Articulo Frankfurter Allgemeine Zeitung 11 de noviembre 2008
Y te quedas sin tu casa
El gobierno español expropia propiedades en la playa. Esto afecta también a muchos propietarios alemanes.
De Leo Wieland
El Saler, en noviembre, Manfred Stier, tiene motivo para temer, que un día no muy lejano llame a la puerta de su hotel de 5 estrellas en Valencia la empresa de demolición. El hotelero alemán que gerenta su hotel desde hace más de un cuarto de siglo en el parque natural y que también participó en la recuperación de las dunas entre la playa y el muro de su jardín, de pronto por decisión de las autoridades ha construido demasiado cerca del agua.
La carta del Ministerio de Medio Ambiente que recibió el 4 de julio, cayó como un rayo. En esta se enteró el Presidente del Grupo Sidi que la propiedad en El Saler que fue adquirida legalmente, inscrita en el Registro y abonado los impuestos, ahora estaría sobre suelo oficial y pertenecería al estado. Este en baso a la ley de costas de 1988 ha trazado una nueva línea de separación entre lo publico y lo privado. Si antes esta pasaba por delante del hotel, ahora pasa por detrás.
A un tiro de piedra de este oasis de lujo plantada de palmeras se encuentra la pequeña urbanización La Casbash. Allí hay unas 80 casas nada ostentosas que pertenecen a ciudadanos de clase media españoles y extranjeros, si excluimos un rico jugador de fútbol y un profesor de Harvard. Porque también todos ellos están afectados por la inesperada redefinición de su propiedad a suelo oficial. Una de ellos es la profesora de lengua francesa Martine Lavergne y su marido español Juan Miguel Terradez así como el Ingeniero Clifford Carter, pensionista británico y su mujer española María José Ruiz Giner, de sus padres heredó la pareja esta bonita Finca.
A poca distancia de la Casbah se encuentra un Parador Nacional – así se llaman los hoteles del estado casi siempre ubicados en edificios históricos- que en su día se construyó más cerca del agua que el Hotel de la compañía comanditaria alemana. Su director, sin embargo, no recibió ninguna carta de expropiación del Ministerio de Medio Ambiente, sino que después de la mediación del Ministerio de Turismo únicamente la comunicación de que en este caso, la línea de delimitación se había trazado alrededor del Parado, así que todo se quedaba como estaba. Esto realmente no hubiera sido necesario ya que los Paradores de todas formas pertenecen al estado.
¿Que pasa en las playas españolas? ¿Porque temen de repente por sus casas propietarios españoles y extranjeros, desde la Costa Brava hasta la costa atlántica, excluyendo Portugal, y desde las Baleares hasta Canarias? Porque en algunos casos espectaculares las maquinas de derribo ya han venido y ha aplastado aquí un Restaurante, allí un chalet o simplemente una choza? ¿Se han convertido los militantes verdes del gobierno de Madrid y de la justicia después de décadas de enladrillar de forma salvaje y rentable la vista al mar, de la noche a la mañana en poseídos?
No del todo, porque detrás de la ley de costas hay muchas buenas intenciones. En el fondo se trata de algo encomiable: el acceso libre de todos a todas las playas, la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos ante el aumento del nivel del mar debido al cambio climático y que simplemente inunde las propiedades de los que allí habitan. No hay mucho de alegar en contra de esto.
Las dudas y protestas en cambio se dirigen contra los métodos con los que se imponen de forma selectiva estas reglas que no están claramente definidas, y las preguntas ¿se puede aplicar una ley de forma retroactiva? ¿Se puede expropiar sin una indemnización adecuada? ¿Donde está la seguridad jurídica? Y además se añaden algunas otras preguntas por una posible “agenda secreta” de los políticos, cuando el estado se reserva el derecho de dado el caso construir sobre la franja nuevas urbanizaciones o cualquier otra cosa.
En la España de los escándalos en la construcción, la especulación, la corrupción entre los políticos locales de todos los colores y en todas las regiones así como la burbuja inmobiliaria que acaba de estallar, no todo el mundo entiende que detrás de las nobles metas de la ley de costas se escondan únicamente motivos de índole humanitarios y naturales. Los propietarios, que con cariño y empeño han cultivado sus jardines y ayudado a mantener la playa limpia y accesible, no están muy convencidos.
Mientras tanto han creado una plataforma civil de protesta que cuenta ya con 20.000 propietarios confusos y enfadados. A lo largo de los 7880 kilómetros de costa española, de la cual un cuarto son playas, se añadirán muchas más en cuanto den comienzo los nuevos trazados de los límites. Las estimaciones llegan hasta medio millón de familias – 85% españoles y el resto extranjeros venidos sobre todos del lluvioso norte de Europa. Los más afectados son los ciudadanos británicos lo que ha motivado la presión sobre el gobierno de Londres y la diplomacia. Una “ola alemana” podría seguir, porque el caso del urbanista de Darmstadt Thomas Müller cuya propiedad en La Gomera fue convertida en un centro cultural, la casa adosada de Nordhild Köhler de Wiesbaden en Formentera o la casa de Gabriele Schmid de Frankfurt en el último pueblo de pescadores ya no son casos individuales amenazados.
