse which is felt by thousands of EU citizens who, as a result of the plans of the urbanisation agents, have not only lost their legitimately acquired property but have been forced to pay the arbitrary cost of unwanted, often unnecessary and unwarranted infrastructure projects directly affecting their property rights, the end result of which has been financial and emotional catastrophe for many families.
“Whereas many thousands of European citizens have, in different circumstances, bought property in Spain in good faith acting with local lawyers, town planners and architects, only to find later that they have become victims of urbanisation abuse by unscrupulous local authorities and that, as a result, their property faces demolition because their homes have been found to be illegally built and therefore worthless and unsalable.
“Whereas real estate agents in Member States such as the UK, and other providers of services related to the real estate market in Spain, continue to market property in new urbanisations even when they are necessarily aware that there is a clear possibility that the project in question will not be completed or built.
“Whereas the natural Mediterranean island and coastal areas of Spain have suffered extensive destruction in the last decade as cement and concrete have saturated these regions in a way which has affected not only the fragile coastal environment – much of which is nominally protected under the Habitats /Natura 2000 and Birds Directives, such as urbanisations in Cabo de Gata (Almería) and in Murcia – but also the social and cultural activity of many areas, which constitutes a tragic and irretrievable loss to their cultural identity and heritage as well as to their environmental integrity, and all this primarily because of the absence of supra-municipal planning or regional planning guidelines placing reasonable limits on urban growth and development, set on the basis of explicit criteria of environmental sustainability, and because of the greed and speculative behaviour of certain local and regional authorities and members of the construction industry who have succeeded in deriving massive benefits from their activities in this regard, most of which have been exported.
“Whereas this model of growth also has negative consequences for the tourism sector, since it has a devastating impact on quality tourism given that it destroys local values and encourages excessive urban expansion.
Recommendations
By approving the report the European Parliament has called on Spain to tackle the many problems highlighted in the report, starting with a freeze on all contentious housing projects.
“Competent regional authorities should suspend and review all new urbanisation plans which do not respect the strict criteria of environmental sustainability and social responsibility and which do not guarantee respect for the rightful ownership of legitimately acquired property,” says the report, which goes on to call for a halt to “all existing developments where criteria laid down in EU law, notably as regards the award of urbanisation contracts and compliance with provisions relating to water and the environment, have not been respected or applied.”
The report also calls on Spain to compensate individual property owners who are “victims of urbanisation abuse who have suffered as a result of the application of the provisions of existing legislation.” The report also says that people “who have bought property in Spain in good faith, only to find that the transaction has been declared illegal, should have the right to appropriate compensation through the Spanish courts.”
The report also notes that the EU has the power to interrupt or delay structural and cohesion fund payments “in order to persuade a Member State to end serious breaches of the rules and principles,” another way of saying that Spain should be punished financially if it doesn’t address these problems.
The full report can be read here: Report on the impact of extensive urbanisation in Spain on individual rights of European citizens, on the environment and on the application of EU law, based upon petitions received (2008/2248(INI)). and the press release from the European Parliament about today’s vote can be read here

Mark Stucklin

http://www.spanishpropertyinsight.com/buff/2009/03/eu-parliament-finds-spain-guilt-of-widespread-property-abuses/

European Parliament votes in favour of the Auken report

2009-03-31T02:56:00.000-07:00

From typicallyspanish.com
National
European Parliament votes in favour of the Auken report which calls for EU funds to Spain to be frozen until real estate abuses are corrected
By h.b.Mar 26, 2009 - 1:20 PM
The European Parliament has today approved the Auken Report on real estate abuses in Spain, the report which threatens to freeze all community funds for Spain until such abuses denounced in Brussels by Spanish residents from several E.U. countries are resolved. The decision to cut the funding is however not yet binding despite today’s vote.The vote supporting the Auken report, compiled by the Danish Green Euro M.P., is considered to be an extremely harsh reflection on the town planning situation in Spain.Her report calls for the suspension and revision of all new building projects which do not respect the environment or guarantee the right of ownership. It also demands the halting of developments which have already started if they do not meet current E.U. legislation.The text of the report says that real estate corruption is endemic in Spain, and that responsibility lies at all levels of the administration for the ‘unsustainable development’. It slams the judiciary saying that it is ‘not correctly prepared’ to deal with the problem, saying its rulings in many cases cannot be carried out in a way that compensate the victims of abuse. This has enforced the impression among foreigners in Spain of a lack of action and impartiality of the Spanish justice system.It says there is a lack of ‘clarity, precision and judicial security’ in the current legislation in Spain regarding the right of ownership, and a lack of application and coherent legislation in environmental matters, and this has led to many of the abuses. Lax judicial proceedings have created ‘a form of endemic corruption’, and it notes the ‘greed’ and ‘speculative conduct’ on the part of local authorities.The report singles out Marbella, where it says it is ‘worried about the town planning situation’, where ‘dozens of thousands of homes have been constructed illegally, and which probably infringe community legislation’. It also names developments in environmentally protected areas in Cabo de Gata in Almería and in Murcia.The Auken report also attacks the Ley de Costas, Coastal Law, which it says has to be urgently revised to protect the rights of the legitimate owners of property and those who own small plots of land on the coast which have no negative impact on the coastal environment.
Finally it calls on the Spanish authorities to speed up the justice system and compensate the victims of town planning abuses by applying laws already in force.

The vote in the European Parliament was 349 in favour, 110 against and 114 abstentions from the Spanish PSOE and PP members.Alternative amendments put forward by both Spanish Socialist and PP members were both defeated.The Socialist amendment did have support from other European Socialists, until the British Euro M.P. Michael Cashman withdrew his support, leading finally to the Socialist amendment also being defeat.

It’s the third time that town planning abuses in Spain have been denounced by the EU, after earlier reports in December 2005 and in June 2007, but the first time that E.U. funding has been threatened to be withdrawn as a result.Read the complete Auken Report - Click here.

Ley de Costas

2009-03-30T09:11:00.000-07:00

LEY DE COSTAS
Gazet Van Antwerpen (Bélgica) . Artículo firmado por MW: “España ha de indemnizar a las víctimas de fraudes inmobiliarios”.
“A lo largo de estas últimas décadas, España aprovechó el impulso dado por un enorme ‘boom’ inmobiliario. España fue, durante muchos años, el mayor consumidor de hormigón y cemento de Europa. Las actividades inmobiliarias llegaron convertirse en el motor de su sólido crecimiento económico.
Pero la actual crisis transformó la febril actividad inmobiliaria en una muy dramática recesión. Cerca de millón y medio de viviendas, numerosos campos de golf y demás ‘objetos’ turísticos siguen sin encontrar comprador”.
“Numerosos ciudadanos de otros Estados miembros adquirieron en estos últimos años una segunda residencia en España. Entretanto, miles de personas se quedaron sin propiedad, o descubrieron que su casa de ensueño sigue inacabada o que aún han de desembolsar ingentes sumas para obtener lo que les corresponde. ‘Tampoco se respetaron las normas medioambientales, ni las normativas europeas en materia de obras públicas. La corrupción fue a menudo una constante a la hora de conceder licencias’, declara el europarlamentario belga, el ecologista flamenco Bart Staes. El Parlamento Europeo aprobó el jueves un informe en el que se solicita a España que haga lo necesario para que las víctimas obtengan las indemnizaciones correspondientes por vía judicial. Si España incumple estas disposiciones, la Eurocámara intervendrá reteniendo dinero de los fondos estructurales europeos”.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves un informe en el que se solicita a España que haga lo necesario para que las víctimas obtengan las indemnizaciones correspondientes por vía judicial. Si España incumple estas disposiciones, la Eurocámara intervendrá reteniendo dinero de los fondos estructurales europeos”.
LA MONCLOA Revista de Prensa Internacional 30 03 2009

¿Te vas a quedar en casa? Te puede ocurrir a tí. Concentracion DIA 21 Febrero.

2009-02-20T09:59:00.000-08:00

Afectados por la Ley de Costas de Galicia convocamos una concentración en
la Isla de Arousa el próximo día 21 de febrero a las cinco de la tarde, frente
la Residencial Illa de Arousa “Villa PSOE ”.
Afectados de Marín - Moaña - Cabanas y Vilarrube (Valdoviño),
Solicitamos vuestra presencia en defensa de los derechos de las personas
afectadas. Derechos perdidos por la mala utilización de de las leyes por parte
de las administraciones nacional, regionales y locales.
Los afectados por la Ley de Costas denunciamos que en la aplicación de la
ley se infringen 6 artículos de la Constitución Española:
9 - Principio de seguridad jurídica y aplicación retroactiva de derechos
restrictivos
14 - Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
33 - Violación del derecho de propiedad privada y la herencia.
24 - Tutela judicial efectiva.
47 - Privación de viviendas.
17 - Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que garantiza que
nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El pasado 11 de Febrero El Parlamento Europeo nos ha dado la razón instando al gobierno a
revisar urgentemente y a modicar la Ley de Costas a n de proteger los derechos de los
legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas
de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero.
Esta decisión no es vinculante y el Gobierno de España pretende que en el informe aprobado
el día 11 y que será votado por los parlamentarios europeos el próximo 26 de marzo se anulen
medidas como esta y se niegue la evidencia de que en España no se respeta el derecho a la
propiedad privada.
Además el PE pide pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos
nuevos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la
propiedad y denuncia que todas las administraciones, central, autonómica y locales,
son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible,
que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales
y económicas

Galicia

“Bajo el disfraz de proteger las costas quieren despejarlas y explotarlas mejor”

2009-02-16T17:08:00.000-08:00

José Ortega
PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

NAIMA PÉREZ, Tenerife
Representa como abogado los intereses de asociaciones y particulares de un colectivo de unas
3.000 familias de Canarias, Valencia, Asturias y Galicia, afectadas por la Ley de Costas. Todos estos intereses confluyeron en una Plataforma en 2008. Este portavoz presentó elmes pasado una denuncia ante el Parlamento Europeo por lo que considera una “abusiva aplicación”
de esta ley. Ortega está convencido de que esta actuación en Bruselas ha forzado a la Administración estatal a iniciar una “tímida” reforma del texto legal.
–¿En qué consiste la principal reivindicación de la Plataforma?
–Nació como una tercera vía, al margen de la administrativa y judicial, para defender a la gente que está sufriendo abusos en este ámbito. Nuestra pretensión principal es que la Ley de Costas no se aplique de forma retroactiva, como ocurre actualmente. El caso más grotesco de aplicación de esta retroactividad es el que ha considerado en una zona que el deslinde marítimo está donde llegó la última glaciación, en torno al año 10.000 ó 12.000 antes de Cristo. Esto es una definición abusiva.
–La Plataforma ha elaborado una enmienda a la reforma que el Gobierno de España tramita
para la Ley de NavegaciónMarítima y que afecta a las edificaciones en dominio público.
¿En qué consiste esa enmienda?
–El problema reside en que son muy limitados los casos en los que se concede el derecho de concesión (derecho de uso y disfrute de una propiedad por un periodo concreto).
Con nuestra enmienda pretendemos ampliar los casos a los que se les reconoce esa concesión,
así como mejorar el régimen de las concesiones. Existe un mecanismo expropiatorio sobre una casa que deja de ser de tu propiedad por estar en dominio público y la Constitución establece que no se puede expropiar sin indemnizar. Pero el Gobierno de España parte de la realidad de que no hay dinero suficiente para indemnizar todas esas propiedades, por lo que como consecuencia el Tribunal Constitucional ha buscado una vía compensatoria, desajustada e impropia, con la que no se paga con dinero sino en especie, autorizando a estas personas a quedarse como inquilinos en su propia casa, que deja de ser suya. Yo lo que creo es que bajo el disfraz de la protección del medio ambiente se están escondiendo intereses industriales,comerciales y turísticos para despejar las costas y poder explotarlasmejor. A la mayoría de los casos no se les reconoce ese derecho de concesión, con lo que la consecuencia es el derribo.
–Y si tanta gente no tiene esa concesión, ¿por qué no se producen más derribos?
–Porque no se atreven, porque tienen miedo a la contestación social. En el caso reciente de Cho
Vito, en Candelaria (colectivo que no forma parte de la Plataforma), se pone de manifiesto que van contra los pobres, contra la gente que menos recursos tiene y que menos posibilidades tiene de defenderse.
–¿Cuántos casos en Canarias tienen una orden de derribo?
–Pues muchos, aunque el número no lo sé, pero hay afectados en Fuerteventura (La Oliva,
Pájara,Morro Jable, Puerto de Los Molinos...) y en La Palma también, en La Bombilla (Tazacorte). En esta zona, concretamente, quieren hacer una playa nueva y esta isla, que lleva cierto retraso turístico, quiere impulsar este sector con actuaciones como ésta, con la que se quieren quitar de enmedio a esta gente. Estudios técnicos nos dicen que esos derribos serían ilegales.
–Ha habido errores cometidos no sólo por los propietarios, sino también por las administraciones
públicas, como los ayuntamientos, que han hecho la vista gorda ante construcciones ilegales
a las que se concede el suministro de luz, agua y hasta se les cobra la contribución.
¿No deberían repartirse las responsabilidades entonces?
–Aquí lo que hay es un engaño; el Estado ha descuidado su responsabilidad, también los ayuntamientos, al igual que algunas personas rapaces que se han metido donde no debían. El dominio público no puede prescribir, es decir, por más tiempo que uno ocupe el dominio público no significa que sea de su propiedad, pero está por demostrar que fuera dominio público en su momento, porque si no había ningún deslinde,
¿cómo se determina que lo fuera?
–Tendría entonces que establecerse una fecha de referencia a partir de la cual determinar qué está en dominio público...
–Claro. Tiene que producirse un acuerdo en el que la sociedad y el Estado lleguen a un acuerdo. No puede ser que el Estado esté en guerra continua con sus ciudadanos. No podemos convertir en clandestinas miles de comunidades por el hecho de que la Dirección de Costas tenga una idea inapropiada, que es que cualquier edificación, aunque tenga valor histórico, etnográfico o cultural, hay que derribarla en dominio público. Tampoco digo que haya que salvarlo todo, porque haymucho chabolismo y eso es intolerable. Pero esas zonas son generalmente modestas, no es Benidorm.
–El Parlamento canario tramita ahora una modificación del Texto Refundido de las leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (Trlotenc) para salvar algunos de
estos enclaves, declarando su interés general.
¿Considera que para esta declaración deberían ponerse de acuerdo todas las administraciones públicas?
–Desde luego, hay competencias compartidas; es inevitable que se compartan las decisiones. Respecto a lamodificacióndelTrlotenc creo que es unejemplo digno de lo que pueden hacer el Parlamento y el Gobierno por Canarias, ya que hasta ahora no han sido posibles otros cambios. Que los políticos ya estén hablando de modificaciones en esta legislación es ya un paso. Yse ha llegado a este punto porque la sociedad se ha unido.
–¿Tiene laPlataforma muyen contra a los ecologistas?
–No hemos tenido una oposición declarada de ningún grupo ecologista. Creo que ellos entienden lo que hacemos.
–El Gobierno canario prevé elaborar un censo de todas las viviendas afectadas con el fin de
conocer cada caso.
¿No cree que si hubiera estado lista ya esta información podrían haberse evitado algunas situaciones?
–Sí, claro, pero es cierto que la virulencia con la que ha aplicado la Ley el Ministerio de Medio
Ambiente es reciente. Por ejemplo, en Los Molinos (Fuerteventura), las recuperaciones posesorias con órdenes de derribo son de 1994 y no se habían ejecutado.

El Secretario General del Mar subraya el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión integral sostenible del medio marino y el litoral

2009-02-11T14:08:00.000-08:00

Nota de Prensa LA MONCLOA , miércoles, 11 de febrero de 2009

Juan Carlos Martín Fragueiro ............

..........

El Secretario General del Mar destaca las medidas adoptadas relativas a la gestión de las ayudas estructurales europeas, ...........

......
En relación con la protección del litoral, el Secretario General del Mar señala que se potenciarán las acciones para la sostenibilidad de la costa con el objetivo de controlar la regresión de la misma y proteger y recuperar las zonas litorales degradadas.

El Secretario General del Mar ha subrayado en el Congreso de los Diputados el objetivo básico de su departamento de establecer un nuevo modelo de gestión integral sostenible del medio marino y el litoral.

...

En materia de gestión y protección del litoral, el Secretario General del Mar ha reiterado que la modificación de la Ley de Costas en relación con la transmisión inter vivos de las concesiones administrativas, tiene un carácter puntual y técnico. Por otra parte, ha indicado como objetivo imprescindible de esta legislatura finalizar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, ya que en la actualidad, se encuentra deslindada un 85% de la costa.
Asimismo, ha considerado necesario ampliar la suscripción de “Convenios de Gestión Integral del Litoral” con las Comunidades Autónomas y continuar con el programa de adquisición de fincas que contará en 2009 con un presupuesto de 33 millones de euros.
Se potenciarán también las acciones para la sostenibilidad de la costa. Sus objetivos estratégicos constituyen el control de la regresión de la costa, la protección y recuperación de los sistemas litorales, las dotaciones para el acceso y uso público de la costa y la mejora del conocimiento de la costa y de los ecosistemas litorales.

...

http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mapya/_2009/ntpr20090211_modelo.htm

Elena Espinosa señala que la modificación puntual de la Ley de Costas no altera el espíritu de la misma

2009-02-11T07:11:00.001-08:00

LA MONCLOA Notas de Prensa

En el Congreso ... miércoles, 11 de febrero de 2009

La transmisión inter vivos de las concesiones administrativas se ha planteado de acuerdo con diversas sentencias de la Audiencia Nacional.
Los requisitos de las concesiones administrativas permanecen inalterables. El nuevo concesionario tendrá que subrogarse en los mismos derechos y obligaciones que el anterior titular de la concesión.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha señalado en el Congreso que la transmisión inter vivos de las concesiones administrativas otorgadas al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas no supone una modificación de fondo ni altera el espíritu de la misma.
Se trata de una modificación puntual y de carácter técnico planteada de acuerdo con diversas sentencias de la Audiencia Nacional en 2005, 2006 y 2007, según las cuales estas concesiones son transmisibles por actos “inter vivos” y no sólo “mortis causa”.
Esta modificación no se flexibiliza la aplicación de la Ley ni la protección del dominio público ya que los requisitos establecidos por la Ley en las concesiones administrativas permanecen inalterables. Así, el nuevo concesionario tendrá que subrogarse en los mismos derechos y obligaciones que el anterior titular de la concesión.
Al mismo tiempo, esta modificación técnica permitirá al MARM ejercitar los derechos de tanteo y retracto así como agilizar el procedimiento para el otorgamiento de estas concesiones y facilitar su aplicación.
La Ministra ha recordado que la Constitución en su artículo 132.2 reconoce el carácter del dominio público de la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, lo cual resulta incompatible con la existencia de titularidades privadas sobre estos bienes.
En este sentido, las concesiones otorgadas al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988 constituyen una compensación por la pérdida de la propiedad privada, compensación considerada conforme a la Constitución según sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1991.

"LA CONFIANZA"

2009-02-09T06:06:00.000-08:00

ELCHE Sabado 07 de Febrero de 2009

Una de las variables que puede afectar más las decisiones de gasto (consumo e inversión) de los agentes económicos son las expectativas económicas acerca de la evolución de una cierta economía. Lo que parece comprobado es que si estas afectan a un número significativo de agentes económicos pueden alcanzar una situación de “auto cumplimiento”. Para ponerlo sencillo, si todos creemos que va a producirse una situación de recesión y tememos por nuestros empleos, reduciremos el consumo e incrementaremos el ahorro (por precaución). Haciendo esto reducimos la demanda de bienes y servicios a las empresas, con lo que estas al no poder vender lo que han producido, reducirán el empleo. Nuestras expectativas se han cumplido.
¿Como se forman las expectativas de los agentes económicos acerca de una economía determinada o país?, es difícil de estimar. En una parte considerable depende de la confianza que se tenga respecto de la salud y competitividad de la propia economía así como de la capacidad de sus dirigentes para tomar las medidas adecuadas tras realizar un análisis correcto de la situación.
La confianza en los dirigentes políticos depende de su credibilidad. Esta variable es compleja puesto que se tarda tiempo en labrarse una “reputación” de líder creíble manteniendo las promesas que se han hecho, enfrentándose a los problemas con sinceridad y valentía, tomando medidas a veces dolorosas y poco rentables electoralmente etc. Sin embargo la credibilidad se pierde con facilidad y es relativamente costoso recuperarla. Una vez se coge a uno en una mentira o en una falsedad, la credibilidad desaparece y la reputación cambia.
Parte de estas reflexiones pueden extrapolarse a los países. Así observamos que suele decirse que tal o cual país tiene la reputación de hacer bienes de calidad, o de trabajar con una elevada productividad lo que les da una pátina de países “serios y rigurosos”. Otros por el contrario parecen ser países cuya principal virtud es una cierta indolencia ante el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
En las situaciones difíciles los primeros tendrán mayores posibilidades de afrontar con éxito y salir antes de dicha situación que los segundos. Las decisiones de inversión por parte de las empresas también responderán a estas expectativas. En condiciones similares se adquirirán activos financieros de los países mas fiables y sólidos (los demás tendrán que pagar primas de riesgo), y la inversión directa de las grandes empresas se dirigirá también a este grupo de países. Por mucho que se ofrezcan tipos de interés elevados, ¿qué empresas invertirán en Argentina, Venezuela, Bolivia a medio y largo plazo tras observar que sus dirigentes políticos tienden a cambiar las leyes afectando a derechos legales nacionalizando o expropiando directamente sectores económicos en función de sus necesidades inmediatas?.

En España y en los últimos años se ha producido uno de estos episodios de quiebra de la confianza en nuestro sistema económico en uno de los sectores tan significativo como es el de la inversión en viviendas. Nuestro país esta siendo sometido a una investigación por parte del Parlamento Europeo ante las numerosísimas denuncias de ciudadanos de la Unión Europea que han visto afectados sus derechos legítimos de propiedad al aparecer y aprobarse leyes que se están aplicando con carácter retroactivo. Una de estas es la Ley de Costas. No solo se ha pretendido aplicar dicha ley con carácter retroactivo “nacionalizando” propiedades que eran legales, sino en el colmo de los disparates, sin ningún tipo de compensación a sus propietarios (salvo que de verdad se defienda la burla de que se le puede compensar a una persona a la que se le quita su propiedad dejándola que disfrute de la misma unos años). Este tipo de comportamiento hace que la credibilidad y reputación que se tiene en el sistema legal de este país en este campo quede seriamente afectado. Francamente si yo fuera un ciudadano extranjero me lo pensaría dos veces antes de invertir en un país que muestra tan poco respeto por el derecho de propiedad. Una vez abierta la puerta a la aplicación de las leyes de esta manera, ¿Qué asegura que no se volverá a hacer en un futuro con otros derechos?.
Parece ser que hoy el Gobierno empieza a dar pasos en una dirección mas acorde con dicho respeto, modificando levemente algo de esa legislación. No es suficiente para recuperar la confianza pero al menos muestra signos de haber entendido el varapalo que la denuncia ante el Parlamento Europeo puede significar para la maltrecha inversión residencial extranjera en este país. Una condena por parte del Parlamento Europeo a España puede afectar no solo a los fondos que, todavía, recibimos de Europa, sino a la credibilidad del propio país como destino de inversión.
La diferencia entre ser considerado un país poco serio y respetuoso de los compromisos que se han contraído y uno que lo es y por tanto goza de la confianza de los inversores internacionales, puede afectar a nuestro nivel de bienestar en una medida mucho mayor de lo que nos creemos.

Alfredo Masó
Presidente Asociación Vecinos Primera Línea Litoral de Arenales del Sol.

Government moves to ease controversial Coastal Law

2009-02-02T05:55:00.000-08:00

ENGLISH EDITION WITH THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE RAFAEL MÉNDEZ, Madrid

MONDAY, FEBRUARY 2, 2009

Restrictions on sale and purchase of beach homes to be lifted

The (Spanish) government has begun a covert reform of the Coastal Law that will make it easier to buy and sell homes located on beachfront areas and public shore land.
By amending an obscure navigation law without a congressional vote, the government is
effectively toning down the 1988 Coastal Law, whose goal was to reduce the real estate excesses
on Spanish coasts by making it illegal to build too close to the shoreline and by taking back
properties considered to be on public domain near the sea.
This law was one of the star projects of the previous environment minister, Cristina Narbona,
although it proved difficult to implement because of the labor- intensive task of establishing
where public land ends and private land begins along mSpain’s extensive shoreline.
Under the Coastal Law, the owners of properties that were built on public land before
1988 would be allowed to remain there for up to 60 years, but were barred from selling them. The move drew thousands of protests and formal complaints from British and German authorities, many of whose nationals had bought properties now at risk of expropriation.
But by amending this unrelated navigation law, the government is effectively allowing these
homes to be bought and sold. Because this navigation law was originally drafted by the Justice
Ministry, not the Environment Ministry, any amendments to it can bypass Congress altogether.
A spokesperson at the Environment Ministry said that the alteration “does not change the
spirit of the law in any way,” but Javier Sanz, a professor of administrative law and an expert
on shoreline issues, called it “a radical change.” Meanwhile, an association of homeowners who
were affected by the Coastal Law, Plataforma de Afectados, said its members were very happy
about the amendment.

2008/12/12 JORNADA SOBRE LA LEY DE COSTAS. 19 Dec 08 Revista de Derecho Urbanístico

2008-12-13T05:27:00.000-08:00

Centro deESTUDIOS JURÍDICOS
SUPERIORES
C.E.J.U.S.

ProgramaMadrid, 19 de diciembre 2008

09.30 Presentación

1ª ponencia 09.45: 20 años de vigencia de la Ley de Costas. El desarrollo sostenible y la protección de las costas..
Ponente: Doña Alicia Paz Antolín. Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de medio ambiente, medio rural y medio marino.

2ª ponencia 11.30: El deslinde de los bienes marítimo-terrestres. Los deslindes provisionales. Procedimiento, efectos y régimen jurídico.
Ponente D. José Ramón Martínez Cordero. Jefe del área de gestión integrada de dominio público marítimo terrestre. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Descanso

3ª ponencia.13.00 La delimitación de la zona de servidumbre de protección. La articulación del deslinde y los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico. Régimen de usos urbanísticos. Articulación de competencias entre la Demarcación de Costas y las Comunidades y Ayuntamientos.
Ponente: D. Ángel Menéndez Rexach. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fin de la sesión matinal

4º ponencia 16.30. El régimen transitorio: la conversión del título dominical en concesión de dominio público. Aspectos prácticos.
Ponente: D. José Fernández Pérez. Director General de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria.

Descanso

5ª ponencia. 18.00 La práctica de la acción reivindicatoria en vía civil de terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.
Ponente: D. Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Al término de la última ponencia, se entregará el Diploma acreditativo de asistencia.

CUADRO DOCENTE

Director:

D. Francisco José Alegría Martínez de Pinillos
Director de la Rdu

Ponentes

D. Juan Antonio Chinchilla Peinado. Profesor Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

D. José Fernández Pérez. Director General de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria.

D. José Ramón Martínez Cordero. Jefe del área de gestión integrada de dominio público marítimo terrestre. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.

D. Ángel Menéndez Rexach. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña Alicia Paz Antolín. Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino

NORMAS DE RÉGIMEN GENERAL

Primera.- Esta Jornada ha sido programada para ser impartida con carácter general a todas aquellas personas con título facultativo o de escuela especial o que acrediten hallarse en el último año de carrera, o con cargo directivo o técnico en organismo, entidades o empresas relacionados con la materia.
Segunda.- El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar horario y tema que se indican, si bien la dirección se halla facultada para establecer modificaciones en uno u otro caso, si las circunstancias lo estimaran necesario o conveniente. Los cursos se realizarán siempre y cuando se alcance un mínimo de veinte inscripciones.

Tercera.- Se entregarán diplomas de asistencia. No obstante la dirección se reserva la facultad de verificar controles de asistencia, cuyos resultados podrán condicionar la entrega del diploma final.

Cuarta.- Se establece una cuota por derecho de inscripción y asistencia de 215 euros

La forma aconsejable es la transferencia a la c/c 0030-1416-83-0001251271 abierta a nombre de la Revista de Derecho Urbanístico en Banesto de Dr. Esquerdo, 6 Madrid.

La dirección podrá rechazar las solicitudes que en la fecha de comienzo no hubieran acreditado de alguna forma el abono de la cuota de inscripción.(*)

LUGAR DE CELEBRACIÓNHotel ColónDr. Esquerdo,117
Madrid

Información e inscripciones:

Tels. 91 574 64 11- 91 400 80 18
Fax: 91 504 15 58
rdu@montecorvo.com
www.rdu.es

------------------
(*) Se recomienda hacer una preinscripción y reserva de plaza.

Hausbesitzern an Spaniens Küsten droht die Enteignung

2008-12-11T02:22:00.000-08:00

DONNERSTAG, 11. DEZEMBER 2008

Eine Frage von Metern

Die Costa Blanca in Spanien: Nach einem Beschluss der Regierung darf Privatbesitz, der zu nahe am Meer liegt, verstaatlicht werden.

ANNE GRÜTTNER MADRID
An Spaniens Küste verläuft eine unsichtbare Linie – mal gerade, mal mit launischen Zacken. Sie versetzt Hausbesitzer in Angst und Schrecken. Es handelt sich um die Abgrenzung einer mindestens 20 Meter breiten staatlichen Strandzone, sichtbar nur auf den Plänen der nationalen Küstenschutzdirektion. Alles, was in der staatlichen Strandzone ist, verwandelt sich nach vollzogener Grenzziehung in öffentliches Gut.

Wer in dieser Zone ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat, wird enteignet, die Gebäude früher oder später abgerissen – ohne Entschädigung. Eine ganze Reihe von Häusern, sogar ganze Dörfer fielen der staatlichen Abrissbirne bereits zum Opfer.
Noch ist die Linie nicht ganz vollständig. Etwa 20 Prozent der Küste müssen die Ingenieure noch
vermessen. Zudem kann sich die Linie jederzeit verschieben, denn ausschlaggebend
ist laut Küstengesetz, wie weit die Wellen im Fall einer Sturmflut reichen. Viele Hausbesitzer
wissen noch nichts von ihrem Unglück oder haben erst vor kurzem davon erfahren.
Als die Spanierin Carmen del Amo vor vier Jahren für 240 000 Euro ihre 150 Quadratmeter Wohnung mit Meerblick in Alicante kaufte, war die unsichtbare Linie in dieser Region Alicante schon gezogen. Carmens Terrasse ragt einen Meter in die 20-Meter-Strandzone hinein. Damitist die ganze Wohnung öffentliche Domäne. Im Grundbuch steht bis heute nichts davon, obwohl der Staat per Gesetz dazu verpflichtet ist, eine entsprechende Eintragung zu machen. Vor
zwei Jahren wurde die Bankdirektorin frühpensioniert und zog ganz von Madrid nach Alicante. „Da begann ich, mich mit der Sache zu befassen und entdeckte, dass ich eigentlich gar keine Wohnung besitze und auch kein Anrecht auf Entschädigung habe.“ Zwar wurde Carmens Gebäude schon im Jahr 1974 gebaut, das Küstengesetz erst im Jahr 1988 verabschiedet.
Das Gesetz werde nicht rückwirkend angewandt, behauptet die Küstenschutzdirektion in einer
Erläuterung des Küstengesetzes, doch „die Abgrenzung eines Geländes als öffentliche Domäne wiegt stärker als die Grundbucheintragungen zugunsten von Privaten, was impliziert, dass ein vormals privates Grundstück zur öffentlichen Domäne erklärt werden kann.” Eine juristische
Pirouette, die im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass das Gesetz doch rückwirkend
angewandt wird, weiß Anwalt José Ortega, der sich auf das Thema spezialisiert hat und viele Betroffene berät. Das Problem ist, dass das Gesetz nach seiner Verabschiedung erst einmal für lange Zeit in der

Schublade verschwand und durch den Bauboom der letzten Jahrzehnte ad absurdum geführt
wurde. Erst seit dem Regierungswechsel 2004 wird das Gesetz wieder verschärft angewandt und die Demarkationslinien gezogen. „Spanien hat seine Küste extrem misshandelt,
obwohl es ein gutes Küstengesetz hat“, sagt Pilar Marcos, die für Greenpeace in Spanien die Küstenkampagne leitet. „Jetzt muss das Gesetz endlich durchgesetzt und die öffentliche Strandzone bereinigt werden, nicht nur, damit alle Leute freien Zugang zum Strand haben,
sondern auch aus Sicherheitsgründen im Zuge des Klimawandels.“ Das große Problem ist jedoch: Keiner will dafür zahlen: „Man will die Küste wieder so herstellen, wie sie früher war. Prima. Aber dann muss man die Leute auch entsprechend entschädigen“, sagt Anwalt Ortega. Die Küstenschutzdirektion, die dem Umweltministerium untergeordnet ist, vergibt lediglich ein Wohnrecht ür 30 Jahre, erweiterbar um weitere 30 Jahre. Das, so entschied das spanische Verfassungsgericht, sei eine ausreichende Entschädigung. In der Praxis kann diese Konzession
allerdings auch jederzeit aus Gründen des „Allgemeinwohls“ aufgehoben werden. Außerdem
dürfen die Bewohner in all diesen Jahren keinerlei Modifikationen oder auch nur Reparaturen an dem Gebäude ohne Genehmigung vornehmen. Entsprechend schlecht ist der Zustand von Carmens Wohnblock. Die Farbe blättert ab, und die Mauer, die den Parkplatz vor dem Haus vom Strand abgrenzt, ist verfallen.