Como los países socios europeos se mueven sobre un filo fino entre la representación de los intereses de sus ciudadanos y la no intervención en los asuntos internos de España, sus intervenciones hasta el momento se han mantenido dentro de un marco más o menos discreto.
La plataforma de los afectados por lo tanto ha puesto sus ojos en Bruselas, se ha quejado ante la comisión europea y hace poco ha entregado con éxito una petición al Parlamento Europeo en Estrasburgo. En España se dirigieron al defensor del pueblo y a los ministerios responsables del gobierno socialista del Presidente José Luís Rodríguez Zapatero. Desde que llegó a la Moncloa y desde que Cristina Narbona, ministra de medio ambiente de ideología verde en la primera legislatura –ya no forma parte del gabinete- se hizo cargo del asunto, después de años tranquilos, le ha dado un nuevo empuje a la realización de la ley de costas.
Esta en los puntos cruciales está formulada de forma equivoca. En el futuro deberá existir una franja costera de 500 metros de ancho con tres zonas protegidas diferenciadas. La disputa es por la primera “la zona de playa estatal”. La frontera se debe trazar por donde, pasando por la arena y las dunas, llegarían las olas en una marea o durante una tormenta. Este hecho da mucho juego a los inspectores del ministerio y a los encargados locales de trazar nuevas fronteras entre lo que es el nivel del agua en una tormenta de verano y un tsunami. Y si la erosión causada por la ampliación del puerto de Valencia se ha “comido” en pocos años la vieja playa delante de la Casbah, sus habitantes sin comerlo ni beberlo se queda en calzoncillos.
Ahora no siempre y en todos los sitios se expropia. La ley mas bien prevé
una solución interina para aquellos propietarios cuyas casas son legales – otra cosas para los que están en una zona ilegal gris- pueden pedir dentro del deslinde una concesión de vivir 30 años en la casa incluso quizás conseguir una prolongación. Pero no pueden vender sus casas ni tampoco heredarlas. No pueden modificar constructivamente nada ni tampoco renovar la casa sin un permiso excepcional. Y si la propiedad un día se tiene que derribar hay
una cosa clara que no existe indemnización. El pago de indemnizaciones en tales dimensiones el estado español no se lo puede permitir porque superávit de los presupuestos del estado se han fundido con la crisis económica.
Al hotelero Stier le recuerda este procedimiento a un Leviatán estatal (bestia marina o criatura mitológica-bíblica), que dice a un propietario de coches “Todavía puedes conducir tu coche algún rato y puedes repostar, pero no repararlo ni venderlo. Y un día de estos te vamos a quitar el coche”. Estas perspectivas han llevado al abogado José Ortega de Valencia a defender la plataforma de protesta y a subirse a las barricadas. Este hombre pensativo, no tiene nada contra la ley de costas, pero todo en contra de su aplicación fraudulenta y debido a su empeño se ha convertido en el enemigo más querido de los tribunales nacionales y de los tribunales regionales. A pesar de ciertos éxitos en correcciones de los deslindes continua Madrid sin inmutarse, diciendo “la ley es la ley”. También el Tribunal Constitucional español mantiene en pie el contenido de los textos de la ley.
La semana pasada Ortega, quien se enfadó vehementemente porque las victimas han sido personas socialmente débiles que no podían pagar un abogado, tuvo una cita con el Ministerio de Media Ambiente, con su directora general de la conversación de la costa Alicia Paz Antolin y el secretario general de la mar Carlos Martín Fragueiro. A continuación Ortega tenia el presentimiento de haber dado algunas sugerencias que han dado de pensar a estos señores. Pero de momento solo se quedó en una declaración de intención de dialogo. Sin embargo, los propietarios de casas en Valencia confían en la comprensión activa Vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega cuya circunscripción electoral es Valencia, aunque en las últimas elecciones no se puede decir que haya acabado brillantemente. En otros lugares los Ayuntamientos apoyan la propiedad y estancia de sus ciudadanos.
El que se pasea en un tranquilo sábado por la mañana por la Casbah oye alemanes y holandeses comentar su situación kafkiana y los ingleses hablan de la pesadilla orwelliana. Mientras su mujer hojea albúmenes familiares con las fotos de sus hijos “desheredados” de las vacaciones de verano, Clifford Carter habla sobre el principio del fútbol, que no se pueden cambiar las reglas en mitad del juego y cambiar los postes de la portería. Pero no se trata de un sentimiento de injusticia subjetivo sino más bien de las consecuencias de una “ley de apisonadora” que probablemente aun se debe corregir.
Un vecino de los Carters por ejemplo, sin saber nada y atendiendo a todas las normas, registros de la propiedad, impuestos y tasas, compró hace un año su casa en la Casbah por 600.000 euros. Cuando su banco azotado por la crisis económica se enteró que había recibido una de las temidas cartas del estado, inmediatamente le han anulado la hipoteca. Ahora él, aunque está a una distancia considerable de la playa, económicamente está el agua al cuello. Ahora se pregunta el hombre si el propietario anterior posiblemente había oído campanas a tiempo.