Carmen del Amo will das alles nicht einfach so hinnehmen. Vor allem will sie verhindern, dass andere in die gleiche Falle tappen wie sie und eine Immobilie kaufen, die gar nicht mehr existieren dürfte. Vor anderthalb Jahren machte die resolute 54-Jährige die Geschichte ihres Häuserblocks, in dem etwa tausend Familien aus aller Herren Länder leben, publik.

„Das Küstengesetz muss reformiert werden.“
Carmen del Amo

Mit ihrer „Plattform der vom Küstengesetz Betroffenen“, die mittlerweile etwa 20 000 Familien in ganz Spanien zählt, baut sie über die natio nationale und internationale Presse Druck auf und sucht gleichzeitig den Dialog mit den verantwortlichen Stellen, der Küstendirektion, mit den Vertretern der politischen Parteien, dem Regierungschef, dem Europäischen Parlament.

„Das Küstengesetz muss reformiert werden.“ Carmen del Amo

„Das Gesetz muss reformiert werden“, fordert Carmen. Die Zeit drängt, denn einige Leute wie die Ungarin Ana María Hutfleck hat das Küstengesetz an den Rand des Abgrunds gebracht. Vor einigen Monaten starb der Ehemann der 63-Jährigen. Während der Pflege ihres Mannes ist die zierliche blonde Frau selber krank geworden. Nach drei Bandscheibenvorfällen und mehreren Operationen musste sie ihr kleines Geschäft für therapeutische Massagen aufgeben. Ihre Wohnung, die sie schon Ende der 70er-Jahre kaufte und die vor einem Jahr auf 380 000 Euro geschätzt wurde, kann sie höchstens noch zum halben Preis verscherbeln, denn sie hat ja nur noch ein auf 30 Jahre begrenztes Wohnrecht. Das Schlimmste aber: Ana María kann ihre Hypothek von monatlich 400 Euro nicht mehr aufbringen. „Wenn ich nicht zahlen kann, setzmich die Bank aus der Wohnung raus.“ Ana María, die sich hinter einer großen schwarzen Sonnenbrille versteckt, lebt schon jetzt nur noch von der Hilfe von Freunden und dem bisschen, was ihr Sohn verdient, der sein letztes Ausbildungsjahr als Automechaniker absolviert. Für Ana María ist es wie ein Déjà-vu: „In den 50er-Jahren hat meine Familie in Ungarn alles verloren, und jetzt muss ich feststellen, dass in einer Demokratie das gleiche passieren kann“, sagt sie bitter. „Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um mein eigenes Heim zu haben. Und jetzt bin ich 63 und habe nichts.“ Und das alles nur wegen einer unsichtbaren Linie.

Enteignet – was nun?

Gestützt auf ein Küstenschutzgesetz aus dem Jahr 1988 hat in Spanien die Enteignung von Immobilien begonnen. Wo man Hilfe bekommt: Internet-Plattform Die Spanierin Carmen del
Amo hat im Internet eine Plattform für Betroffene ins Leben gerufen. Dort gibt es auf Spanisch und Englisch aktuelle Informationen unter der Adresse
http://afectadosleydecostas.blogspot.com/.
Unter einer Email- Adresse können Interessierte Informationen anfordern oder Mitglied werden. Die Plattform verfügt über Übersetzer. Zahlreiche Deutsche sind bereits
Mitglied der Plattform geworden. Hilfe vom Anwalt Eine Kontaktadresse für Betroffene des Küstengesetzes findet sich auch auf der Webseite des Anwalts
José Ortega: http://www.costasmaritimas.com/000.htm

Ein Bericht von Greenpeace über die Auswirkungendes Baubooms an der spanischen Küste steht unter : http://colabora2. greenpeace.es/costas

. Eine komplette Karte, auf der die aktuelle Begrenzungslinie der Küstenschutzzone
– 20 Meter vom Meer in städtischen Gebieten und 100 Meter in ländlichen Gebieten
– vermerkt sind, soll erst nach kompletter Vermessung der gesamten Küste ins Netz gestellt
werden.

«Sabía que si nos enfrentábamos a proyectos urbanísticos especulativos íbamos a durar poco»

2008-11-22T01:29:00.000-08:00

POR PALOMA CERVILLA. FOTO NIEVES SANZ

ENTREVISTA A JAVIER CASTROVIEJO,
tras su cese como Presidente del Comité
“Hombre y Biosfera”.

-¿Cuáles han sido las causas de su cese?

-Las causas exactas de mi cese y de la disolución del comité
habría que preguntárselas a la ministra de Medio Ambiente.
Cuando el comité comenzó a ser consciente de que había una
serie de actividades urbanísticas de especulación en zonas
reserva de la biosfera y determinó enfrentarse, yo ya dije que esto
iba a suponer nuestra desaparición. Éramos conscientes de que si
intentábamos interferir en los planes de urbanización y
especulación dentro de la reserva íbamos a durar poco.

-¿Por qué lo intuía así?
-Porque ya lo había vivido como director de la Estación Biológica de Doñana, cuando me tocó oponerme
a una urbanización que se quería hacer en las Marismilla, y también por lo que vi con Costa Doñana. Con
lo que está pasando, dije, de esta no pasamos, porque los intereses económicos que hay son
inimaginables. Acordamos hacer lo posible para frenar esta hecatombe que está cayendo en las reservas
de la biosfera.

-¿Cómo se produjo su cese?
-No fui avisado y no se pusieron en contacto conmigo. Sólo me mandaron una nota de prensa del
Ministerio de Medio Ambiente.
-¿Qué relación habían mantenido con el Ministerio?
-Hablé con ellos muchas veces, sobre todo por la negativa a darnos los fondos que existían para hacer
unos informes previos sobre la situación de las reservas de la biosfera. En otra ocasión nos mandaron
una carta, con muy poco tiempo, para hablar del futuro del comité. El Ministerio quería cambiarlo
mediante una orden ministerial y nosotros entendimos que no tenía sentido.

-¿Qué querían hacer con el comité?
-Era muy confuso. La orden quería ponerlo en manos del partido político de turno, con la entrada de
sindicatos y representantes autonómicos, una cosa inusual. Ante esta orden, el comité dejó oír su voz, la
orden no salió y crearon otro comité.

-¿Se habían convertido en una voz incómoda para el Gobierno?
¿Han intentado silenciar su voz?
-No sé si fuimos incómodos, pero cumplimos con nuestro deber. Los
independientes nunca son bienvenidos y no me extrañaría que
quisieran silenciar nuestra voz, pero a mí no me van a poder silenciar
nunca, voy a decir siempre lo que crea oportuno cuando lo crea
conveniente.

-¿Cuándo alertaron a la ministra de los proyectos especulativos?
-En enero de 2005. Solicitamos fondos para hacer un estudio y nos lo negaron de una forman tajante. Yo
pregunté por qué y me dijeron que porque podría crear conflictos políticos. Alertamos sobre el hotel El
Algarrobico en Almería, los Merinos norte y sur en Ronda, actuación en Sallent de Gallego en Ordesa, la
situación imposible en La Mancha húmeda, la anunciada urbanización en Pandorado, dentro de la reserva
de la biosfera en León y las minas a cielo abierto en Laciana, también en León.

-¿Esta situación no se había producido con Gobiernos anteriores?
-No. La ola de movimientos especulativos dentro de la reserva empezó en 2004. Esto no es comprensible
en casi ningún país del mundo. Veo los hechos y no se atajan, se divaga. Los estados de Derecho tienen
medidas suficientes para parar este desastre. ¿A quién pretenden engañar o a qué juegan?

-¿Qué le parece la polémica sobre si Los Merinos es o no reserva de la biosfera?
-Claro que lo es. Está reconocido por todas las partes y por la propia Junta de Andalucía. Es tan
bochornoso lo que está pasando, es tal la pérdida de moral con la especulación del territorio fuera y
dentro de la reserva, que no hay palabras para describirlo. No entendemos cómo los políticos permiten
esto. Es, sencillamente, inadmisible. El anterior comité estaba horrorizado con el proyecto de Los
Merinos, no hay adjetivos para describir que se hayan hecho unos viales y se transformen en circuito de
velocidad.

-¿Qué piensa sobre la presencia de destacados políticos socialistas, como Montaner y Solana, en este
proyecto?
-¿Qué quiere que piense? ¿Vamos a pensar que hacen esto por amor a las razones sublimes de la ética
y la moral? Todo el mundo se puede imaginar para qué están ahí. Hay cifras de dinero colosales y la
primera cosa que habría que hacer es pedir las perspectivas financieras y de inversión.
-El Gobierno ha anunciado nuevas medidas contra la corrupción urbanística ¿Piensa que serán eficaces?
-A mí que no me hablen de las promesas de los políticos. Esto hace mucho que se produce y la única
novedad es que aparece en los medios de comunicación porque estamos en una situación límite. Estos
disparates se tienen que parar.

“España limpia sus costas”.

2008-11-13T08:36:00.000-08:00

LA MONCLOA
Revista de Prensa Internacional
jueves, 13 de noviembre de 2008

LEY DE COSTAS

De Standaard (Bélgica) Artículo firmado por Corry Hancké: “España limpia sus costas”.
“El Gobierno español ha rescatado del baúl del olvido la llamada Ley de Costas de 1988, que protege y convierte en propiedad pública los primeros cien metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La idea inicial del legislador era proteger la línea costera del descontrolado frenesí inmobiliario, pero en realidad las autoridades locales hicieron a menudo la vista gorda, ya que los ingresos generados por los permisos de construcción y el consiguiente crecimiento de la población permitían llenar las arcas municipales”.
“Gran parte de las costas españolas se convirtieron en una selva de hormigón y todo hace pensar que los recientes fraudes inmobiliarios incitaron al actual Gobierno socialista a ponerse manos a la obra. La Ministra de Medio Ambiente decidió aplicar con rigor la Ley de 1988, y ha previsto un presupuesto de 5.000 millones de euros para sanear las costas españolas. Los propietarios de viviendas ubicadas en ‘zonas protegidas’ serán desahuciados y sus viviendas destruidas”.

La Moncloa

Articulo Frankfurter Allgemeine Zeitung ( traducido al Español)

2008-11-13T06:21:00.000-08:00

Articulo Frankfurter Allgemeine Zeitung 11 de noviembre 2008

Y te quedas sin tu casa

El gobierno español expropia propiedades en la playa. Esto afecta también a muchos propietarios alemanes.

De Leo Wieland

El Saler, en noviembre, Manfred Stier, tiene motivo para temer, que un día no muy lejano llame a la puerta de su hotel de 5 estrellas en Valencia la empresa de demolición. El hotelero alemán que gerenta su hotel desde hace más de un cuarto de siglo en el parque natural y que también participó en la recuperación de las dunas entre la playa y el muro de su jardín, de pronto por decisión de las autoridades ha construido demasiado cerca del agua.

La carta del Ministerio de Medio Ambiente que recibió el 4 de julio, cayó como un rayo. En esta se enteró el Presidente del Grupo Sidi que la propiedad en El Saler que fue adquirida legalmente, inscrita en el Registro y abonado los impuestos, ahora estaría sobre suelo oficial y pertenecería al estado. Este en baso a la ley de costas de 1988 ha trazado una nueva línea de separación entre lo publico y lo privado. Si antes esta pasaba por delante del hotel, ahora pasa por detrás.

A un tiro de piedra de este oasis de lujo plantada de palmeras se encuentra la pequeña urbanización La Casbash. Allí hay unas 80 casas nada ostentosas que pertenecen a ciudadanos de clase media españoles y extranjeros, si excluimos un rico jugador de fútbol y un profesor de Harvard. Porque también todos ellos están afectados por la inesperada redefinición de su propiedad a suelo oficial. Una de ellos es la profesora de lengua francesa Martine Lavergne y su marido español Juan Miguel Terradez así como el Ingeniero Clifford Carter, pensionista británico y su mujer española María José Ruiz Giner, de sus padres heredó la pareja esta bonita Finca.

A poca distancia de la Casbah se encuentra un Parador Nacional – así se llaman los hoteles del estado casi siempre ubicados en edificios históricos- que en su día se construyó más cerca del agua que el Hotel de la compañía comanditaria alemana. Su director, sin embargo, no recibió ninguna carta de expropiación del Ministerio de Medio Ambiente, sino que después de la mediación del Ministerio de Turismo únicamente la comunicación de que en este caso, la línea de delimitación se había trazado alrededor del Parado, así que todo se quedaba como estaba. Esto realmente no hubiera sido necesario ya que los Paradores de todas formas pertenecen al estado.

¿Que pasa en las playas españolas? ¿Porque temen de repente por sus casas propietarios españoles y extranjeros, desde la Costa Brava hasta la costa atlántica, excluyendo Portugal, y desde las Baleares hasta Canarias? Porque en algunos casos espectaculares las maquinas de derribo ya han venido y ha aplastado aquí un Restaurante, allí un chalet o simplemente una choza? ¿Se han convertido los militantes verdes del gobierno de Madrid y de la justicia después de décadas de enladrillar de forma salvaje y rentable la vista al mar, de la noche a la mañana en poseídos?

No del todo, porque detrás de la ley de costas hay muchas buenas intenciones. En el fondo se trata de algo encomiable: el acceso libre de todos a todas las playas, la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos ante el aumento del nivel del mar debido al cambio climático y que simplemente inunde las propiedades de los que allí habitan. No hay mucho de alegar en contra de esto.

Las dudas y protestas en cambio se dirigen contra los métodos con los que se imponen de forma selectiva estas reglas que no están claramente definidas, y las preguntas ¿se puede aplicar una ley de forma retroactiva? ¿Se puede expropiar sin una indemnización adecuada? ¿Donde está la seguridad jurídica? Y además se añaden algunas otras preguntas por una posible “agenda secreta” de los políticos, cuando el estado se reserva el derecho de dado el caso construir sobre la franja nuevas urbanizaciones o cualquier otra cosa.

En la España de los escándalos en la construcción, la especulación, la corrupción entre los políticos locales de todos los colores y en todas las regiones así como la burbuja inmobiliaria que acaba de estallar, no todo el mundo entiende que detrás de las nobles metas de la ley de costas se escondan únicamente motivos de índole humanitarios y naturales. Los propietarios, que con cariño y empeño han cultivado sus jardines y ayudado a mantener la playa limpia y accesible, no están muy convencidos.

Mientras tanto han creado una plataforma civil de protesta que cuenta ya con 20.000 propietarios confusos y enfadados. A lo largo de los 7880 kilómetros de costa española, de la cual un cuarto son playas, se añadirán muchas más en cuanto den comienzo los nuevos trazados de los límites. Las estimaciones llegan hasta medio millón de familias – 85% españoles y el resto extranjeros venidos sobre todos del lluvioso norte de Europa. Los más afectados son los ciudadanos británicos lo que ha motivado la presión sobre el gobierno de Londres y la diplomacia. Una “ola alemana” podría seguir, porque el caso del urbanista de Darmstadt Thomas Müller cuya propiedad en La Gomera fue convertida en un centro cultural, la casa adosada de Nordhild Köhler de Wiesbaden en Formentera o la casa de Gabriele Schmid de Frankfurt en el último pueblo de pescadores ya no son casos individuales amenazados.

Como los países socios europeos se mueven sobre un filo fino entre la representación de los intereses de sus ciudadanos y la no intervención en los asuntos internos de España, sus intervenciones hasta el momento se han mantenido dentro de un marco más o menos discreto.

La plataforma de los afectados por lo tanto ha puesto sus ojos en Bruselas, se ha quejado ante la comisión europea y hace poco ha entregado con éxito una petición al Parlamento Europeo en Estrasburgo. En España se dirigieron al defensor del pueblo y a los ministerios responsables del gobierno socialista del Presidente José Luís Rodríguez Zapatero. Desde que llegó a la Moncloa y desde que Cristina Narbona, ministra de medio ambiente de ideología verde en la primera legislatura –ya no forma parte del gabinete- se hizo cargo del asunto, después de años tranquilos, le ha dado un nuevo empuje a la realización de la ley de costas.

Esta en los puntos cruciales está formulada de forma equivoca. En el futuro deberá existir una franja costera de 500 metros de ancho con tres zonas protegidas diferenciadas. La disputa es por la primera “la zona de playa estatal”. La frontera se debe trazar por donde, pasando por la arena y las dunas, llegarían las olas en una marea o durante una tormenta. Este hecho da mucho juego a los inspectores del ministerio y a los encargados locales de trazar nuevas fronteras entre lo que es el nivel del agua en una tormenta de verano y un tsunami. Y si la erosión causada por la ampliación del puerto de Valencia se ha “comido” en pocos años la vieja playa delante de la Casbah, sus habitantes sin comerlo ni beberlo se queda en calzoncillos.

Ahora no siempre y en todos los sitios se expropia. La ley mas bien prevé una solución interina para aquellos propietarios cuyas casas son legales – otra cosas para los que están en una zona ilegal gris- pueden pedir dentro del deslinde una concesión de vivir 30 años en la casa incluso quizás conseguir una prolongación. Pero no pueden vender sus casas ni tampoco heredarlas. No pueden modificar constructivamente nada ni tampoco renovar la casa sin un permiso excepcional. Y si la propiedad un día se tiene que derribar hay una cosa clara que no existe indemnización. El pago de indemnizaciones en tales dimensiones el estado español no se lo puede permitir porque superávit de los presupuestos del estado se han fundido con la crisis económica.

Al hotelero Stier le recuerda este procedimiento a un Leviatán estatal (bestia marina o criatura mitológica-bíblica), que dice a un propietario de coches “Todavía puedes conducir tu coche algún rato y puedes repostar, pero no repararlo ni venderlo. Y un día de estos te vamos a quitar el coche”. Estas perspectivas han llevado al abogado José Ortega de Valencia a defender la plataforma de protesta y a subirse a las barricadas. Este hombre pensativo, no tiene nada contra la ley de costas, pero todo en contra de su aplicación fraudulenta y debido a su empeño se ha convertido en el enemigo más querido de los tribunales nacionales y de los tribunales regionales. A pesar de ciertos éxitos en correcciones de los deslindes continua Madrid sin inmutarse, diciendo “la ley es la ley”. También el Tribunal Constitucional español mantiene en pie el contenido de los textos de la ley.

La semana pasada Ortega, quien se enfadó vehementemente porque las victimas han sido personas socialmente débiles que no podían pagar un abogado, tuvo una cita con el Ministerio de Media Ambiente, con su directora general de la conversación de la costa Alicia Paz Antolin y el secretario general de la mar Carlos Martín Fragueiro. A continuación Ortega tenia el presentimiento de haber dado algunas sugerencias que han dado de pensar a estos señores. Pero de momento solo se quedó en una declaración de intención de dialogo. Sin embargo, los propietarios de casas en Valencia confían en la comprensión activa Vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega cuya circunscripción electoral es Valencia, aunque en las últimas elecciones no se puede decir que haya acabado brillantemente. En otros lugares los Ayuntamientos apoyan la propiedad y estancia de sus ciudadanos.

El que se pasea en un tranquilo sábado por la mañana por la Casbah oye alemanes y holandeses comentar su situación kafkiana y los ingleses hablan de la pesadilla orwelliana. Mientras su mujer hojea albúmenes familiares con las fotos de sus hijos “desheredados” de las vacaciones de verano, Clifford Carter habla sobre el principio del fútbol, que no se pueden cambiar las reglas en mitad del juego y cambiar los postes de la portería. Pero no se trata de un sentimiento de injusticia subjetivo sino más bien de las consecuencias de una “ley de apisonadora” que probablemente aun se debe corregir.

Un vecino de los Carters por ejemplo, sin saber nada y atendiendo a todas las normas, registros de la propiedad, impuestos y tasas, compró hace un año su casa en la Casbah por 600.000 euros. Cuando su banco azotado por la crisis económica se enteró que había recibido una de las temidas cartas del estado, inmediatamente le han anulado la hipoteca. Ahora él, aunque está a una distancia considerable de la playa, económicamente está el agua al cuello. Ahora se pregunta el hombre si el propietario anterior posiblemente había oído campanas a tiempo.

Los habitantes en la costa reprochan a España de expropiación arbitraria

2008-11-12T07:40:00.000-08:00

LA MONCLOA Revista de Prensa Internacional
miércoles, 12 de noviembre de 2008

http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/boletinprensainternacional/_2008/boli20081112.htm

LEY DE COSTAS

NRC Handeslblad (Holanda) Corresponsal Steven Adolf: “Los habitantes en la costa reprochan a España de expropiación arbitraria”
“Según la ‘Plataforma Víctimas de la Ley de Costas’, cien mil propietarios de viviendas y terrenos a lo largo de la costa se ven amenazados por la expropiación. Entre ellos que se encuentran muchos extranjeros. Gran Bretaña y Alemania han pedido explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente. El embajador holandés mantiene estrecho contacto con su colega británico y alemán. Sobre todo quieren saber si Madrid respeta los principios elementales de protección y seguridad jurídica…La Ley de Costas se aprobó en 1988. El objetivo era garantizar la seguridad y el carácter público de las costas españolas. No se podía construir muy cerca de la playa”.
“Durante 20 años no se ha respetado dicha ley. España llenó su línea costera despreocupadamente de colosos hoteles y de paraísos vacacionales. Con ello se obtuvieron grandes beneficios que también alcanzaron las arcas de los ayuntamientos que concedieron las licencias. Hace algunos años, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, puso final a esta situación. En medio de escándalos de corrupción en la construcción y en el aparato político sobre complejos de hoteles que se alzaron cerca del mar, Narbona ordenó una aplicación estricta de la Ley de Costas…No sólo la Ley de Costas ocasiona fuertes problemas, así en la región de Valencia se pueden expropiar pequeñas parcelas si se encuentran en una zona donde se ha proyectado un gran plan de desarrollo…La Plataforma ha pedido al Parlamento Europeo que se pronuncie acerca de la Ley de Costas.”

El Estado español expropia solares y bienes inmuebles en la playa, lo que también afecta a muchos propietarios alemanes.

2008-11-11T12:44:00.000-08:00

LA MONCLOA Revista de Prensa Internacional
martes, 11 de noviembre de 2008
http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/boletinprensainternacional/_2008/boli20081111.htm

LEY DE COSTAS
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania) Crónica de Leo Wieland: “De repente tu casa ya no está” (Subtítulo: “El Estado español expropia solares y bienes inmuebles en la playa, lo que también afecta a muchos propietarios alemanes”):
“¿Qué está pasando en las playas ibéricas? ¿Por qué tiemblan de repente, desde la Costa Brava hasta el Atlántico –exceptuando a Portugal–, así como en las Baleares y en Canarias los propietarios españoles y extranjeros por el futuro incierto de sus casas? ¿Por qué en algunos casos espectaculares ha irrumpido ya el bulldozer para apisonar aquí un restaurante y allá una mansión? ¿Acaso, en vistas de décadas de hormigonado salvaje y lucrativo en todas partes de la primera línea de playa, los ecologistas militantes en el Gobierno y en la Justicia de Madrid se han convertido en maníacos de la noche a la mañana? No del todo, puesto que tras la Ley de Costas se encuentra un conjunto de buenas intenciones”.
“En el fondo se trata de algo loable: el libre acceso del público a las playas, la protección medioambiental y la seguridad de los ciudadanos en el caso de que, en el transcurso del recalentamiento climático, el nivel del mar ascendiese de manera peligrosa y arrollase sin más los inmuebles de los vecinos. Contra esto no habría mucho que objetar. Sin embargo, las dudas y protestas van más bien dirigidas contra los métodos de aplicación selectiva de unas reglas que no están definidas precisamente con especial claridad. Al mismo tiempo se plantean las siguientes preguntas:
¿Puede aplicarse una ley con efecto retroactivo?
¿Puede expropiarse sin una correspondiente indemnización?
¿Dónde está aquí la seguridad jurídica?”

NOTA DE PRENSA- REUNION PNALC Y ALICIA PAZ ANTOLIN

2008-10-31T08:27:00.000-07:00

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas mantendrá una reunión el próximo día 4 de noviembre con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Dª Alicia Paz Antolín y el Secretario General del Mar, D. Juan Carlos Martín Fragueiro.

La petición de dicha entrevista fué solicitada por la PNALC a la Ministra Dª Elena Espinosa a finales de agosto del presente año.

La reunión tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Secretaria General del Mar, C/ Velazquez 144, Madrid.

Después de la reunión se atenderá a los periodístas que deseen estar presentes y se enviará una nota de prensa a las redacciones para informar de los asuntos tratados y el resultado de las conversaciones.

La PNALC expondrá a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, los graves problemas ocasionados a miles de familias, españolas y extranjeras, con la aplicación arbitraria, retroactiva y abusiva que de la ley de costas se está llevando a lo largo de todo el litoral español.

La voluntad de la PNALC es dar una solución, entre los afectados y la Administración, a una problemática que está generando una gran controversia nacional e internacional.

Carmen del Amo
Presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas..

Die Küste im Visier

2008-10-30T09:24:00.000-07:00

Die Küste im Visier Spanienweit droht Tausenden Immobilienbesitzern am Meer die Enteignung. Wer auf Mallorca betroffen ist, bleibt unklar

VON JONAS MARTINY

Mallorca. Eine dünne rote Linie zieht sich über die Landkarte. Mal verläuft sie ganz nah am Meer entlang, mal etwas weiter weg – und manchmal reicht sie bis weit ins Landesinnere. Von dieser Linie hängt viel ab. Denn sie markiert die Grenze des Küstenbereichs – und die Küste gehört in Spanien allen. Hier kann niemand Privatbesitz haben. Zumindest sieht das das spanische Küstengesetz von 1988 so vor. Die sozialistische Regierung in Madrid macht jetzt Ernst und enteignet auf der Grundlage dieses Gesetzes landauf, landab Tausende von Immobilienbesitzern, die zu nah an der Küste gebaut haben.
Protest regt sich vor allem auf dem Festland. Auf Mallorca sind bisher keine Betroffenen an die Öffentlichkeit gegangen. Dabei wird auch hier die Küste in diesen Monaten völlig neu definiert. Rund 70 Prozent der 650 Kilometer Inselküste sind bereits erledigt, der Rest soll bis Ende 2009 folgen. Swimmingpools, Hotels, Strandbars, aber auch Privathäuser fallen in Zukunft in den Küstenbereich. In den meisten Fällen wird dann ein Nutzungsrecht für 30 Jahre vereinbart – verlängerbar um weitere 30 Jahre. Bauliche Veränderungen sind nicht mehr möglich, Verkauf oder Vererben sind ausgeschlossen, sogar für Renovierungen braucht es eine Sondergenehmigung.
So ist es auch Nordhild Köhler ergangen. Die 66-jährige Wiesbadenerin besitzt seit 1980 ein Reihenhaus auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera, 150 Meter vom Meer entfernt. In den 90er Jahren wurde der Verlauf der Küstengrenze dort neu festgelegt. Seitdem steht Köhlers Haus mitten in der „verbotenen Zone”. Völlig unverständlich ist ihr der Verlauf der Küstengrenze, die nun als dünne rote Linie auf der Landkarte zu sehen ist. „Ein einziges Zickzack”, sagt Köhler. „Mal verläuft sie 20 Meter vom Meer entfernt, mal 350.” In der gleichen Bucht seien zwei große Hotels, mindestens ein Privathaus, zwei Restaurants und ein Supermarkt in unmittelbarer Strandnähe ausgespart worden. Ihr Haus dagegen nicht. „Das ist doch überhaupt nicht nachvollziehbar”, sagt Köhler.
Wichtigstes Kriterium für die Festlegung des Grenzverlaufs ist laut Küstengesetz, bis wohin das Meerwasser reicht – im Extremfall, also bei Unwetter. Bis zu ihrem Haus sei das Meer noch nie gekommen, beteuert Köhler. Ebenso wenig versteht sie, warum ein Gesetz angewandt werden darf, dass es noch gar nicht gab, als sie ihr Ferienhaus kaufte. „Wenn ich gestern irgendwo geparkt habe, und morgen wird da ein Parkverbot eingerichtet – dann gilt das doch auch nicht rückwirkend.” Die Betroffenen des Küstengesetzes haben mittlerweile eine spanienweite Protest-Plattform gegründet (afectadosleydecostas. blogspot.com), weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Die Vorwürfe gegen die Küstenbehörde sind vielfältig. Einer lautet: „Die Küstengrenze wird im Geheimen neu gezogen, ohne dass die Anwohner informiert werden. So wissen viele noch gar nicht, dass ihnen ihr Haus nicht mehr gehört.”
INFO: DEMARCACIÓN DE COSTASFür die Grenzziehung zwischen staatlicher Küstenzone und Privatbesitz ist auf Mallorca die Demarcación de Costas zuständig. Die Behörde sitzt in Palma im gleichen Gebäude wie das Ausländeramt (Ciudad de Querétaro s/n, 2. OG). Hier kann jeder Einblick nehmen in die offiziellen Karten sowie Pläne und sich so ein Bild verschaffen von der Gegend, in der er Immobilienbesitz hat. Bei einem MM-Testbesuch waren die Mitarbeiter freundlich und hilfsbereit. Allerdings muss man genau wissen, was man sucht. Denn das Kartenmaterial ist in sehr großem Maßstab vorhanden. Allein das Küstengebiet von Llucmajor ist in 106 Abschnitte unterteilt – für jeden von ihnen gibt es einen separaten Plan. Es ist auch möglich, in dem Amt Fotokopien der Pläne anzufertigen.

http://www.mallorcamagazin.net/nachrichten.dba?-1+2+7058

Eigentum ist eine Frage von Metern

2008-10-30T09:07:00.000-07:00

DONNERSTAG, 30. OKTOBER 2008
FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

Ein Haus am Meer – in Spanien
gerät dieser Traum für
viele In- und Ausländer zum
Albtraum. Gestützt auf ein
Küstenschutzgesetz aus
dem Jahr 1988 tritt die spanische
Regierung eine Verstaatlichungswelle
los
UTE MÜLLER, ALICANTE
So richtig kann Vivian Lecky
den wunderbaren Meerblick
aus dem Fenster ihres Apartments
in letzter Zeit nicht mehr
genießen. Die gebürtige Irin wohnt
im fünften Stock des Torre Alacant
in Alicante, einem der Wohntürme,
die teils noch während der FrancoÄra
an Spaniens Südküsten hochgezogen
wurden. Doch nun fürchten
die 80-Jährige und ihr Mann,
dass ihr Traum vom Leben am Meer
abrupt zu Ende geht. Denn Spanien
hat eine massive Enteignung von
Küstenimmobilien begonnen.
Nach dem Beschluss der Regierung
darf Privatbesitz, der zu nahe
am Meer liegt – im Stadtbezirk ist
die Grenze 20 Meter – verstaatlicht
werden. Vivians Block steht zwar
50 Meter vom Wasser entfernt. Die
Bauherren hatten 1964 mit Erlaubnis
der Behörden dem Meer künstlich
Boden abgerungen. Jetzt aber
gilt plötzlich wieder die alte Grenze,
und damit fällt das Hochhaus unter
das Küstengesetz.
„Als wir vor 20 Jahren kauften,
sagte uns niemand, dass hier etwas
illegal sei. Unsere gesamten Ersparnisse
stecken in dieser Wohnung“,
klagt Vivian. Eine Entschädigung
sieht das Gesetz zumeist nicht vor,
auch der Weiterverkauf der bedrohten
Immobilien ist strikt untersagt.
Rund 200 000 Immobilienbesitzer,
darunter 45 000 Ausländer,
könnten so ihr Eigentum verlieren.
20 000 von ihnen haben sich in der
Bürgerinitiative PNALC zusammengeschlossen.
Die Vorsitzende
Carmen del Amo, Bankangestellte
im Vorruhestand, hält das Vorhaben
der Regierung für wahnwitzig:
„Ein Gesetz kann nicht rückwirkend
für illegal erklären, was vorher
schon bestanden hatte.“
Der Stuttgarter Eckhard Rose hat
für sein Häuschen in Rota bei Cádiz
bereits einen Enteignungsbescheid
erhalten. Er hat vor acht Jahren völlig
legal eine Finca direkt am Strand
erworben. Längst haben Ausländer
wie er bei ihren Botschaften Alarm
geschlagen – doch die zeigen sich
machtlos. Zwar gab es im Mai ein
Treffen mit Regierungsvertretern,
heißt es etwa bei den Deutschen:
Doch habe man nur Informationen
ausgetauscht, keinesfalls Druck auf
die Spanier ausgeübt. Auch Lecky
zeigt ein Schreiben ihrer Botschaft:
„Wir verstehen Ihre Situation bestens,
können aber gegen spanische
Gesetze wenig ausrichten.“
Ursprünglich zielte das Gesetz
von 1988 darauf ab, Spaniens Küsten
und die Dünen zu schützen und
der Öffentlichkeit Zugang zum
Strand zu garantieren. Lange aber
geschah gar nichts. Erst 2004, als
Cristina Narbona Umweltministerin
der ersten Regierung von Ministerpräsident
José Luis Rodríguez
Zapatero wurde, begann die Vermessung
der Küste. Allein am
Mittelmeer sollten 776 Kilometer
wieder uneingeschränkt der Allgemeinheit
zugänglich gemacht werden.
Tausend Gebäude wurden inzwischen
abgerissen.
„Wir waren erleichtert, als Narbona
nach den Parlamentswahlen
vom März nicht mehr als Umweltministerin
aufgestellt wurde“, sagt
del Amo. Doch der Albtraum für sie
und die anderen Küstenbewohner
ging damit nicht zu Ende. Roger
Zimmermann, Manager des Fünf-
Sterne-Hotels Sidi Saler bei Valencia,
ist überzeugt, dass das Gesetz
verfassungswidrig ist. 1972, als die
Hotelbesitzer das Grundstück erwarben,
galt explizit die Auflage,
dort ein Hotel zu bauen. Jetzt ist es
vom Abriss bedroht. „Ein Skandal
ist auch, dass der Mindestabstand
zum Wasser höchst flexibel gehandhabt
wird“, sagt der Schweizer:
„Mal sind es 300 Meter wie bei
uns, mal 500 Meter wie in Galizien.“
Vor einigen Tagen statuierten die
Behörden im Süden von Teneriffa
ein Exempel. Cho Vito, ein malerisches
Fischerdorf, das vor 40 Jahren
an einem Felsen über dem Meer erbaut
worden war, wurde abgerissen.
Weinende Bewohner sahen zu.
Auch Vivian weinte, als sie die Bilder
im Fernsehen sah. „Seither können
wir nicht mehr ruhig schlafen.“

La Moncloa Revista de Prensa Internacional

2008-10-30T08:58:00.000-07:00

OPERACIÓN MILITAR ESPAÑOLA EN LA COSTA SOMLÍ

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Financial Times Deutschland (Alemania) Crónica de Ute Müller: “La propiedad es cuestión de metros” (Subtítulo: “Una casa en la playa – en España este sueño está convirtiéndose en una pesadilla para muchos oriundos y extranjeros. Basándose en una Ley de Costas de 1988, el Gobierno español ha desencadenado una ola de estatalizaciones.”)
“Alrededor de 200.000 propietarios de bienes inmuebles, entre ellos 45.000 extranjeros, podrían perder sus propiedades. 20.000 de éstos se han unido bajo la iniciativa ciudadana PNALC. Su presidenta Carmen del Amo, empleada de banca prejubilada, considera descabellados los propósitos del Gobierno: ‘Una ley no puede declarar como ilegal con efecto retroactivo algo que antes ya existía’, declara. Los extranjeros ya han dado la voz de alarma en sus embajadas, pero éstas se muestran impotentes. Según los alemanes, el pasado mes de mayo se produjo un encuentro con representantes del Gobierno. Sin embargo, únicamente se intercambiaron informaciones – en ningún caso se ejerció presión sobre los españoles.”

http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/boletinprensainternacional/_2008/boli20081030.htm

2008/10/27 “Las autoridades se toman muy en serio la protección de las costas.Miles de extranjeros temen por sus propiedades.” Focus (Alemania)

2008-10-27T10:12:00.000-07:00

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Revista de Prensa Internacional
2008 10 27

LEY DE COSTAS

Focus (Alemania) Artículo de Werner Herzog: “Shock tardío” (Subtítulo: “Las autoridades se toman muy en serio la protección de las costas. Miles de extranjeros temen por sus propiedades.”)
“’La situación es seria’ declara el manager hotelero suizo Roger Zimmermann, que dirige el hotel de cinco estrellas “Sidi Saler” en Valencia. El complejo hotelero de seis plantas se encuentra en “terreno público” y por ley no puede ser reformado ni vendido. Sin embargo, en 1974 –por lo tanto catorce años antes de que entrara en vigor la Ley de Costas– la ciudad de Valencia vendió el terreno con la explícita condición de que se construyese un hotel sobre el mismo. ‘La aplicación de leyes con efecto retroactivo es anticonstitucional’ opina Zimmermann. ‘Este caso también lo hemos presentado ante el Parlamento Europeo en Bruselas’, añade”.
“Al igual que muchos habitantes costeros, el manager hotelero está de acuerdo con que las costas españolas sean protegidas por fin de manera adecuada. Pero el modo en que lo hace el Estado le parece inapropiado – y sobre todo desmesurado: veinte años después de la promulgación de la ley, tan solo el 83 por ciento de las costas han sido examinadas y amojonadas. En muchas ocasiones no está claro hasta dónde llega una duna protegida.”

Los ingenieros ponen de manifiesto la dificultad de garantizar el acceso a la costa en Galicia

2008-10-23T00:32:00.000-07:00

LA VOZ DE GALICIA
23/10/2008

Los ingenieros ponen de manifiesto la dificultad de garantizar el acceso a la costa en Galicia. La orografía costera de Galicia está dificultando el acceso libre al litoral. Esa es una de las conclusiones que medio millar de ingenieros de toda España y Portugal evidenciaron ayer en la primera jornada del Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio que hasta el próximo viernes se desarrollará en Vigo. Dicha normativa, que cumple ahora veinte años, debería adaptarse, según dicho especialista, a la irrupción de las autonomías en la gestión de competencias que inciden en la costa, así como las alteraciones que el cambio climático está provocando en el litoral. Los ingenieros abogan además por coordinar la ordenación territorial entre Galicia y Portugal.

23/10/2008

La Voz de Galicia

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL / Servicios de Prensa / Revista de prensa internacional

2008-10-22T06:50:00.000-07:00

LEY DE COSTAS

Il Giornale (Italia) Crónica firmada DMat: “España. Hacia la expropiación de todas las casas del litoral”.

“Miles de españoles y extranjeros, propietarios de una casa en la playa, tiemblan. Desde 2004 el gobierno de Zapatero ha decidido acelerar la aplicación de una ley – aprobada en el 88 por el socialista González – que expropia las construcciones comprendidas en el llamado “dominio público marítimo-terrestre”, sancionado por el ministerio del Medio Ambiente. Los edificios que los técnicos consideran estar dentro de ese territorio pasan a ser de propiedad del Estado, que concede a los ex propietarios un permiso para usarlos durante 30 años, prorrogables por otros 30, pero que impide vender o modificar la propiedad”.
“En el ministerio del Medio Ambiente aseguran que se ha procedido ya a un estudio sobre el 82% del litoral y que se quiere terminar lo antes posible. La ley, sin embargo, no ayuda a establecer qué casa está en la zona de protección, que en el texto se indica como “el límite hasta el cual han llegado las olas en las mayores borrasca conocidas” o “donde se acumulan depósitos de material”, incluyendo dunas etc. Además, la ley tiene efecto retroactivo, por lo que afectaría también a los edificios construidos antes del 88.En suma, una verdadera revolución que, según El País, ha movilizado a las diplomacias de Inglaterra y Alemania, preocupadas por la (ex) propiedad de miles de jubilados de los dos países, que han invertido sus haberes en la adquisición de una casa a orillas del Mediterráneo. Y efectivamente los dos países han pedido oficialmente “aclaraciones” a las autoridades de Madrid”.
http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/boletinprensainternacional/_2008/boli20081021.htm

“Los británicos temen por sus viviendas a medida que España despeja sus costas”

2008-10-09T07:27:00.000-07:00

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Revista de Prensa Internacional

jueves, 09 de octubre de 2008

LEY DE COSTAS

The Daily Telegraph (Reino Unido). Crónica de Fiona Govan: “Los británicos temen por sus viviendas a medida que España despeja sus costas”.

“Las autoridades españolas han ordenado la demolición de decenas de casas en un pueblo pesquero de Tenerife, dando un paso adelante en su intención de limpiar el litoral del país de propiedades ilegales. La draconiana medida en el noreste de las Canarias ha suscitado el temor de los propietarios de viviendas en las costas españolas. Perece revelar la determinación del Gobierno de aplicar su controvertida ley de Costas, que hasta ahora sólo se había aplicado a unas cuantas casas aisladas. Se calcula que unas 500.00 casas, muchas de ellas propiedad de británicos, pueden estar en peligro. A varios propietarios británicos ya se les ha comunicado que sus casas afrontan demolición”.
“Al principio, los habitantes se negaron a abandonar sus hogares, pero fueron obligados a ello por un equipo de unos 50 efectivos de la Guardia Civil. Algunas de las modestas moradas fueron edificadas hace más de 60 años, pero quedaron en situación de ilegalidad debido a las leyes urbanísticas dictadas en 1988 con el fin de proteger la costa española de la construcción excesiva. La batalla legal en torno a las demoliciones se remonta a 1996, cuando por primera vez las autoridades regionales anunciaron planes para despejar la zona. El Gobierno español se ha comprometido a despejar urbanizaciones a lo largo de 482 millas de costas empleando la ley de Costas, que tiene 20 años. Según las propuestas anunciadas el pasado año, las propiedades construidas a menos de 550 yardas de la costa pueden ser confiscadas por el Estado con mínimas compensaciones para los propietarios”.

ARE YOU A BRIT WITH A STORY TO TELL ABOUT SPAIN?

2008-09-16T11:06:00.000-07:00

InMalagaToday.com
16 de Sept de 2008

ITV I

ARE YOU A BRIT WITH A STORY TO TELL ABOUT SPAIN?

A NEW DOCUMENTARY SERIES WANTS TO HEAR FROM YOU!

CHASING THE DREAM: Are you a British family or couple who are about to make the big move to Spain? If you are ‘upping sticks’ in the next couple of months, or have recently moved over to Spain, then we would love to hear from you.

STARTING A NEW BUSINESS: Are you embarking on the ultimate challenge, putting it all on the line to be your own boss? If you’re starting a new venture in Spain- or have launched one in the last year or so we’d love to hear all about it.

MORE THAN YOU BARGAINED FOR: Have you found that Spain was not what you expected? If you are fighting to stay where you are, or are considering leaving Spain behind then please get in touch.

If any of the above sounds like you or someone please send an email please send an email telling us a bit about yourself to: coastofdreams@studiolambert.com.
Alternatively call us on 0207 534 2016 and we will call you back.

(Calls from the UK charged at standard rates on BT landlines – calls from mobile networks and overseas phone providers may be considerably more).
At this stage, there is no commitment to filming, and we welcome enquires from anyone who might be interested to find out more.

Special 20th aniversary report on -Ley de Costas- by Alfredo Maso in Arenales del Sol

2008-09-02T07:12:00.001-07:00

On the twentieth anniversary of the Spanish Coastal Law 1988

PROMISES MADE IN PARLIMENT
In 1989, in the Spanish Congress of Deputies, the deputy Juan Antonio Montesinos posed a question to the then minister of Public Buildings and Works, Saenz de Cosculluela, about the implementation of the Spanish Coastal Law (ley de costas) that was approved in July 1988:-
"Has the government any plan of action, other than paying a fair price, to compensate financially foreign owners of property in the Spanish coast which will be expropriated by the application of the coastal law?
The Minister was offended, as well as surprised by the question. A country like Spain, serious and respectful of the rights of citizens, should not be subjected to such doubts. Emphatically he answered with the statement that his ministry had made public:

1… " The Ministry of Public Works flatly denies that the Coastal law involves the nationalization or expropriation of any property of either Spanish or foreign citizens. Only those buildings which are devoid of all legal support will be affected by the appropriate sanctioning, in accordance with the procedures established by law and the owners having access to all legal defence mechanisms.
2….. The Costal law arbitrates mechanisms for the legalization of constructions made in the coastal public domain zone, as well as safeguarding the buildings constructed in accordance with previous legislation."
Nothing more, nothing less.

PROMISES BROKEN IN ARENALES DEL SOL
That same year, the General Directorate of Coasts had begun the task of redrawing the coastal line in Arenales del Sol. In 1974 this part of the beach had been previously separated from the public shoreline area by the General Directorate of Coasts based on the previous definition of -coastal public domain- included in the Costal Law of 1969. Accordingly, the area had also been included as urban land in the Elche town plan and the buildings that had been approved then are today on this beach. Indeed, some of the land had been sold to individuals by the State as -non public domain land- so these homes are as legal as the homes in the urban centres of any cities.
What led the General Director of Coasts to implement the new 1988 Coastal Law in Arenales del Sol, contradicting the word of the minister (in parliament, which is the institution that reflects the higher level of popular sovereignty), is one of the biggest mysteries.
Did the minister lie and therefore act with indignation, making him an accomplice of his government to such deceit?
Did either of the senior ministers of the coastal department decide that the deputy was incompetent and they could circumvent his words and do what they wanted to achieve their aims?
The fact is that in 1997 (actually with another political party in power and a different minister) the new coastal demarcation line in Arenales del Sol was approved by parliament.
Curiously, the document says that it was redrawn because the previous demarcation, in 1974, was incomplete as it had not included the beach. A study of the previous demarcation, conducted by the Directorate of Coasts, found that the area where the constructions are had been separated from the surf zone.
The conclusion is that officials had to distort the facts in order to make the pieces of the report fit together.
Either, the coastal law itself applies retroactively on property law, with what that would mean re. legal certainty to invest in this country, or, they had to affirm, lying, that the properties were not legal because the previous coastal demarcation was incomplete.
They chose to lie and therefore chose to pervert the course of justice.
This is not a matter of any particular political party, which is endorsed by the fact that the Department of Coasts began its new coastal demarcation line in 1989 (unnecessarily because it had already been done) with one party in power and terminated it (after almost a decade ) with another in power.
PNALC and the EUROPEAN UNION
Unfortunately, the modus operandi used by the Costal department in Arenales del Sol has since then been used in many other places on the Spanish coast. The alarm, legal uncertainty and helplessness that all these violations have generated, has forced thousands of residents affected to organize themselves in order to defend their legitimate properties.
In this way the - National Platform of people Affected by the Costal Law, PNALC, was born and they sent a report (January 2008) to the European Parliament in which were reflected some of these abuses by the retroactive application of the Coasts Law.
The European Parliament, alarmed that European citizens could be deprived of their properties by the Spanish government, has admitted the petition, and announced that they will form a Commission of Inquiry to investigate the performance of the Spanish Government.

NEW TEAM IN CHARGE OF THE COAST
Already an important number of the officials who for years committed these atrocities, with unprecedented arrogance, have been removed from the General Directorate of Coasts.
There is now a new responsible minister of the environment and some new people in charge of the coastal department. We hope that they understand what our association and the PNALC hope to achieve. Our struggle is to defend the property rights legitimately acquired before the 1988 Coastal Law came into force and these rights go beyond the mere defence of our homes.
We wish to amend the articles of the Coastal Law that have allowed, and that still allow today the retroactive application of this law. We do not accept the stale argument that the ends justify the means and that individual rights must be subordinate to the collective interests, and we want to open a debate which returns, what we understand are the basic conditions for a state, respect for its citizens, and their rights. We believe that new laws do not apply to earlier rights, and that legitimately acquired property rights is a fundamental right. We know that it is not a fundamental right of people in our Spanish Constitution, (the daughter of time and history), but it is for the European legislation and courts.
Both conditions are essential to regain the confidence of thousands of foreign nationals who consider this country unsafe for its investment and little more than a banana republic in these issues of urban design.
We have never doubted the ability of a democratically elected government to order the territory based on the common good. If the Government wishes to remove buildings from the coast, it is within its rights. What we ask is that it does so with appropriate mechanisms of recognition of property rights and rights to reasonable compensation as is does when it expropriates land to build a motorway, a railway, an urban highway, a park, etc..
What we consider to be nonsense is for the Government to remove our property rights and tell us that the compensation is a concession to live in the property for a certain number of years.
Although this is the result of a legal ruling of the Spanish Constitutional Court, it is absolute nonsense, and relates to someone with no economic sense.

PAUSE FOR THOUGHT
Now, the state can acquire property, paying for it by simply giving the owner permission to use his or her own property for a limited period of time.
Extrapolating this type of relationship to individuals, it is as if one could say to another: I like your car and as I am stronger than you (I am the state), it is now mine, but to show that I am not really a thief you can carry on using it for a few months, but you will have to ask me permission to do any repairs and you must pay all costs including the road tax. I will be back to collect the car in six months time, make sure it is in good condition.
Fantastic.
If we allow the government to enforce laws like this on previous(legitimate) properties we will open the door to future abuses without end.
Imagine that it is considered that the massive construction in our cities has spoiled the skyline, for example buildings with 8 or 9 floors in the same streets where there are more older buildings of 4 or 5 plants. You can find arguments to justify this action.
The existence of buildings which are higher than others in the same streets is not only aesthetically unbearable (some pseudo-environmentalists are so aesthete!), but it also harms the reception of TV and radio broadcasts in the lower houses . So next a responsible government issues a law to recover the Public Domain Air to Ground zone, which stipulates that cities may no longer have buildings in the centre of more than 5 stories high.
This same law also stipulates that all homes that exceed the allowed height, become the property of the state. As this will affect hundreds of thousands of housing stock, it proclaims that the current owners will be given, in compensation for losing their property, a concession of 30 years (expandable in certain cases), and once past this period, the excess height will be demolished.

IT MAY BE YOUR TURN NEXT
Do you not admit that if you had the misfortune of owning a property on the sixth floor you would fight for your property rights?
This is exactly what we are doing, and whilst you are thinking about it, remember the verses of Bertol Brecht about one of those governments who believed that the individual and their rights should be subordinate to the state.

"First they took the blacks, but I did nothing because I was not black. Then they took the Jews, but I did nothing because I was not a Jew. After that they arrested anarchists, but since I am not an anarchist I did nothing ... Now they are taking me……… " !
Alfred MASO Tribune
President of the association of neighbours in Arenales del Sol
+Diego Photographer
Friday, August 29, 2008
ELCHE

This is an unoficial translation of an article published by informacion.es
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090200_8_793219__Opinion-vigesimo-aniversario-Costas

PLAYA DE LA CASERIA (CADIZ)

2008-08-25T12:53:00.000-07:00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEMARCACION DE COSTAS EN ANDALUCIA-ATLANTICO
CADIZ
NOTIFICACIÓN DE INCOACION DE EXPEDIENTES DE RECUPERACION POSESORIA DEL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE
En fecha 16 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y preceptos concordantes de su Reglamento, por esta Demarcación se ha acordado la incoación de los expedientes de recuperación posesoria abajo mencionados, que afectan a diversas casetas existentes en terrenos de dominio público marítimo terrestre incluidos en el deslinde con clave DL-105-CA, aprobado por Orden Ministerial de 20/05/2002, en la playa de la Casería de Ossio, T.M.
de San Fernando (Cádiz).
A tenor de lo prescrito en el art. 17 del Reglamento para la ejecución y desarrollo de la Ley de Costas, aprobado por R.D 1471/1989, de 1 de diciembre, los interesados disponen de un plazo de OCHO DÍAS para que puedan efectuar las alegaciones que estimen convenientes en su defensa.
Los correspondientes expedientes obran en la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, sita en Cádiz, c/ Marianista Cubillo, nº 7.
Lo que se hace público a efectos de notificación, según lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dado que se desconoce el domicilio y/o identidad de los ocupantes.
TRÁMITE: INCOACIÓN
PUBLIQUESE, EL JEFE DE LA DEMARCACION Fdo.: Federico Fernández
Ruiz-Henestrosa. Nº 7.201
SAN FERNANDO
Toda una vida junto al mar
Los pescadores profesionales de la Casería tendrán que abandonar las casetas heredadas de sus abuelos para la regeneración del litoral y piden que Costas construya nuevos módulos
18.08.08 -
S. SALAZAR

INCERTIDUMBRE. Los pescadores regresan de la faena mientras sus mujeres los esperan en la orilla aprovechando el buen tiempo. / S. SALAZAR

Generación tras generación, los pescadores de la Casería de Ossio han heredado las pequeñas casetas donde guardan sus enseres para salir a la mar. El oficio lo aprendieron de sus padres que les dejaron su sabiduría junto con un trabajo duro. Las arrugas de sus rostros marcadas por el sol y la brisa marina se fruncen ahora al conocer que van a perder una parte de sus vidas. El proyecto de rehabilitación de todo el borde litoral y la regeneración de la playa de la Casería hará desaparecer el lugar que construyeron sus bisabuelos. Elimina también los veranos junto al mar, ya que de los 24 pescadores profesionales que frecuentan la Casería, ocho residen durante los meses estivales en los pequeños módulos de madera o ladrillo. Es el caso de José María Bouza Fournel, que aprovecha el buen tiempo para disfrutar con su familia al máximo de lo que les queda en «su casería». Su mujer María del Mar y sus dos hijos David y Cristian, le esperan sobre las tres de la tarde en la cooperativa de pescadores, un pequeño habitáculo que construyó su padre. Lo justoAllí tienen lo justo para comer y dormir. Con las vistas, y los baños en el mar tienen suficiente para vivir. Y ahora aprovechan cada segundo porque saben que quizá el próximo verano no será igual.Mientras, el Club de Pesca Deportiva Puente de Hierro está a punto de abrir sus puertas, y el Club Náutico Escuela de Vela la Casería continúa en fase de ejecución. El nuevo club náutico tendrá cabida para 130 embarcaciones con esloras de entre tres y seis metros, reservando espacio para embarcaciones de hasta nueve metros. Además se construirán pantalanes fijos sobre los que se apoyarán los flotantes, según explica la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Todo para los pescadores deportivos, a los que hay que diferenciar de los profesionales. Una distinción que muchos ciudadanos desconocen. Los pescadores profesionales de la Casería ven frente a ellos la construcción de una zona de pesca de recreo con todas las comodidades, puesta en marcha por el Ayuntamiento, mientras para ellos el futuro se plantea incierto. «Vivimos exclusivamente de la pesca y con lo que sacamos damos de comer a nuestros hijos y pagamos los gastos del barco y la seguridad social». Entre todos se ha conformado en una cooperativa de pescadores artesanales y explicaban que una vez de todo sea derruido tendrían suficiente con dos pantalanes para los diez barcos que salen a la mar, y con unos cuartillos para guardar los materiales y una nevera. Por ahora, lo único que tienen es un compromiso «de palabra» de la Demarcación de Costas, administración encargada de llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del borde litoral y la playa. El delegado de Agricultura y Pesca de la Junta, Juan Antonio Blanco, fue quien comunicó al portavoz socialista local, Fernando López, que la Administración autonómica abonará el 75% del coste de las nuevas instalaciones, ubicadas junto al Club Náutico. Por su parte, el alcalde, Manuel María de Bernardo, aseguró que apoya a los pescadores y está con ellos «pero la responsabilidad en esta actuación es de Costas». Los afectados continúan en espera de un compromiso firmado.sanfernando@lavozdigital.es
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20080818/san-fernando/toda-vida-junto-20080818.html

PLAYA DE LA CASERIA (CADIZ) 2008

Construcción, a escasos metros de las aguas de la Bahía y del Parque Natural, de siete torres de 16 plantas de altura (3 de ellas ya construidas)
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20080818/san-fernando/toda-vida-junto-20080818.html

Alegaciones Ecologistas en Acción-San Fernando por la aplicación de la Ley de Costas

2008-08-25T12:44:00.000-07:00

27/06/02ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SAN FERNANDO, ante las diversas manifestaciones realizadas recientemente en relación con los deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre que lleva a cabo la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico y que inciden sobre este término municipal manifiesta ante la opinión pública lo siguiente:·Resultan lamentables los calificativos que se vienen utilizando respecto a la aplicación de la Ley de Costas en la ciudad. Considerar “atropello” o “barbaridad” la aplicación de esta ley o llamadas a la movilización ciudadana para evitar que ésta se lleve a buen término no son compartidas en absoluto por este colectivo. En la ciudad se han cometido auténticas barbaridades como la desecación del caño del Zaporito para convertirlo en un vertedero incontrolado, o los rellenos de salinas como La Magdalena o Santa Leocadia hace algunos años o el más reciente en la salina Sagrado Corazón para instalar Bahía Sur. Estas barbaridades son las que se pretenden evitar con la aplicación de la Ley de Costas.·La Ley de Costas de 1988 se promulgó con el fin de poner freno al continuo deterioro del litoral y al urbanismo insostenible que iba camino de acabar con la riqueza ecológica, paisajística y cultural de las zonas costeras del estado español.·Ecologistas en Acción considera igualmente lamentable el mantenimiento de posiciones que parecen ancladas en el desarrollismo de épocas pasadas sin una visión de futuro que permita preservar para las generaciones futuras estos espacios libres de especulación.·Culpar a la Ley de Costas de la situación socioeconómica del municipio resulta simplista y demagógico. Se argumenta ahora que los deslindes impedirán la ejecución del polígono industrial previsto junto al “puente de hierro” y que no habrá suelo industrial por la aplicación de la Ley de Costas cuando los terrenos de la fábrica de San Carlos, con un uso industrial admitido por todas las administraciones, se recalifican para darles un uso residencial.·Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción-San Fernando muestra públicamente su apoyo a la labor de los técnicos de la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico en la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público quienes, pese a las posturas de fuerza que se le plantean desde diversos sectores de San Fernando, cumplen estrictamente con su obligación de aplicar el contenido de la Ley de Costas en todos los municipios del litoral gaditano.

Noticias 05 Oct 2005 12:00 am
alegaciones al proyecto de regeneración de la playa de la casería
Alegaciones al proyecto de regeneración de la playa de la casería y adecuación del dominio público presentadas por Ecologistas en Acción y la plataforma ciudadana SOS Casería en la Demarcación de Costas. El proyecto contempla un paseo marítimo típico en la zona de la Casería y la demolición del Bartolo, entre otros aspectos.
ALEGACIONES AL PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA CASERÍA Y ADECUACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. SAN FERNANDO.
Ecologistas en Acción-San Fernando, entidad legalmente constituida con domicilio a efectos de notificaciones en el apartado de correos nº 173, de San Fernando (Cádiz), y la plataforma ciudadana SOS CASERÍA, a la vista del PROYECTO DE REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA CASERÍA Y ADECUACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO en periodo de exposición pública de acuerdo con anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 28 de septiembre de 2005 formula las siguientes
ALEGACIONES:
1.Resulta cuando menos sospechoso que se plantee esta actuación en el entorno de la Casería de Ossio justo cuando se encuentra en ejecución uno de los proyectos urbanísticos más duros y especulativos del litoral gaditano como es la construcción de una urbanización que incluye siete edificios residenciales de dieciséis plantas de altura, casualmente en la zona colindante con el ámbito del proyecto objeto de las presentes alegaciones. Da la sensación de que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, pretende lavarle la cara a una zona desde siempre olvidada con el fin de no molestar las vistas de los nuevos habitantes del barrio.San Fernando es una ciudad con una parte importante de su término municipal incluido en el Dominio Público Marítimo Terrestre. Pese a ello no se ha llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, hasta la fecha, ninguna actuación en beneficio del mismo. Solo hay constancia de una desafortunada regeneración de la playa de Camposoto de la que es mejor no acordarse. ¿Por qué no inicia sus actuaciones la Demarcación de Costas restaurando antiguas salinas, rehabilitando molinos de mareas o casas salineras o limpiando la suciedad que existe en el Dominio Público?Ecologistas en Acción-San Fernando ha sido siempre defensor de los deslindes del Dominio Público Marítimo Terrestre que valientemente ha venido tramitando la Demarcación de Costas en Cádiz. Cuando a la Demarcación le han llovido críticas del Ayuntamiento, acuicultores, promotores, esta asociación no ha dudado en salir a la luz pública defendiendo el interés general por encima del particular. Por ello, en este caso no entendemos como se pliega la Demarcación de Costas al interés particular, al interés de los que están plagando de edificaciones cualquier metro cuadrado que queda libre en este municipio. Si se han vendido los pisos con playas y con un entorno idílico no debería ser un problema de la colectividad, en este caso representada por el Ministerio de Medio Ambiente.
2. Dicho lo anterior y centrándonos en el contenido del proyecto, lo primero que sorprende es el ámbito del mismo. ¿Por qué no se acomete una regeneración y limpieza de todo el frente costero de San Fernando con la Bahía de Cádiz desde Río Arillo hasta La Carraca? ¿Por qué la actuación se limita a la fachada de las nuevas urbanizaciones residenciales en construcción en los antiguos terrenos de la fábrica San Carlos (recalificados de industriales a residenciales) y en el sector uno de la Casería (objeto de modificación del PGOU para aumentar las alturas hasta 16 plantas)?. En consecuencia, este colectivo demanda que la actuación de limpieza y regeneración se amplíe hasta los límites citados.
3. El aporte de arenas debería eliminarse del proyecto ya que ello supondría que la misma se deposite sobre suelos fangosos y en zonas con vegetación marina que se vería afectada. En cualquier caso se trata de una medida que está demostrado que no sirve para nada ya que la propia dinámica, tanto de viento como de marea, hace que sea necesario continuos aportes con lo que el proceso de colmatación de la Bahía de Cádiz se vería acrecentado.
4. Las actuaciones de limpieza del borde litoral son claramente necesarias y por ello se apoyan desde este colectivo. No obstante, se considera que no es necesario esperar a que se aprueben proyectos de este tipo para acometerlas. El Dominio Público Marítimo Terrestre, de la titularidad del estado y gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente, presenta en el entorno de San Fernando un penoso estado de suciedad sin que por parte de la Demarcación de Costas se actúe al respecto.
5. Respecto a las demoliciones propuestas desde este colectivo se plantean los siguiente aspectos. En primer lugar, en el ámbito de actuación existe un edificio singular que merece mucho la pena conservar. Se trata del conocido como “Cantina el Titi”. Por su antigüedad, singularidad, situación e integración en el entorno es sin duda merecedor de ser conservado. No tiene sentido acometer la demolición de algo singular y característico de La Casería para convertir la zona en algo impersonal e ignorante de su historia. Sin perjuicio de que pueda conservar el uso que actualmente tiene, podría plantearse su uso como mirador privilegiado al saco interno de la Bahía de Cádiz. Respecto al resto de instalaciones existentes en la zona, la Demarcación de Costas como promotor del proyecto o, en su caso, la Gerencia de Urbanismo de San Fernando que claramente se encuentra detrás del mismo, deberían ser sensibles con las personas que hacen uso de la zona como lugar de residencia y ofertarles una salida digna. En cualquier caso, es deseo de este colectivo que las demoliciones se acometan al mismo tiempo que las ilegalidades existentes en El Trocadero, El Palmar, Caños de Meca, Zahora y otros puntos del litoral gaditano.
6. El proyecto contempla una concepción de paseo marítimo no acorde con las demandas actuales ya que responde más a modelos que han demostrado su ineficacia (paseo de La Magdalena por poner un ejemplo). En lugar de paseo marítimo al uso, debiera contemplarse un sendero peatonal que al borde de la Bahía permitiera disfrutar de la misma. Un sendero integrado en el entorno es una solución mucho mejor que la de paseo marítimo. El borde costero de San Fernando es en gran medida desconocido y una adecuada red de senderos peatonales iría en beneficio de toda la ciudadanía. Los pocos ejemplos existentes (Río Arillo, camino de la Depuradora…) demuestran la alta demanda existente de este tipo de instalaciones blandas, livianas e integradas en el medio.
7. Resulta sorprendente que el proyecto contemple entre sus actuaciones la ejecución de viales asfaltados. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente que dotar de viales a las urbanizaciones? ¿No han de ser actuaciones que deberían acometer los promotores que se lucran con las mismas o los ayuntamientos que recalifican los suelos?. Ecologistas en Acción-San Fernando considera que estas actuaciones deben desaparecer del proyecto ya que no responden al título del mismo puesto que no suponen una regeneración ni adecuación del dominio público marítimo terrestre.
8 .Con el conocido como “Cementerio de los ingleses” ocurre algo parecido a lo dicho en el punto anterior. Este colectivo, lógicamente, no se opone a que se hagan zonas verdes en el municipio, pero ¿tiene que ser el Ministerio de Medio Ambiente el que acometa un equipamiento urbanístico que debiera ser una carga de los promotores de las edificaciones?. ¿No debiera destinarse este dinero a la limpieza y adecuación del dominio público en vez de hacer zonas verdes en lugares residenciales?.
9. Otras cuestiones a nuestro juicio mejorables del proyecto son las relativas a la iluminación (debería limitarse al máximo de acuerdo con los requerimientos del entorno y hacer uso de métodos anti contaminación lumínica que no han sido tenidos en cuenta) y a la jardinería (con una profusión de especies alóctonas y no adecuadas para la zona en la que se actúa).
10. Se sugiere que se incluya en el proyecto un mirador al final de la pasarela que se contempla donde se encuentra la rampa de la antigua grúa de la Fábrica San Carlos. Igualmente, y con el objeto de ofrecer un área de descanso y de camino salvar los ejemplares centenarios de eucalipto presentes en el ámbito (con un porte considerable), se sugiere se habilite una pequeña área recreativa en dicha zona como complemento del sendero (que no paseo marítimo).
11. En consecuencia se solicita que de acuerdo con las alegaciones presentadas en el presente escrito se modifique el proyecto de regeneración de la playa de la casería y adecuación del dominio público de San fernando.
San Fernando, 19 de octubre de 2005
COORDINADORAECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SAN FERNANDO
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ANDALUCÍA-ATLÁNTICOMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.CÁDIZ.

OPERACIONES DE ESPONJAMIENTOS

2008-08-24T14:18:00.000-07:00

Hola a todo@s> :
Si creíais que ya lo habías visto todo, os equivocaís. Esta noticia es lo último que me esperaba encontrar.
Durante años se hace la vista gorda dejando que se creen plazas hoteleras para luego ilegales luego hacer un Consorcio (debe de ser el hobby de los políticos) para regularizarlas. Hasta aquí no me sorprendí nada, visto lo visto, pero mi sorpresa fué mayúscula cuando seguí leyendo y comprobé las intenciones de tan buena armonía con quienes tenían que haber sufrido un multazo que hiciera historia por haberse saltado las leyes a la torera: un negocio multimillonario.
Pero aquí no acaban las negociaciones, el dinero por regularizarles irá a parar entre otras cosas a "la rehabilitación de zonas turísticas mediante, entre otras, OPERACIONES DE ESPONJAMIENTO". ¿Os suena la frasecita? pués es la que utilizaba Cristina Narbona y José Fernández cuando hablaban de DERRIBAR nuestras viviendas adquiridas legalmente.
Prefiero dejar a la libre imaginación de cada cuál a "quienes y para qué" van a ESPONJAR..........
No perderos los articulos relacionados con la noticia (pinchar a la derecha). Y de nuevo....los sindicatos, además con un rebote que no veais porque les dejan fuera y quieren saber donde va ir a parar semejante millonada. ¿No son ellos los que tenían que haber denunciado y velado para que no se cometieran semejantes irregularidades?
Un abrazo. Carmen

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060100_2_363436__Mallorca-Govern-hoteleros-crean-empresa-para-regularizar-plazas-ilegales

LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA:José Fernández Pérez

2008-08-16T15:04:00.000-07:00

LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA:
HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA
TERRITORIAL
José Fernández Pérez
Subdirector General de Actuaciones en la Costa
Dirección General de Costas
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) Paseo de
la Castellana 67
28071 MADRID
Teléfono: (91) 5 97 80 75 Fax: (91) 5 97 85 10
RESUMEN:
La costa es un espacio de gran valor ambiental, que juega un importante papel
socioeconómico como lugar de ocio por excelencia. Por ello merece la máxima
protección, y su gestión debe asegurar su integridad física y su libre acceso y uso
público por todos.
De acuerdo con diversas recomendaciones internacionales, el litoral debe ser objeto
de una gestión integral, realizada desde políticas estatales de alto nivel. Esta gestión
debe integrar las distintas políticas sectoriales, y su ámbito debe tener en cuenta la
realidad física del litoral, sin detenerse en la división administrativa o política del
territorio.
Los retos que plantea la erosión general de la costa en el mundo, exigen una nueva
estrategia territorial en el litoral, que debe fundamentarse en dos aspectos.
Primero, se trata de establecer mecanismos urbanísticos, financieros y fiscales, para
favorecer que las inversiones a realizar en la costa se canalicen hacia la reubicación de
edificaciones en terrenos situados más al interior.
Y segundo, se trata de que las actuaciones para combatir la regresión de la costa, o
para mantener la integridad de las playas y de otros espacios litorales, se realicen
mediante técnicas de bajo impacto y costes de mantenimiento moderados.
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Algunas referencias internacionales
Los indudables valores ambientales que posee la franja
costera, y la gran sensibilidad de estos espacios frente
a las acciones humanas que se ejercen sobre ella o en
su entorno, han determinado que todos los países del
mundo reconozcan la necesidad de su gestión integral
en el marco de un modelo de desarrollo sostenible.
En todos los congresos y conferencias internacionales
sobre la costa se han realizado llamamientos a todos
los países como respuesta necesaria para su protección
ambiental frente a los diversos factores que amenazan
su integridad.
Muchas organizaciones internacionales han realizado
también todo tipo de pronunciamientos sobre la
necesidad de aplicar políticas integrales en torno al
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAYAS ARTIFICIALES Y REGENERACIÓN DE PLAYAS
l. La Gestión del Litoral en España
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 8
litoral, pues muchas de las actividades que se dan en
ese espacio influyen directamente sobre la franja más
sensible: el borde marítimo-terrestre.
Cuando en las reuniones y conferencias internacionales
se habla de la “costa”, y concretamente de la “gestión
integral de la costa” (Integrated Coastal
Management-ÍCM), es importante tener presente de
qué ámbito se está hablando.
En España es frecuente que al hablar de la “costa” nos
estemos refiriendo, como mucho, al “dominio público
marítimo-terrestre”, o a la “ribera del mar”, según las
denominaciones y definiciones más habituales en
nuestra cultura jurídica y legislación actual.
Sin embargo, cuando en la literatura especializada
internacional aparece la expresión “Coastal
Management”, se está haciendo referencia a un ámbito
territorial más amplio, tanto por el lado interior, hacia
tierra, como exterior, hacia el mar.
En general, puede decirse que el vocablo “coast” se
refiere a la franja litoral en la que se producen acciones
o actividades que tienen influencia directa sobre la
integridad del borde costero.
Realizadas las precisiones anteriores, basta reproducir
algunos párrafos de la Sección 11.17 del PROGRAMA
21 DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO (RÍO 92), firmada por España entre
otros numerosos países de todo el mundo, para situar el
carácter de los pronunciamientos, recomendaciones y
compromisos internacionales en relación con la gestión
en la franja litoral:
“....
17.5.- Los Estados ribereños se comprometen a
proceder a una ordenación integrada y a un desarrollo
sostenible de las zonas costeras y del medio marino
sujetos a su jurisdicción nacional. Para tal fin es
necesario, entre otras cosas:
a) Crear un proceso integrado de formulación de
políticas y adopción de decisiones, en que participen
todos los sectores interesados, para fomentar la
compatibilidad y el equilibrio entre los distintos usos.
...
f) Dar a las personas, los grupos y las organizaciones
interesados, en la medida de lo posible, acceso a la
información pertinente y oportunidades de que sean
consultados y participen en la planificación y en la
adopción de decisiones en los planos apropiados.
17.6.- Cada Estado ribereño debería considerar la
posibilidad de establecer, o cuando sea necesario
reforzar, los mecanismos de coordinación apropiados
(tales como un organismo de planificación de política
de alto nivel) para la ordenación integrada y el
desarrollo sosten0ible de las zonas costeras y las zonas
marinas y de sus recursos, tanto en el plano local como
en el nacional. Tales mecanismos deberían incluir la
consulta, según proceda, con el sector académico y el
sector privado, las organizaciones no gubernamentales,
las comunidades locales, los grupos de usuarios de los
recursos y las poblaciones indígenas....
...”
Es evidente, pues, que en todos los países del mundo
se considera a la costa como un territorio especial,
cuya gestión debe reservarse a altas instancias, que
puedan tener una visión muy amplia de su
problemática, y puedan desarrollar una serie de
estrategias de gestión integrada.
Marco general de la política de costas en España
Así como en pocos países del mundo ha existido una
titularidad o propiedad estatal en la costa, en España la
“ribera del mar” ha sido históricamente “dominio
público”, cuya titularidad estatal ha sido recogida por
la Constitución Española.
La calificación de una buena parte de la costa como
“dominio público” en la legislación española equivale
a someterla al régimen jurídico de mayor protección
posible, pues se la sustrae de toda posibilidad de
tráfico mercantil.
La Ley de Costas encomienda a la Administración del
Estado la gestión y tutela de todo el dominio público
marítimo-terrestre, que comprende una franja más
amplia que la estricta “ribera del mar”, tanto hacia
tierra como, sobre todo, hacia el mar.
Ante la inexistencia de organismos de competencia
estatal que pudieran llevar a cabo las políticas
necesarias para la protección de la costa, en otros
países, en los últimos años, se ha creado organismos o
instituciones estatales especializados en el tratamiento
del litoral. Es lo que ocurre en Francia con el
“Conservatorio del Litoral”, o en el Reino Unido con
el “National Trust”, mediante los que el Estado puede
hacerse con terrenos de singular valor en la costa para
someterlos a un régimen de especial protección y
desarrollo sostenible.
Es decir, en España se da la circunstancia de que en la
mayor parte de esa franja que genéricamente se
denomina “costa”, el Estado no sólo posee la
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 9
competencia de la gestión de la mayor parte de ese
territorio, sino que además ostenta su titularidad
demanial.
En la Ley de Costas se establece también la
competencia de la Administración del Estado para
realizar las obras necesarias para garantizar la
protección y restauración de la costa (que incluye la
creación, recuperación y regeneración de playas), así
como su libre uso público y gratuito (Artículo 111).
Este tipo de obras tienen la calificación de “interés
general”, y muchas veces afectan a más de una
Comunidad Autónoma.
Además, las competencias que tiene la Administración
del Estado sobre la costa son ejercidas a través de una
estructura administrativa con presencia en todo el
litoral español, como son los 23 Servicios Periféricos
de la Dirección General de Costas, encuadrada en el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Hacia la gestión integral de la costa
Los aspectos antes señalados permiten que en España
se pueda diseñar con relativa facilidad una auténtica
“política estatal de costas”, liderada por el Estado, de
acuerdo con los compromisos asumidos en la
Conferencia de Río.
La gran variedad de factores que pueden explicar la
acelerada degradación y regresión de la costa, no se
circunscriben al estricto ámbito en donde se
manifiestan estos fenómenos. Así pues, la prevención y
solución a este tipo de problemas no puede encontrarse
siempre (más bien casi nunca) en actuaciones directas
en el propio punto afectado.
Efectivamente, los grandes avances en la comprensión
de los fenómenos y leyes que gobiernan la dinámica
litoral y los procesos naturales que modelan la
morfología costera (en los que España ha contribuido
de forma destacada), exigen la contemplación de “la
costa” como un espacio amplio y complejo, cuyos
límites se extienden tierra adentro a lo largo de los
cauces, en donde nacen la mayor parte de los
materiales sueltos que integran la costa; y mar adentro,
en donde se generan las olas, que constituyen uno de
los más importantes agentes modeladores de la costa.
Asimismo, a lo largo del litoral, son los sectores
morfológicos costeros, y las unidades fisiográficas que
se agrupan en los mismos, los que establecen los
tramos en los que cualquier actuación puede afectar a
la estabilidad del sistema.
Además, desde hace ya algunos años es obligado tener
en cuenta los efectos de la subida del nivel medio del
mar, puesto que es un fenómeno incuestionable que
está siendo decisivo a la hora de plantearse cualquier
tipo de actuación en la costa, así como para la
ordenación del territorio litoral.
Por todo ello, no es posible una política eficaz para la
protección y mejora de la costa, si está limitada por la
artificiosidad con la que la división administrativa del
territorio fragmenta lo que la Naturaleza entiende
como una sola unidad.
Para dar una respuesta eficaz, consistente y homogénea
a los problemas de regresión de la costa española, es
necesario desarrollar una serie de estrategias de
actuación que sobrepasan ampliamente el ámbito de
una provincia o de una Comunidad Autónoma, y por lo
tanto cualquier política limitada por una división más
administrativa que física del litoral, siempre será
parcial, ineficaz e incapaz de dar respuesta a las serias
amenazas que existen sobre la costa.
Las competencias que el Estado posee en materia de
costas son ejercidas por el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA),
a través de la Dirección General de Costas, y, en las
materias de su competencia específica, por Puertos del
Estado, Marina Mercante, Ministerio de Industria,
Ministerio de Agricultura y Pesca, etc...
Desde hace ya más de diez años, estas competencias se
ejercen mediante una política de costas que se
desarrolla en torno a dos grandes ejes:
* Garantizar el libre acceso y uso público de la
costa por todos los ciudadanos.
* Trabajar por el mantenimiento, la mejora y la
recuperación de la integridad física y
paisajística de la costa, especialmente de sus
espacios más valiosos: las playas y sistemas
dunares litorales, las zonas húmedas bajas del
litoral, y los acantilados litorales.
Estos objetivos, aparentemente tan sencillos, llevan
aparejados una serie de actuaciones administrativas,
jurídicas y físicas, realmente complejas, pues tienen
que enmarcarse en un contexto y en un espacio en el
que las distintas Administraciones concurren con
competencias diferentes, y en el que existen poderosos
intereses privados que, hasta hace poco, han impuesto
sus criterios de ordenación, determinando la
configuración de la costa que tantas veces se ha
deplorado.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 10
Ante este panorama, resulta evidente que los
mecanismos de coordinación entre Administraciones
que la Ley de Costas establece, así como las estrictas
limitaciones legales que impone sobre las zonas de
servidumbre, constituyen unos mínimos, es decir, son
una condición necesaria, pero no suficiente, para que
en la costa se materialice una ordenación urbanística
realmente racional y respetuosa con el destino natural
del borde costero: su libre acceso y uso público, y el
mantenimiento de su integridad física, o su
recuperación en caso necesario.
Limitaciones de la actual estructura administrativa
La puesta en marcha de una política de costas
avanzada requiere una estructura administrativa capaz
de superar las limitaciones con las que ahora la
Dirección General de Costas ejerce las competencias
que la Ley le atribuye al Estado en materia de costas.
Estas limitaciones se manifiestan en la necesidad de
que exista una cierta Autoridad que pueda “tomar
decisiones efectivas” cuando existen competencias
sectoriales diferentes sobre un mismo espacio, e
intereses públicos importantes que dependen de una
decisión acertada.
Por otra parte, es evidente que la política que inspira a
la Ley de Costas, y que el Gobierno practica desde
hace más de diez años, se desarrolla en un ambiente de
alta e inmediata rentabilidad de las inversiones que se
realizan en el litoral, que es un espacio en donde los
agentes turísticos, inmobiliarios, etc..., se mueven con
una agilidad y rapidez sorprendentes.
Ante esta situación, parece necesario que la
Administración del Estado pueda moverse y operar en
todo el territorio litoral (incluso más allá del dominio
público) con la misma rapidez, agilidad y posibilidades
que la iniciativa privada, pues tiene la obligación legal
de ejercer las acciones necesarias para conservar,
proteger y mejorar la costa; y ostenta además la
titularidad de la mayor parte (la más valiosa) del
litoral.
En algunas ocasiones, por ejemplo, el encuadre
administrativo actual ha sido obstáculo para adquirir,
con la agilidad suficiente, terrenos para la protección
efectiva de la costa, o para la creación de reservas
terrestres de sedimentos adecuados para la
alimentación artificial de las playas.
Otras veces puede resultar conveniente adquirir
terrenos y realizar actuaciones sobre ellos, con el
objeto de promover y desarrollar una ocupación del
suelo que sea compatible con los criterios que
alimentan la actual política de costas del MOPTMA,
así como para la reubicación de asentamientos que
necesitan ser desplazados de la primera línea de costa.
Esto ocurre con muchas actuaciones conjuntas de
regeneración de playas y rehabilitación del borde
marítimo en núcleos urbanos. Y lo mismo ocurre en
otros muchos puntos de la costa española, en los que
las Administraciones Local y Autonómica se ven
desbordadas para tomar la iniciativa en operaciones tan
específicamente costeras. Su papel más apropiado es el
de proporcionar el marco jurídico-urbanístico en el que
deben insertarse las actuaciones integrales más propias
de la Administración Estatal de Costas.
Es difícil que este tipo de actuaciones sean
desarrolladas por la iniciativa privada, que buscará
siempre una rentabilidad más alta e inmediata, aunque
sea a costa de un cierto sacrificio ambiental. En el
mejor de las casos, lo más que puede esperarse muchas
veces es que se cumpla estrictamente la legislación
urbanística y la de costas, y ya se expuso que eso es
siempre una condición necesaria, pero puede no ser
suficiente para garantizar una adecuada calidad y el
mantenimiento de la integridad ambiental de la costa.
Hacia un nuevo marco organizativo para la gestión
integral de la costa
El planteamiento de la necesidad de un nuevo marco
organizativo para la gestión integral de la costa se
sustenta, pues, en los siguientes puntos de partida:
* Necesidad de una política integral en la costa.
* Titularidad estatal de la mayor parte del
litoral: mar territorial y aguas interiores
(incluso lecho y subsuelo), recursos
económicos de la zona económica y
plataforma continental, islotes, ribera del mar,
zonas húmedas bajas, acantilados litorales,
etc...
* Competencia para ejercer la gestión y tutela
de estos bienes.
Y los objetivos que una nueva estructura organizativa
podría cubrir serían los siguientes:
* Liderar la planificación y gestión integral en
el litoral, incluyendo en este concepto los
ámbitos territoriales y sectoriales que tienen
incidencia o interrelación directa con la
integridad y el uso público de la costa.
* Coordinar las distintas actuaciones que
inciden directamente sobre la costa.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 11
* Dotarse de los elementos necesarios para poder
ejercer eficazmente las competencias atribuidas
por la Ley al Estado en materia de costas,
incidiendo en la planificación y ordenación en el
litoral:
- Adquirir terrenos para constituir un
Patrimonio Litoral, con criterios de
protección y desarrollo similares al del
Patrimonio Forestal.
- Promover, con plena capacidad de actuación,
determinadas actuaciones respecto la
ordenación y usos de la franja costera, con el
objetivo de dotarla de los servicios y
equipamientos necesarios para los usuarios de
la costa, y propiciar en la práctica el
desarrollo de los esquemas de ordenación y
usos de la costa que inspira la Ley de Costas.
Todo ello mediante los instrumentos previstos en la
Ley del Suelo, y con absoluto respeto de las
competencias de los Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas, de forma similar a cómo
actúan otros organismos y entes públicos, como
GESTUR o SEPES, o la iniciativa privada.
No se trata, en ningún caso, de introducir
modificaciones en el reparto de competencias actual.
sino de que la Administración del Estado pueda jugar
un papel más activo, de liderazgo, en la planificación,
coordinación y gestión de todas las actividades que se
desarrollan en el litoral, y que puedan afectar
directamente a la integridad o al libre acceso y uso
público del borde costero.
La consecución de los objetivos señalados requiere la
constitución de un nuevo órgano, cuya denominación
podría ser “AGENCIA ESTATAL DEL LITORAL”,
“INSTITUTO NACIONAL DEL LITORAL”, u otras
similares, que debería caracterizarse por los aspectos
siguientes:
1) Encuadramiento en la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda, del
MOPTMA.
2) Ejercicio de la potestad administrativa en
materia de costas, reconocida por las leyes, y
determinadas sentencias del Tribunal
Constitucional, en favor de la Administración
del Estado.
3) Carácter de Organismo Autónomo de la
Administración del Estado, con personalidad
jurídica, patrimonio y presupuesto propios,
que debe gozar de autonomía y
responsabilidad plenas en su gestión y en el
cumplimiento de sus objetivos, o bien
cualquier otro modelo de organización
adecuado.
4) Financiación:
Con respecto a la financiación, es importante situarse
entre dos extremos poco deseables:
a) Alejamiento de la responsabilidad en la
gestión mediante una financiación con base en
“subvenciones”.
b) Alejamiento del cumplimiento de los
objetivos de tipo social y proteccionista del
medio natural de una política de costas
avanzada y progresista, al vincular en exceso
la gestión a la alta e inmediata rentabilidad de
las operaciones a desarrollar en el litoral.
Por eso se considera que un modelo de financiación
adecuado podría ser el de los “CONTRATOS
PROGRAMA”, que vinculan la financiación estatal al
cumplimiento estricto de determinados estándares y
objetivos previamente fijados, con plena
responsabilidad en su consecución.
De esta manera, los objetivos trazados podrían
conseguirse mediante la movilización de los siguientes
recursos:
* Presupuestos del Estado (CONTRATOS
PROGRAMA), en una cuantía en principio
equivalente al actual Programa de Actuación
en la Costa.
* Convenios con otras Administraciones, o con
Entidades Públicas y Privadas.
* Enajenaciones.
* Operaciones crediticias.
* Ingresos por actividades.
* Subvenciones, auxilios, donaciones.
* Ingresos derivados de la gestión del dominio
público marítimo-terrestre: cánones, tasas,
sanciones, indemnizaciones, etc...
5) Estructura territorial con presencia en todas las
provincias costeras de España.
Las funciones de coordinación y liderazgo en la
planificación y gestión integral en el litoral, podrían
ejercerse mediante la constitución de unos "CONSEJOS
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ASESORES”.
Las funciones de estos “Consejos” no deberían limitar
las competencias existentes en las diversas materias,
sino que se constituirían en los foros de discusión
colectiva de los distintos planes y actuaciones
sectoriales que pueden afectar a la costa, y que
permitirán tomar a las distintas Administraciones sus
decisiones de una forma más coordinada y acertada, al
tener en cuenta las diferentes competencias y
afecciones de las acciones que se plantean en el litoral.
Incluso podrían proponer soluciones a situaciones
conflictivas para que por parte de los órganos
responsables de dictar Resoluciones, se dictaran éstas
de forma coordinada. Al mismo tiempo, podrían
proponer y fomentar usos diferentes y compatibles en
tramos concretos del litoral, así como concretar los
estándares para los que, en su caso, las normas legales
dejen un margen para su fijación precisa.
En esta línea, podría constituirse un “CONSEJO
ESTATAL DEL LITORAL”, y unos “CONSEJOS
PROVINCIALES DEL LITORAL”, en los que pueden
discutirse, entre otras cuestiones, los propios
programas de obras y actuaciones del Órgano del
Litoral, sus presupuestos, expropiaciones,
adquisiciones, enajenaciones, etc...
El “Consejo Estatal” podría estar integrado, entre
otros, por los organismos e instituciones: que tengan o
puedan tener una estrecha relación con la costa, tal
como las diversas Direcciones Generales del
MOPTMA, Puertos del Estado, otros ministerios
(Turismo, Pesca, etc...), las Comunidades Autónomas,
FEMP, ONG, etc...
En los “Consejos Provinciales” deberían estar
representados las Consejerías de Medio Ambiente,
Política Territorial, Obras Públicas, Pesca y Turismo,
de las Comunidades Autónomas litorales, municipios
costeros, ONG, representación periférica de los
Ministerios afectados, etc...
HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA
TERRITORIAL PARA LA COSTA
Programa de actuaciones en la costa del
MOPTMA: El Plan de Costas 93-97
El Programa de Actuaciones en la Costa, de la
Dirección General de Costas, es el programa
presupuestario anual mediante el que se ejecutan las
previsiones del Plan de Costas.
El Plan de Costas tiene, a grandes rasgos, los
siguientes objetivos inmediatos:
- Corregir aquellas situaciones que están
impidiendo o limitando una utilización
racional y pública del litoral.
- Regenerar o rehabilitar aquellos
espacios que han sido degradados,
principalmente las playas.
- Promover actuaciones que mejoren la
calidad ambiental de la costa, tanto
desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo, con el objeto de aumentar y
mejorar la oferta de estos espacios tan
apetecidos.
- Desarrollar actuaciones preventivas y
protectoras para controlar los procesos de
erosión y degradación de la costa, tanto
los debidos a causas naturales o no
controlables (entre los que hay que
empezar a contar con la subida del nivel
del mar), como los originados por la
acción directa del hombre.
La consecución de dichos objetivos se estructura
mediante tres subprogramas de actuación:
Mejora, ampliación y regeneración de playas y
otros espacios litorales.
Se persigue el objetivo de ampliar y mejorar la
superficie disponible de las playas existentes,
realizando las obras adecuadas, preferentemente
mediante soluciones de “tecnología blanda” o de bajo
impacto, como la aportación de arena y la
construcción, en su caso, de diques semisumergidos.
También se contempla la creación de nuevas playas y
la regeneración de aquellas que se han visto sometidas
a un proceso de degradación o regresión debido a
causas naturales o inducidas directamente por el
hombre.
En los tramos rocosos o escarpados, el objetivo es
mejorar sus condiciones de uso mediante el
acondicionamiento de zonas de reposo y
esparcimiento, y facilitar el contacto con el agua a los
usuarios de la costa.
Por otra parte, se trata también de la regeneración de
otros tramos de costa en proceso de regresión, así
como de la recuperación de espacios litorales de cierto
valor ambiental que se hayan visto degradados, como
pueden ser sistemas dunares, marismas, saladares, y
otras zonas húmedas bajas, acantilados, rasas costeras,
etc...
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
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Rehabilitación del borde marítimo y defensa de
costas.
El objetivo es la rehabilitación del borde marítimo en
los tramos urbanizados de la costa, lo que normalmente
se alcanza a través de la realización de paseos
marítimos, parques litorales y otras actuaciones
similares de acondicionamiento del borde costero, con
las que se persigue lo siguiente:
- Contención de la presión urbanística.
- Eliminación de edificaciones o usos abusivos
o perjudiciales sobre el dominio público y sus
zonas de servidumbre, sustituyéndolos, en su
caso, por usos e instalaciones articulados
alrededor del paseo marítimo y en
condiciones acordes con la legislación de
costas.
- Hacer efectivas las servidumbres de
tránsito y de acceso al mar, y, en su caso,
recuperarlas si no lo fueran.
- Proporcionar un tratamiento adecuado al
borde marítimo, de modo que no
provoque efectos perjudiciales sobre las
playas.
- Rehabilitación de la fachada marítima de
las poblaciones costeras, con objeto de
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de su entorno.
La consecución de estos objetivos requiere, en muchos
casos, una actuación urbanística simultánea de los
órganos competentes.
Por otra parte, en aquellos tramos que puedan estar
sometidos en el futuro a la acción directa del mar, el
objetivo también incluye la ejecución de las obras de
defensa necesarias.
Accesibilidad a las playas y a la ribera del mar.
Se trata de la realización de aquellas actuaciones en los
tramos no urbanizados del litoral, que hagan efectiva la
servidumbre de acceso al mar, así como para el
equipamiento y acondicionamiento del entorno de la
ribera del mar con vistas al usuario de la costa.
Las actuaciones en la costa como solución
transitoria
Es importante resaltar que la política actual de
actuaciones en la costa no puede dejar de considerarse
como un conjunto de acciones puntuales cuyo objetivo
se limita a poner un remedio circunstancial al grave
deterioro sufrido por la costa, bien debido a la agresión
de las acciones humanas que sobre el litoral se han
desarrollado, o bien por los fenómenos de regresión
costera originados por la disminución de aportes
sedimentarios a la costa, y por la subida del nivel
medio del mar en todo el planeta.
Este conjunto de actuaciones pretende que la costa
pueda recuperar, en parte, su primitiva naturaleza, y
mejorar sus condiciones para que pueda ser disfrutada
por todos.
Estos objetivos serán difícilmente alcanzados si sólo se
realizaran “obras”, por adecuadas que estas fueran,
pues lo más importante es desarrollar una serie de
actuaciones territoriales que vayan configurando una
ordenación más racional de la costa, acorde con la
intensa demanda de uso que padece, y con las
exigencias que los procesos erosivos del mar le
imponen.
Por eso es necesario que la política de actuaciones en
la costa vaya íntimamente unida a una política de
gestión urbanística, o sea, territorial, dirigida hacia un
horizonte más lejano en el que amplias zonas litorales
de España va a estar sometida a la acción destructora
del mar.
Una nueva política territorial
En este sentido, nuestra sociedad debe interiorizar que
la única solución a medio y largo plazo para la costa
española sólo puede encontrarse a través de una
auténtica política territorial con respecto a la franja
litoral, que debe empezar a sentar sus bases desde
ahora mismo, si se pretende realmente tener una costa
en las condiciones adecuadas dentro de unas décadas.
Si se pudiera realizar una reconstrucción del proceso
que llevó a la degradación de una buena parte de la
costa española, la secuencia podría ser la que ilustran
los siguientes gráficos esquemáticos.
En la situación original, los primitivos núcleos urbanos
estaban suficientemente alejados del borde del mar, de
modo que la costa conservaba sus “estructuras”
naturales de defensa, principalmente las playas y zonas
de dunas.
Durante los años 60 y 70, se destruyeron muchas zonas
de playa, especialmente los cordones dunares, y la
urbanización se extendió sobre dichas zonas hasta el
mismo borde del mar.
Paradójicamente, a pesar de que el foco de atracción de
este proceso urbanizador fueron las playas, son estas
las que primero sufrieron los efectos devastadores de
este modelo de ocupación del suelo litoral.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 14
Figuras 1 y 2
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
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Figuras 3 y 4
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 16
Figura 5
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 17
Así, en muchas zonas, todos hemos podido comprobar
cómo las playas han ido desapareciendo, y cómo
apenas queda ya espacio para que los habitantes de
multitud de núcleos costeros puedan disfrutar del
contacto físico con el mar por el que se sintieron
atraídos.
Muchas veces, la desaparición de las playas ha llegado
a tal extremo que el mar daña directamente las propias
edificaciones o las infraestructuras situadas en su orilla
(aceras, paseos marítimos, calles, carreteras, etc...), por
lo que resulta frecuente ver en estas zonas todo tipo de
estructuras artificiales de defensa, como diques de
protección de escollera, muros de hormigón, etc...
Este tipo de estructuras tuvieron un alto coste de
realización, pero ahora exigen también un alto coste de
reposición y mantenimiento, pues hay que tener en
cuenta que se han tenido que construir precisamente en
aquellos tramos de costa sometidos a un fuerte proceso
de erosión.
Al mismo tiempo, las edificaciones levantadas (que
muchas veces no tienen una adecuada calidad de
construcción porque fueron fruto de un feroz proceso
especulativo) están en una fase de deterioro apreciable,
no sólo porque muchas de ellas están llegando a su
período de obsolescencia, sino porque están sometidas
a las agresivas condiciones del borde marítimo.
Hay que tener en cuenta que en estos momentos la
mayor parte de las edificaciones levantadas de forma
inadecuada junto al mismo borde del mar durante los
años 60 y 70, están necesitadas de importantes
inversiones de mantenimiento, reparación y adaptación
para acoger a un público cada más exigente.
Por todo ello, a los costes de reposición de las
estructuras marítimas en estas zonas, hay que sumar
los correspondientes a las edificaciones que es
necesario rehabilitar, reformar, remodelar, o incluso
reconstruir, a partir de estos momentos.
Ante la misma situación descrita, una opción más
blanda de tratamiento del borde marítimo, puede
consistir en intentar recuperar el medio natural en la
medida de lo posible (especialmente las playas, pues
constituyen el polo de atracción de la urbanización
litoral), utilizando para ello las técnicas más avanzadas
de la Ingeniería de Costas.
También esta opción presenta unos altos costes de
realización, y exigen a su vez unos gastos de
reposición y mantenimiento a lo largo del tiempo, que
normalmente son sustancialmente inferiores a los que
exigen las defensas de tipo rígido.
La principal ventaja que tiene la reconstrucción de las
zonas de playa, aparte de las económicas de las obras
en sí, y de las funcionales como sistema de defensa
más eficaz frente a la acción del mar, es que se
recupera un espacio de gran valor ambiental y
socioeconómico, que fue en su día el auténtico polo de
atracción del desarrollo urbanístico circundante.
En líneas generales, puede decirse que las actuaciones
que ahora está desarrollando el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en la costa se
corresponden con este último esquema, y por eso hay
que reconocer que se trata de soluciones eficaces a
corto plazo, que tratan de resolver un problema muy
grave al que está sometido la costa española, y no sólo
un problema físico y ambiental, sino socioeconómico,
pues no en vano el litoral constituye un lugar
demandado y apetecido por la población española para
sus momentos de ocio y descanso y es también el
soporte de una de las principales industrias de nuestro
país: el turismo.
Por todo ello, es el momento de comenzar a plantearse
una opción con mayores perspectivas de futuro, sobre
todo si se tiene en cuenta que todas las zonas litorales
del mundo se encuentran amenazadas por un proceso
de erosión que está permanentemente alimentado por
la indudable elevación del nivel medio del mar.
Esta opción debe tener, evidentemente, un contenido
más territorial y de gestión, que de infraestructuras, si
bien hay que reconocer que su materialización requiere
una inteligente puesta en escena de las más avanzadas
y novedosas tecnologías de la Ingeniería del Litoral,
para dar a cada tramo de costa el tratamiento que su
naturaleza requiere, en función de las acciones
externas a que está sometido, y al tipo de utilización
que se le demanda.
Esta política territorial, cuyo objetivo principal sería
intentar recuperar el primitivo perfil natural de la costa,
debe estar basada en tres ideas principales:
1) Impedir a partir de ahora, e inmediatamente,
cualquier tipo de nuevas construcciones (o la
reconstrucción de antiguas edificaciones) en
la franja litoral que está directamente afectada
por los procesos litorales derivados de la
previsible subida del nivel medio del mar.
2) Promover todo tipo de medidas e incentivos
urbanísticos, fiscales y financieros para
reconducir las inversiones públicas y privadas
en dicha franja hacia terrenos situados más al
interior.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA COSTA
Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. Extraordinario (Abril 1995) p. 18
Se trata de evitar que en las edificaciones
irracionalmente situadas junto al mismo borde del mar,
y construidas durante la época dorada del
desarrollismo urbanístico en la costa, se realicen
nuevas inversiones de reposición, remozamiento,
remodelación, conservación o reconstrucción, etc...,
cuando hayan llegado a su período de obsolescencia.
En este sentido, habría que considerar la
posibilidad de imponer obstáculos disuasorios
para dicho tipo de inversiones, que pueden ser de
tipo urbanístico, financiero, fiscal, etc..., al tiempo
que se prima la reconducción de las inversiones
hacia terrenos situados más al interior.
En este supuesto, cualquier actuación costera
posterior, destinada a la recuperación o al
mantenimiento de la línea de costa, podría tener un
valor muy inferior al que tendría si se tratara de
una actuación que se adentrara en el mar, pues se
trataría de una actuación a desarrollar
prácticamente en tierra, cuyos costes de
realización son moderados, y los de
mantenimiento muy bajos.
3) Promover un acondicionamiento y
equipamiento de la ribera del mar y su
entorno inmediato, para convertirla realmente
en un espacio natural de libertad para disfrute
de todos los ciudadanos, al tiempo que pueda
jugar el papel que le corresponde de cara a
contener, o servir de “colchón”, al proceso
regresivo que sufre la costa.
En este epígrafe es donde podrían entrar las
actuaciones correspondientes al Plan de Costas,
que en una primera fase (en la que ahora nos
encontramos) tendrían un carácter de remedio
ocasional, o de solución transitoria, y luego ya
podrían convertirse en actuaciones más estables
para garantizar un cierto control de la calidad
física de la configuración física de la costa.
Este planteamiento daría lugar a una nueva manera de
entender y hacer el urbanismo litoral.
En efecto, no se trata de que el planteamiento vaya
consolidando los errores urbanísticos del pasado, sino
que con la mirada puesta en el futuro, vaya
estableciendo las condiciones objetivas y materiales
para que, en un horizonte temporal no muy lejano, la
costa tenga una configuración física distinta, más
despejada y, por lo tanto, mejor preparada para
reaccionar ante los procesos erosivos que sufre, y
mejor acondicionada para que pueda ser disfrutada por
todos en condiciones adecuadas.
Afortunadamente, la legislación española del suelo
ofrece amplias posibilidades para que, junto con la
legislación de costas, se pueda desarrollar una nueva
estrategia territorial en el litoral, basada sobre todo en
medidas urbanísticas, fiscales y financieras, positivas y
negativas, que permitan ir reconstruyendo hacia atrás
el penoso proceso de ocupación y destrucción sufrido
por la costa durante los años del desarrollismo
urbanístico salvaje.